La investigación judicial contra el presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, sumó en los últimos días un nuevo episodio en la puja por la competencia entre la justicia nacional y la porteña. El trasfondo: dos expedientes paralelos por un mismo eje de sospechas: coimas para fichar a un juvenil y presuntas irregularidades en el uso de fondos del club. Y un entramado de decisiones cruzadas que, por ahora, mantiene en suspenso la indagatoria del dirigente. En el último capítulo se habla hasta de “forum shopping”.
Todo se remonta a mediados de junio, cuando la jueza Laura Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº27, citó a Moretti para que se presentara a indagatoria en el marco de la causa impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro.
El llamado fue consecuencia de la difusión de una cámara oculta emitida por el programa Telenueve Denuncia de Canal 9, donde se registraba una conversación que apuntaba a un presunto pedido de dinero para asegurar la incorporación de un menor a las divisiones inferiores del club.
Sin embargo, apenas seis días después de emitida la citación, la propia magistrada dejó sin efecto la audiencia mediante una resolución en la que explicitó el conflicto de competencia surgido con otro expediente en trámite ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que investiga los mismos hechos.
La causa porteña, instruida por el fiscal Maximiliano Vence, se activó tras conocerse el material periodístico. En ese contexto, el funcionario realizó una serie de medidas, entre ellas allanamientos al domicilio particular de Moretti y a las oficinas del club, además de disponer su citación para este martes.
Entre los elementos reunidos en ese expediente figuran teléfonos celulares y documentación vinculada a movimientos administrativos de la institución azulgrana.
La decisión de Bruniard se produjo luego de un escrito presentado por el abogado defensor de Moretti, Gastón Marano, en el que se planteó que ambos expedientes abordan los mismos hechos, lo que podría derivar —advirtió— en un conflicto con el principio de ne bis in idem, es decir, la prohibición de la doble persecución penal.
Al hacer lugar al planteo, la jueza sostuvo: “Se deduce que existen coincidencias en torno a uno de los acontecimientos que se han llevado a juzgamiento en ambas sedes… Es cierto que la situación podría derivar en eventuales planteos vinculados al debido ejercicio de la defensa en juicio, el debido proceso, e incluso, entre otros, en la invocación de una violación a la prohibición de la doble persecución penal”, según consta en la resolución.
A renglón seguido, la magistrada explicó que “resulta prudente definir, previo a todo acto, la cuestión que se ha suscitado a propósito del interrogante que se propone en torno a la competencia material, asunto que ha sido invocado oportunamente por el defensor y ya ha sido objeto de un pronunciamiento por parte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad”.
Este martes, Cuñarro presentó un dictamen en el que se opuso formalmente al pedido de inhibitoria formulado por la justicia porteña. La fiscal sostuvo que corresponde al fuero nacional mantener la competencia y solicitó que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4 de la Ciudad el que se aparte del expediente.
En su presentación, Cuñarro advirtió que el tipo penal investigado —defraudación por administración infiel— no fue transferido a la justicia local en ninguno de los convenios interjurisdiccionales vigentes, y remarcó que “la competencia ordinaria en la Ciudad sigue siendo nacional hasta que la norma de transferencia disponga lo contrario”.
En ese sentido, apuntó que la causa tramitada a nivel nacional ya contaba con un objeto procesal delimitado, con citación a indagatoria dispuesta, mientras que en la justicia porteña, al momento del planteo de inhibitoria —18 de junio—, no se había formalizado aún imputación alguna.
Además, la fiscal cuestionó la actuación del fiscal Vence, al advertir lo que describió como una coordinación entre la defensa y la fiscalía contravencional para frenar la audiencia indagatoria fijada por el juzgado nacional. Según el dictamen, esa maniobra configuraría una situación de forum shopping, orientada a provocar un desplazamiento indebido del expediente con el objetivo de modificar el escenario jurisdiccional.
“No puede permitirse que una estrategia procesal como la descrita en el presente dictamen […] siente un precedente de validación”, sostuvo Cuñarro al finalizar su presentación, donde también dejó planteada la cuestión federal para el eventual caso de que las instancias ordinarias no hicieran lugar al planteo. Bajo ese encuadre, solicitó que se ratifique la competencia del fuero nacional y se continúe con la investigación penal en curso.
El caso
El núcleo de la acusación en ambas causas gira en torno al presunto cobro de 25 mil dólares para asegurar la incorporación de un juvenil al club, hijo de una empresaria platense, quien fue citada y declaró en el expediente impulsado por Cuñarro.
Según indicó, sus palabras en el video se trataban de una broma y no involucraban directamente al titular del club. La fiscal, sin embargo, promovió la imputación tras recibir —entre otras pruebas— documentación provista por la AFA, que el 29 de mayo informó que el joven en cuestión fue inscripto a favor del club en la Categoría Sexta el 24 de julio de 2024, sin que se hayan registrado posteriores movimientos.
Por otro lado, tanto Cuñarro como Vence pusieron la lupa sobre otra operación: la contratación unilateral de un vuelo charter y alojamiento por 220.000 dólares con el objetivo de trasladar a jugadores y simpatizantes a Ecuador, una medida que —según advirtió una fuente del caso— fue ejecutada sin autorización de los órganos de control del club. En la práctica, se trataría de lo que algunos denominaron un “vuelo barra”.
El expediente originado en la órbita nacional fue impulsado a partir de la denuncia presentada por el abogado y dirigente opositor César Francis, quien apuntó directamente contra Moretti. Cuñarro, a su vez, destacó que la causa iniciada por Vence se activó de oficio, sin sorteo, tras la difusión de las imágenes.
“Dicho expediente, iniciado a instancias del doctor Vence, continuó su trámite ante la Fiscalía a su cargo, al parecer sin haber sido sorteado”, remarcó la fiscal.
