El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó ante la Justicia un Amicus Curiae en el expediente CFP574/2025, conocido como “caso $Libra”, con el objetivo de aportar elementos jurídicos que permitan esclarecer la eventual responsabilidad penal del presidente Javier Milei.
El caso se centra en una publicación realizada el 14 de febrero de 2025 desde la cuenta verificada del mandatario en la red social X (@JMilei), en la que promovió el proyecto cripto “Viva La Libertad Project”, vinculado a la compra y venta del token $LIBRA. La difusión del mensaje provocó una suba abrupta del valor del criptoactivo, que pasó de cotizar $0,10 a $4,50 en pocas horas, generando sospechas sobre una posible maniobra especulativa.
El CIPCE considera que este hecho podría encuadrarse en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, tipificado en el artículo 256 del Código Penal. En su presentación, remarcan que Milei utilizó una cuenta institucional verificada con el “tilde gris”, que lo identifica como funcionario público, lo cual implica una responsabilidad institucional y no meramente personal.
“La cuenta del Presidente no puede ser utilizada para promover intereses privados. Esa conducta viola el principio de imparcialidad exigido por la Ley de Ética en la Función Pública”, señala el documento presentado por la organización, especializada en delitos económicos desde 2003.
Desde el CIPCE advierten que este tipo de conductas comprometen gravemente la transparencia de la función pública y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. “La promoción de un negocio privado sin sustento en una política pública atenta contra la legitimidad del rol presidencial”, indicaron.
El centro también solicitó a la Justicia que se cite al Presidente a prestar declaración indagatoria y que se abra una causa penal independiente para investigar estos hechos con el rigor que exige el derecho penal y el funcionamiento republicano.
“La transparencia en el ejercicio del poder es un pilar del Estado de Derecho. Ningún funcionario, sin importar su jerarquía, está por encima de la ley”, advirtieron desde el CIPCE, que en los últimos años ha intervenido en causas relevantes de corrupción pública y lavado de activos.
Por último, el organismo llamó a la Justicia a actuar con celeridad y determinación para evitar que este tipo de prácticas queden impunes y se conviertan en una peligrosa norma. “Promover intereses privados desde el poder no solo es inmoral, puede ser un delito y debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, concluyeron.
