“Las fotos de los allanamientos en la Provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”. Con esta afirmación, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, intensificó la disputa pública entre el gobierno provincial y la empresa Mercado Libre tras el anuncio de la plataforma de diferenciar la carga impositiva provincial y nacional en sus servicios de compra-venta y pagos digitales.
La controversia se desató el martes, cuando Mercado Libre comunicó que, a partir del 8 de julio, su plataforma y la aplicación Mercado Pago mostrarán de forma discriminada los impuestos nacionales y provinciales en cada transacción.
El objetivo es transparentar la carga impositiva de cada jurisdicción. Se trata de un tributo ampliamente criticado por comercios y empresas por las distorsiones y encarecimiento de precios que genera.
Según la empresa, esta medida responde a las crecientes diferencias en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias, lo que genera que los cargos por vender en la plataforma ya no sean uniformes en todo el país.
“Hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva”, explicó la compañía en su comunicado.
La decisión implica que, en la práctica, los costos para vendedores podrían disminuir en provincias como Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa o Santiago del Estero, mientras que aumentarían en jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe o Jujuy, donde los gravámenes de Ingresos Brutos superan el promedio nacional.
Las provincias aplican alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de entre 3% y 9% a los servicios financieros que se ofrecen en sus jurisdicciones. Este tributo impacta en cada comisión cobrada por las billeteras virtuales y, en algunos casos, por los bancos, lo que encarece las operaciones formales y dificulta la reducción del uso de efectivo en las economías locales.
Santa Fe registra la tasa más alta, con 9%, seguida por Jujuy (7%) y Córdoba (6,75%). En ciertos distritos, la carga de Ingresos Brutos puede llevar a que estas empresas trabajen con márgenes negativos. El negocio fintech depende de gran escala y márgenes reducidos, por lo que una presión impositiva excesiva puede comprometer su continuidad.
Mercado Libre calificó este tributo como “un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización y genera mayores costos”.
Horas después del anuncio, Pablo Olivares rechazó la versión de la empresa y atribuyó la medida a una represalia. El funcionario sostuvo que la Gobernación exigió a la firma de Marcos Galperín mayores controles en la concesión de dispositivos Point, argumentando que parte de los sistemas de la empresa terminan involucrados en actividades ilícitas.
“Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line”, afirmó Olivares, quien acusó a la empresa de buscar “falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios”.
En una publicación en la red social X, el ministro profundizó su postura: “Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos Point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point de Mercado Pago”.
Olivares remarcó la paradoja de que, mientras Mercado Libre facilita indirectamente transacciones vinculadas al narcotráfico, el Estado provincial debe destinar recursos provenientes de Ingresos Brutos para financiar políticas de seguridad y el accionar policial contra esas mismas actividades ilícitas.
