La Gendarmería Nacional cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo pasado, donde resultó gravemente herido el reportero gráfico Pablo Grillo.
El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones ya que el informe interno de Gendarmería se cerró sin reproches disciplinarios.
Para la familia Grillo, que es querellante en la causa judicial, el análisis del expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.
“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes.
El sumario administrativo
El 17 de marzo, cinco días después de la represión, en medio de la presión social y mediática por lo ocurrido, el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, ordenó iniciar la Información Administrativa N° 01/25 para “corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del Destacamento Móvil 6”, en el marco de las órdenes de servicio 659 y 660/25.
Ese mismo día designó como sumariante al Comandante Mayor Adrián Barressi. Al día siguiente, Barressi ya había producido su “informe final”, en el que, tras tomar declaración únicamente a personal de la fuerza, concluyó que no existía reproche disciplinario alguno. Eso significa que el cabo Guerrero continúa en funciones.
Hecho fortuito
El informe atribuyó el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo a un “hecho fortuito”, producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse “en la línea de tiro”.
Es decir, le echaron la culpa a Pablo por haber recibido el impacto del arma de Guerrero. Ese mismo 18 de marzo, el asesor jurídico José Carlos Lodolo emitió dictamen coincidente y convalidó la versión oficial.
Finalmente, el 19 de marzo, a sólo siete días de los hechos, Porra Melconian firmó la resolución de cierre del sumario.
El expediente fue reabierto pocos días después. El 25 de abril, frente a los intensos movimientos en la causa penal en la que se le requería a Gendarmería información sobre el operativo y sobre Guerrero, el Comandante de Región Ie ordenó al sumariante que tome nuevas medidas, entre ellas: ampliar declaraciones de efectivos, detallar la nómina del personal actuante, precisar el uso de granadas y medios disuasivos, incorporar partes médicos y realizar una pericia sobre “la mecánica del hecho que dejó a un fotógrafo herido”.
Sin embargo, un par de días después se firmó un segundo dictamen jurídico, que reiteró, pese a la nueva prueba incorporada, que no correspondía formular reproches disciplinarios.
El 29 de abril, Porra Melconian volvió a dar por finalizada la investigación administrativa. El expediente se cerró dos veces con las mismas conclusiones.
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