El Gobierno nacional destacó la decisión adoptada este mediodía por el juez federal Daniel Rafecas de poner en marcha el juicio en ausencia para los diez imputados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un hecho que marcó la historia argentina el 18 de julio de 1994. Según información oficial, la resolución responde a un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA) y habilita una instancia largamente reclamada por organizaciones de víctimas y familiares tras tres décadas sin respuestas judiciales sobre el ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró públicamente el fallo judicial y remarcó la trascendencia de la nueva normativa que permitió avanzar en el expediente. “Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”, expresó el funcionario. En sus declaraciones, destacó el alcance de la medida al considerar que, de este modo, “vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”.
La decisión del juez Rafecas constituye un giro de dimensiones en el expediente, ya que los principales sospechosos continúan fuera de la Argentina y, según la investigación oficial, no han comparecido ante la Justicia a pesar de los reiterados pedidos de captura internacional. La aplicación del juicio en ausencia, avalada por el marco legal recientemente reglamentado, posibilita que el proceso avance aun sin la presencia física de los acusados, una modalidad prevista para evitar que delitos de lesa humanidad o de terrorismo permanezcan sin castigo.
Por su parte, el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, consideró que la norma establece un precedente en la política criminal del país frente a crímenes sin prescripción. “La ley de Juicio en Ausencia evita que los crímenes queden impunes y, finalmente, le está dando justicia a los familiares de las víctimas después de más de 30 años de espera”, sostuvo el funcionario. Amerio recalcó que la herramienta legal fue diseñada para impedir que la falta de extradición o la negativa de otros países a entregar ciudadanos señalados como responsables impida el avance judicial local. “Cuando decimos que le estamos dando las herramientas a la Justicia para meter presos a los delincuentes, nos referimos a esto”, afirmó.
El respaldo del Ejecutivo a la labor judicial se da en medio de reclamos históricos de víctimas y organismos de derechos humanos que exigieron la implementación de procedimientos excepcionales para casos de terrorismo internacional. Las autoridades subrayaron que la introducción del juicio en ausencia responde a “una deuda pendiente del Estado argentino” en materia de memoria, verdad y justicia para los afectados por el atentado del 94.
La resolución difundida este jueves incluye la notificación internacional a través de canales diplomáticos y la intervención de organismos de cooperación policial, con el objetivo de garantizar las garantías procesales y el derecho de defensa de los acusados ausentes. Al mismo tiempo, la UFI AMIA avanzará con medidas probatorias para reconstruir los hechos y delimitar las responsabilidades individuales de los imputados del atentado.
La normativa habilita que, ante la incomparecencia injustificada de los sospechosos, el proceso penal se desarrolle con la designación de defensores oficiales y la producción de pruebas que permitan, eventualmente, dictar una sentencia sobre la responsabilidad en los hechos. Las fuentes judiciales señalaron que la resolución de Rafecas se fundamenta en tratados internacionales suscriptos por la Argentina y en la legislación local impulsada en los últimos meses a propuesta del Ministerio de Justicia.
El Gobierno nacional reiteró, en distintas comunicaciones, la voluntad de profundizar el combate contra el terrorismo y de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para llevar a juicio a los responsables de ataques masivos. La decisión es considerada un paso hacia el esclarecimiento definitivo del atentado a la AMIA, el cual permanece impune a más de tres décadas de haber ocurrido.
De acuerdo a la información difundida, el trámite judicial incluirá audiencias públicas, intercambio de documentación con organismos internacionales y la intervención de familiares y representantes de las víctimas, quienes manifestaron su apoyo a la aplicación del juicio en ausencia como una forma de acceder, finalmente, a una resolución judicial tras años de demora en las investigaciones.
La resolución adoptada por el juez Rafecas cumple con las exigencias del derecho internacional y garantiza el debido proceso, indicaron voceros judiciales, quienes anticiparon que los próximos pasos incluirán la citación formal de los acusados y la continuación de la investigación bajo las normas fijadas por la nueva legislación.
El anuncio de este jueves marca un hito en la causa AMIA, al abrir la posibilidad de que los mismos responsables señalados por la Justicia argentina enfrenten por primera vez un proceso formal, con independencia de su presencia física en los tribunales del país. Autoridades nacionales, familiares de las víctimas y organizaciones comunitarias seguirán de cerca el desarrollo de esta etapa, a la espera de avances concretos en la búsqueda de justicia.
La medida tomada por el juez Rafecas, solicitada por la UFI AMIA y avalada por el Ejecutivo, integra la lista de acciones impulsadas para erradicar la impunidad en crímenes de terrorismo, en un contexto regional en el que expertos advierten sobre la importancia de fortalecer la vigilancia y la cooperación internacional en materia penal.
