Desde Córdoba Silvia Majul fue detenida cuando se acercó al acampe en defensa de un quebracho de casi 300 años amenazado por la obra de ensanche de una ruta. Un día después, el fiscal Ernesto de Aragón ordenó su liberación, que se efectivizó en horas de la tarde de hoy. Denuncian intimidación a otros periodistas por parte de uno de los principales funcionarios municipales de Villa Allende.
Villa Allende, localidad del Gran Córdoba, está en vilo desde hace varios días ante la amenaza de que remuevan un centenario quebracho blanco en la avenida Padre Lucchesse, que conecta esa ciudad con la capital provincial. La policía detuvo a Silvia Majul, una periodista que se acercó a registrar el acampe que activistas ambientalistas habían montado el jueves pasado alrededor del árbol. Reclaman al municipio que lo declare patrimonio histórico para mantener este ejemplar de una especie autóctona donde está.
Si bien en la jornada de ayer el número de personas que protestaban no llegaba a veinte, el operativo policial incluyó un gran número de efectivos, una decena de camionetas de infantería y un vehículo para traslado de detenidos. Los manifestantes acataron la orden judicial de desalojar el acampe y se alejaron a cien metros del lugar en el que está ubicado el quebracho.
Fue allí cuando la periodista, que no formaba parte del grupo original del acampe, llegó al lugar para realizar una tarea de registro periodístico y para apoyar la postura de los manifestantes. Al no encontrar el acampe, quiso fotografiar el árbol y hacer un abrazo simbólico pero terminó detenida, a disposición de la justicia y trasladada a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) con una causa abierta por resistencia a la autoridad.
“Se tiene que evaluar con qué herramientas el Estado interviene en un hecho así. Lo único que hace es reproducir el conflicto y el derecho penal no está para eso sino para combatir la delincuencia. No está para criminalizar las luchas ambientales”, aseguró a Página/12 el abogado de Silvia Majul, Carlos González Quintana.
Periodistas de distintos medios presentes en el lugar denunciaron que tanto la ayudante de la fiscalía como Felipe Crespo, secretario de gobierno de Villa Allende, tuvieron actitudes intimidatorias con los trabajadores de prensa. Crespo es un adherente tenaz a las políticas de mano dura –línea Bullrich– y uno de los impulsores de una polémica medida de cerramiento selectivo de calles con el argumento de fortalecer la seguridad.
La familia de la periodista y documentalista logró hacerle llegar esta mañana medicamentos y ropa adecuada para enfrentar el frío, tras pasar sin mucho abrigo y en un calabozo una noche que fue gélida en la provincia mediterránea. Transcurridas 24 horas, el fiscal Ernesto de Aragón, uno de los encargados de las causas derivadas de protestas sociales en una suerte de fiscalía de protesta creada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ordenó su liberación.
“Abrazar un árbol como símbolo de la historia de esta provincia y su tejido natural es más un acto de romanticismo que una representación de actividad delincuencial. Utilizar el recurso del Estado y el sistema punitivista para esto tiene un sentido disciplinador más que reparador de algo, ya que acá no se rompió nada que ponga en riesgo la convivencia pacífica”, completó González Quintana.
La polémica por el traslado: una historia de varios días
La traza de la obra del ensanche de la avenida pasa por la ubicación actual del árbol y las autoridades municipales tomaron la decisión de mover el árbol y no la obra. Según los ambientalistas, solo había que correr tres metros el recorrido original. La empresa Federico, encargada de la obra, ya dijo que esa modificación era factible. Sin embargo, la municipalidad se mantuvo inflexible.
El caso terminó en la Justicia, que falló en contra de los ambientalistas y resolvió autorizar el traslado del ejemplar. Esa resolución motivó el acampe y llegó al punto que vecinos decidieron encadenarse al quebracho, que según especialistas tiene menos de 20% de posibilidades de sobrevivir al movimiento.
Los ambientalistas mantienen el acampe y aseguran que la obra no tiene seguimiento de especialistas ni una conducción que contemple cuestiones como que el lugar al que será trasladado el árbol carece de autorización. Además, indican que el área ambiental del municipio no brindó información sobre las garantías de las condiciones en que se realizará el traslado, algo que estaba contemplado en la resolución judicial que habilitó el movimiento.
