Ahmad Vahidi fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa. Su nombramiento se da en un momento de alta tensión regional y genera repercusiones internacionales por su historial y la gravedad de las acusaciones que enfrenta, entre ellas, su participación en el atentado a la AMIA en Buenos Aires.
Vahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la Guardia Revolucionaria comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.
La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.
Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores con acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.
Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.
El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.
Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.
En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.
A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales.
El reciente ascenso de Vahidi al frente de la mayor estructura militar iraní ocurre mientras crecen los enfrentamientos en la región y la Argentina reitera su reclamo de justicia y su demanda de cooperación internacional para la detención de los responsables del atentado de 1994.
Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol. Su influencia en la política y la estrategia de seguridad nacional lo ubica al frente de una de las instituciones de mayor poder dentro del régimen iraní.
Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA
Ahmad Vahidi, flamante jefe militar de Irán, era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.
En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.
Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.
El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.
En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.
La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.
El repudio del gobierno argentino
El gobierno argentino expresó un rechazo contundente al nombramiento de Ahmad Vahidi como comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, por su rol investigado en el atentado a la AMIA. El repudio se hizo público a través de un comunicado oficial en el que también se condenaron los recientes ataques de Irán contra Israel. Desde la Casa Rosada se recordó que Vahidi tiene un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol desde 2007 y que, según las investigaciones judiciales, encabezó la mesa de decisiones que definió el objetivo de atacar en suelo argentino, con el fin de enviar un mensaje político al mundo.
El comunicado calificó la designación de Vahidi como “una provocación inaceptable” y como un agravio a la memoria de las 85 víctimas fatales del atentado de 1994. Además, se recordó que la Unidad Fiscal AMIA solicitó recientemente la instrumentación del juicio en ausencia para avanzar con el juzgamiento de Vahidi y de otros acusados por el atentado terrorista más grave en la historia argentina. El gobierno nacional insistió en que no debe existir ningún tipo de privilegio ni amparo internacional para los responsables, y ratificó su compromiso con la búsqueda de justicia.
