Cristina Kirchner quedará presa el miércoles de esta semana, aunque todavía resta conocer cuál será el cronograma de esa jornada y cómo se desarrollará. En rigor, la Justicia ni siquiera oficializó que le vaya a conceder la prisión domiciliaria -algo que parece probable por estas horas-, y, por el momento, requeriría que la expresidenta se presente en los tribunales de Comodoro Py para comenzar su proceso de detención.
En las resoluciones presentadas durante los últimos días por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo del juez Jorge Gorini, se sostuvo que tanto Cristina como los ocho condenados por la causa Vialidad deben presentarse “sin excepción” en Comodoro Py para quedar detenidos.
Se establecía como una posibilidad que el caso particular de la expresidenta pueda ser meritorio, para que la notificación sea de manera virtual o a través de una comitiva de abogados que se acerque a su residencia, con el objetivo de evitar la movilización y el despliegue de fuerzas de seguridad que implicaría su presencia física en los tribunales.
En el entorno de Cristina Kirchner buscan acotar las especulaciones. “No está previsto que no haya movilización”, afirman, dejando en claro que, pase lo que pase, las adyacencias de su departamento en el barrio de Constitución estarán signadas por la presencia de dirigentes y militantes que buscarán acompañarla en su primer día como detenida.
No hay amplias expectativas de que no deba trasladarse a Comodoro Py. Pero aunque las hubiere, el círculo que rodea a la exmandataria prefirió convocar formalmente a la marcha a los tribunales federales de Retiro. Esta manifestación comenzará el miércoles a las 10 horas, entre la avenida San Juan y la calle San José, a una cuadra de la esquina donde reside CFK.
“Argentina con Cristina. Caminamos hasta Comodoro Py y volvemos con ella a su casa”, dice el flyer que difundieron desde el cristinismo, el cual tiene el mismo sentido que hizo La Cámpora: “Vamos y volvemos con Cristina”. Una consigna direccionada implícitamente a los jueces que deben decidir sobre la domiciliaria, aunque cerca de la expresidenta lo describen de otra manera.
“Es nuestro deseo. La especulación de qué hará o no la Justicia no la podemos tener en cuenta porque son decisiones que están fuera de nuestro alcance. Pero es lo que quiere la gente que sigue a Cristina”, afirman.
La detención de la expresidenta configura un hecho histórico per se. En las décadas recientes, el único mandatario preso había sido Carlos Menem, aunque después de algo más de cien días detenido logró salir y sin que su condena fuera tratada por la Corte Suprema. En el caso de Fernández de Kirchner, el cumplimiento de la pena es irrevocable, por lo que permanecerá los seis años que dicta la condena, con posibilidad de salir antes bajo buena conducta.
Por ser potencialmente la última vez en años que la líder política recorra las calles es que la dirigencia y la militancia peronista prepara una movilización masiva para acompañarla. El objetivo es que supere ampliamente en número a la que realizó nueve años atrás en su primera declaración en Comodoro Py, que tuvo más de 50.000 asistentes.
Cristina desea que sea una marcha pacífica. “Como cada vez que nos movilizamos”, agregan cerca de ella. Aun así, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó a Infobae que el clima puede espesarse si la Justicia no le otorga la domiciliaria y, en cambio, la exmandataria debe cumplir su pena en un establecimiento federal.
“Además de jurídicamente insostenible, implicaría un acto de crueldad institucional que podría derivar en una reacción social de incalculable magnitud. No se trata solo de legalidad: se trata de evitar un estallido que afecte la gobernabilidad democrática”, comentó.
En el cristinismo y en el Gobierno coinciden en que el peor escenario previo a la marcha sería una negación de la domiciliaria.
Hasta la publicación de esta nota no había habido contactos entre los secretarios de la exmandataria con las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich; y sus homólogos de la Ciudad, liderados por Horacio Giménez.
Esta mañana se produjo una novedad que adelantó Infobae: el TOF 2 solicitó a las autoridades nacionales y porteñas garantizar la seguridad suficiente para la detención de Cristina y para la marcha prevista hacia los tribunales de Comodoro Py. La notificación también llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, responsable del control del edificio judicial.
El oficio solicita específicamente la implementación de medidas de seguridad tanto en los alrededores como en el interior del edificio, con especial atención al sexto piso, donde funciona el tribunal. El pedido responde tanto a la inminente detención de la exmandataria como a la movilización anunciada por organizaciones políticas y sindicales, que prevén una concurrencia masiva.
Son algo más de 5 kilómetros los que separan el punto de inicio de la movilización y Comodoro Py. Una caminata entre ambos puntos podría llevar una hora y media, pero esta cortaría por la mitad la circulación entre el microcentro y las arterias que comunican con el resto de la Ciudad.
En principio, todo esto es un asunto del que deberá encargarse la Policía de la Ciudad, que el sábado por la noche realizó un operativo de “orden y limpieza” de la intersección donde vive Cristina, donde también se decomisaron banderas partidarias y puestos de diferente tipo. Una reiteración de este episodio sin previo aviso a la militancia podría traer problemas, repitieron desde diferentes agrupaciones del peronismo.
Uno de los asuntos que más preocupa a los jueces es si su departamento del barrio de Constitución no se desnaturalizará como lugar de prisión. Esto fue uno de los pocos puntos que se atrevió a aludir el Gobierno a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien suele oficiar como un vocero plenipotenciario de la gestión libertaria.
El funcionario diferenció entre el arresto domiciliario y la posibilidad de que se otorguen condiciones adicionales, como la comunicación o la salida al balcón, que podrían generar incomodidad en el barrio de Constitución. “Eso genera para los vecinos una molestia innecesaria”, expresó, aunque reiteró que la decisión le corresponde exclusivamente a la Justicia.
El presidente Javier Milei transmitió una directiva clara a sus funcionarios: evitar cualquier tipo de pronunciamiento sobre el proceso judicial que involucra a la expresidenta. “Que la Justicia haga lo que se le cante las pelotas. Somos el Poder Ejecutivo. Nos hemos mantenido al margen de todo el proceso y no interferimos para nada en la Justicia”, declararon a este medio desde el Triángulo de Hierro.
Esta postura coincide con las declaraciones públicas de Milei durante su reciente visita a Israel, donde afirmó: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”. El mandatario también sostuvo que cuando el Poder Ejecutivo no presiona, la Justicia actúa con mayor rapidez.
El tribunal también remitió oficios a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que administra la alcaidía de Comodoro Py, para coordinar el ingreso de los detenidos en caso de ser necesario. La próxima novedad judicial se producirá mañana, cuando los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola les envíen a los jueces Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso sus opiniones sobre qué hacer con la domiciliaria.
El sentido del informe probablemente sea negativo, pidiéndoles que consideren los establecimientos federales que el Ministerio de Seguridad de Bullrich evaluó como mejores para poder alojar a la exvicepresidenta, según los requerimientos de edad y de seguridad que le fueron solicitados, dado el intento de asesinato que sufrió tres años atrás. De cualquier manera, esto no es condicionante para la decisión de los jueces.
