El 12 de diciembre de 1871 resultaría fatídico para Roberto Sánchez, estudiante de segundo año, que fue reprobado en el examen final de Derecho Romano. Era un sanjuanino de 20 años a quien Domingo Faustino Sarmiento le había allanado el camino para que pudiese continuar su formación en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Cuando el 14 de febrero de 1870 se matriculó en Derecho, estaba empleado en una dependencia del gobierno y colaboraba con artículos en el diario La Nación.
Para todos era un estudiante serio, sensato y aplicado, pero sufría por demás a la hora de enfrentarse a una mesa examinadora. Una vez reprobado, fue a la casa donde vivía sobre la calle Belgrano al lado de la iglesia de Monserrat, escribió una carta a su mamá y otra a su hermano y se suicidó.
Al día siguiente, a su entierro en el cementerio de la Recoleta concurrieron unos dos mil estudiantes. Su triste muerte había abierto la compuerta que resistía a presión una multiplicidad de reclamos de los universitarios. Se formó el Movimiento “13 de Diciembre” -día de su entierro- que, de entrada, pidió las renuncias de los tres profesores de la mesa examinadora, denunciando que muchos de ellos cobraban por dar clases particulares a alumnos que luego eran favorecidos en los exámenes. La mesa examinadora renunció, pero el gobierno rechazó las dimisiones de Aurelio Prado y Rojas, Ezequiel Pereyra y Miguel Estévez Seguí.
En esa oportunidad, los estudiantes reclamaron una verdadera reforma para la universidad y entonces propusieron una suerte de cogobierno entre estudiantes, profesores y no docentes, entonces llamados personal administrativo. Reclamaban que los estudiantes adquirieran apoyo oficial en las cuestiones que tuvieran con los profesores, pedían socorrer al estudiante indigente, que se estimulase la docencia y la investigación.
En 1883 Nicolás Avellaneda fue el autor de la ley 1597 que llevó su nombre, donde se impuso regular la vida universitaria, sosteniendo su autonomía, estableciendo un sistema de designación de profesores y la creación de un fondo universitario, entre otros. Sin embargo, era una idea de autonomía bastante limitada, más centrada en el gobierno que en cuestiones académicas, donde los profesores titulares eran nombrados por el Poder Ejecutivo, a partir de una terna elevada por la facultad correspondiente, avalada por el Consejo Superior.
Lo que muchos no percibían es que el país estaba cambiando radicalmente. Desde 1869 a 1914 la población se había quintuplicado y los extranjeros conformaban casi la tercera parte de la población total. La inmigración, sin lugar a dudas, había provocado un verdadero shock en todos los ámbitos: la concentración en las ciudades, la aparición de los conventillos, los primeros sindicatos socialistas y anarquistas, y el espanto de los conservadores que reaccionaron de la peor manera: imponiendo leyes restrictivas para expulsar a esos inmigrantes que traían ideas foráneas y a los que se los consideraba indeseables.
Ante ese panorama político y social un tanto caótico para la oligarquía que venía gobernando desde 1880, fue Roque Sáenz Peña el que encontró la solución con la ley de voto secreto, universal y obligatorio, en la creencia que el conservadurismo seguiría siendo mayoría. Pero cuatro años después Hipólito Yrigoyen ganaba las elecciones, con un poder acotado: lo que él llamaba “el Régimen” mantenía la mayoría en el Congreso y manejaba la justicia. Igual fue un momento bisagra en el país, en el que el conservadurismo gobernante fue reemplazado por uno que representaba a las mayorías.
Cuando ocurrieron los hechos de la Reforma, en el país existían cinco universidades: tres nacionales, la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata, y dos provinciales, la de Tucumán y del Litoral.
El peso creciente de la masa estudiantil se nota a partir del 1900. En el marco de diversas huelgas estudiantiles, ese año surgió el centro de estudiantes de Medicina, dos años después el de Ingeniería, en 1905 el de Derecho, y a pesar de su fuerte actividad social y hasta deportiva, fueron desconocidos por las autoridades.
La mecha se encendió en Córdoba
El estallido de los reclamos por una universidad democrática y pluralista partió de Córdoba. Allí, la universidad fundada en 1613, manejada por siglos por la iglesia, permanecía atada a procesos anacrónicos, donde estaban prohibidos autores como Karl Marx, Friedrich Engels, Charles Darwin, Rudolf Stammler y Ernest Haeckel. Los docentes permanecían en su cargo por años, algunos lo heredaban y hubo casos que lo obtuvieron como regalo de casamiento. “Las universidades eran la expresión intelectual de un pasado que se resistía a morir”, había escrito Gabriel Del Mazo.
Los alumnos reclamaban mayor apertura, formarse de acuerdo a las ideas en boga, que pudieran trabajar, debatir y experimentar en los laboratorios que permanecían inexplicablemente cerrados.
El conflicto surgió a fines de 1917 cuando el centro de estudiantes de Ingeniería protestó por una ordenanza que establecía un nuevo régimen de asistencia a las clases, y los alumnos de Medicina denunciaban la supresión del internado en el Hospital Nacional de Clínicas.
La falta de respuestas motivó la conformación de un comité Pro Reforma, quien se puso a la cabeza del movimiento.
Cuando el 20 de marzo de 1918 el consejo superior de la Universidad de Córdoba resolvió no atender ninguno de los reclamos estudiantiles, se produjeron disturbios que fueron reprimidos. El 31 de ese mes debían iniciarse las clases, pero se llamó a una huelga general. Eran “recios y valerosos muchachos que se levantaron contra la universidad, contra la iglesia, contra la familia, contra la propiedad y contra el Estado”, describió Deodoro Roca, uno de los ideólogos de la reforma.
La universidad cordobesa reaccionó con una medida severa: ante lo que consideraba actos de indisciplina de los estudiantes, les prohibió la entrada. El Comité Pro Reforma, quien había ido a verlo al presidente Hipólito Yrigoyen, le reclamó la intervención de la universidad. El primer mandatario vio una oportunidad para darle una mano a aquellos que luchaban contra un enemigo común y el 11 de abril designó interventor a José Matienzo; ese mismo día quedó constituida la Federación Universitaria Argentina.
Matienzo encontró diversas irregularidades y diseñó un proyecto para democratizar el sistema y terminar con directivos y profesores que ocupaban sus cargos en forma vitalicia. De ahí en mas los docentes estarían habilitados a participar de la elección de los consejeros y del rector.
Los estudiantes lanzaron el 1 de mayo de ese año “La Gaceta Universitaria”, órgano por el que difundieron sus ideas. Adoptaron el mismo lema que acompañó a la Gaceta fundada por Mariano Moreno en junio de 1810: “Raros tiempos de felicidad aquellos en que se sentía cuanto se deseaba y podía expresarse cuanto se sentía”, una frase del pensador romano Tácito.
Muchos docentes renunciaron, contrarios a las reformas. El interventor dejó vacantes los cargos de rector, decanos y profesores con más de dos años de antigüedad y, como un hecho totalmente inédito, convocó a una asamblea a votar a nuevos decanos y consejos directivos, donde los reformistas se impusieron ampliamente, pero no imaginaban lo que se venía.
Se fijó el sábado 15 de junio para elegir al rector, lo que debía hacer la Asamblea Universitaria. El candidato reformista era Enrique Martínez Paz, un abogado, historiador y filósofo formado en Córdoba, y se descontaba su triunfo sobre el candidato ultra conservador Antonio Nores. Pero los reformistas ignoraban el intenso lobby que los jesuitas hicieron sobre los electores y sus familias para evitar cambiar el status quo.
Eso se vio en la elección. En las dos primeras votaciones ninguno obtuvo la mayoría, pero en la tercera terminó imponiéndose Nores con 24 votos contra 13.
No se llegó a la proclamación de la fórmula, ya que un millar de estudiantes irrumpieron en el recinto, provocando una terrible batahola. Echaron a empujones a la policía, a los gendarmes, a los profesores y directivos, se destruyó mobiliario que se conservaba de la época colonial, igual que los cuadros con los retratos de antiguos rectores. Colgaron en la puerta de la universidad el cartel de “se alquila” y alguien en el libro de actas escribió: “La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Junio 15 de 1918”.
La ciudad mediterránea se convirtió en un hervidero diario, donde se sucedían los actos públicos. La iglesia los trató de jóvenes inconsultos que se atrevían a pedir “¡frailes no, dogmas no!”.
Del 20 al 31 de julio se celebró en Córdoba el Primer Congreso Nacional de Estudiantes convocado por la FUA, donde se pidió por la autonomía, gobierno tripartito, asistencia y docencia libres, régimen de concursos y periodicidad de cátedras, publicidad de los actos universitarios, bienestar estudiantil, extensión y orientación social universitaria y libertad de juramento, ya que hasta entonces se juraba solamente por los Santos Evangelios.
Nores, como rector de facto, porque no había sido proclamado oficialmente, mantenía clausurada la universidad aunque debió renunciar cuando Yrigoyen mandó nuevo interventor, su ministro de Instrucción Pública José Salinas. Pero como demoraba en asumir, los estudiantes decidieron el 9 de septiembre tomarla hasta que el interventor se hiciese cargo.
De ese día quedaría la imagen icónica, de un grupo de estudiantes subidos al techo del rectorado e izando una bandera.
Dispusieron que se retomasen las clases, que se abriese la biblioteca, se designaron profesores y hasta se rindieron exámenes. Todo terminó cuando el Regimiento de infantería 13 y el 4 de Ingenieros derribaron las puertas y a bayoneta calada hicieron salir a los 83 estudiantes que la ocupaban. La respuesta oficial no se hizo esperar: el 11 el interventor se hacía cargo. Entonces los reformistas festejaron.
Se reorganizó la administración y el cuerpo docente, se reestableció el internado en el Hospital Nacional de Clínicas y se eligió a Eliseo Soaje como rector.
En la Universidad de Buenos Aires el rector Eufemio Uballes impulsó la reforma de los estatutos y hubo facultades, como la de Derecho, que modernizaron sus planes de estudios y organizaron la extensión universitaria. Las dos universidades provinciales, Tucumán y Litoral fueron nacionalizadas.
Seis días después del estallido del 15 de junio de 1918, la Federación Universitaria de Córdoba dio a conocer el “Manifiesto Liminar”, que pasó a ser como la biblia del reformismo, donde se sostenía que “desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que faltan”.
Ese reformismo abrió las puertas a la universidad a la autonomía, a la investigación científica, a la democracia, a la docencia y extensión universitaria, pilares que sufrirían más de un embate en nuestra ajetreada historia como país.
