Otro intendente fue a la Justicia contra funcionarios del Pami y en Diputados piden abrir una comisión investigadora para analizar las denuncias por corrupción que complican al ministro de Salud Mario Lugones y a quien ubicó en la obra social de los jubilados, Esteban Leguizamo.
La semana pasada el intendente radical de Madariaga, Esteban Santoro, se presentó ante la Justicia pidiendo que se investigue el posible delito de asociación ilícita ante el pase compulsivo de cápitas a una clínica privada en perjuicio del hospital municipal.
Ahora, uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof, Gustavo Barrera (Villa Gesell), hizo una presentación ante la Fiscalía Federal de Dolores, perjudicado en este mismo caso de quita de cápitas, que afectó al sistema de salud de varios municipios de la región. La asignación de cápitas por parte de Pami a un centro de salud implica el giro de fondos.
Según denunció el secretario de Salud de Villa Gesell, Jorge Villalba, desde agosto pasado Pami le quitó la cápita de 1.000 jubilados al hospital municipal. “Es mucho dinero. Están faltando 12 millones de pesos por mes desde agosto del año pasado”, dijo.
Y agregó: “Los jubilados van al hospital de Villa Gesell, no pueden viajar a una guardia en Madariaga, vienen acá y eso no lo facturamos en el hospital y se atiende al paciente igual”.
En paralelo, las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora que haga un relevamiento de todas las denuncias existentes y que cite a dar explicaciones al titular del Pami.
“Milei transformó el Pami en una caja de recaudación y oficina de empleo de LLA. Pero, como si fuera poco, resulta que en Madariaga (y queremos saber en cuántos lugares más) armaron lo que se parece mucho a una asociación ilícita”, dijo Stolbizer.
El proyecto presentado con Fein pide investigar distintas denuncias en Santa Cruz, Chaco, Ciudad, Provincia de Buenos Aires y Jujuy, donde, como reveló LPO, se derivaron pacientes a la clínica del diputado libertario Manuel Quintar.
También, descreen de la auditoría interna anunciada por el gobierno libertario. “El riesgo es que simplemente se trate de un escape para montar una ficción y que todo siga igual”, señalaron en el proyecto.
Y agregaron: “De acuerdo a lo que hemos relevado, existe un modus operandi, de mala gestión y comportamientos criminales en perjuicio de las personas y de los recursos públicos con los que debe sostenerse el Instituto”.
