La causa conocida como “La ruta del dinero K” retoma la atención luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas.
El caso en el que la Justicia comprobó el lavado de alrededor de 60 millones de dólares, entre el 2010 y 2013, volvió a ser noticia luego de que el Máximo Tribunal resolviera que seis de los condenados debían presentarse hoy en los tribunales de Comodoro Py para ejecutar las penas.
La causa que culminó en 22 condenas incluye al empresario Lázaro Baez como uno de los principales responsables. Es en este contexto que la ex legisladora de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, realizó una presentación judicial, en el Tribunal Oral Federal N 4 que lleva la causa, para que se revea el beneficio de prisión domiciliaria.
En la presentación realizada, Zuvic señaló que “la preocupación oportunamente manifestada respecto de las condiciones de detención del condenado Lázaro Báez, solicitando se revise con urgencia el beneficio de arresto domiciliario».
La ex diputada señaló que en agosto del 2024 le había presentado una nota al ministro de Justicia Juan Martín Cúneo Liberona, “expresando preocupación por la decisión de permitir que el Sr. Báez cumpla su condena en una propiedad cuya magnitud y características no se condicen con una situación patrimonial lícita, ni con el principio de igualdad ante la ley».
Con el fallo de la Corte, Zuvic se presentó en el tribunal para solicitar que se revea la permanencia en arresto domiciliario “en condiciones notoriamente privilegiadas, ya que resulta incompatible con la finalidad retributiva, ejemplificadora y resocializadora de la pena”.
Por otro lado, señaló que resulta “inadmisible que no se haya dispuesto aún un cómputo de pena actualizada ni la inmediata detención de los condenados. Este accionar dilata la ejecución de una sentencia firme y debilita la confianza social en el sistema judicial». Ademas, en el texto agregó: “Toda señal de permisividad o laxitud en la ejecución de la condena atenta contra el principio de justicia y puede ser leída socialmente como un mensaje de impunidad».
Lázaro Baez fue condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos, pero no está dentro del listado de las seis personas que deben presentarse hoy en Comodoro Py. En este grupo se encuentran Fabián Rossi, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro.
Por su parte, los seis solicitaron que las detenciones se cumplan en arresto domiciliario por razones de salud y de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos aparte.
Lázaro Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.
Sobre el tiempo que Báez lleva preso en la causa de la “Ruta del dinero K” se puede plantear una discusión. Su defensa entiende que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Esa suma da nueve años y seis meses, por lo que la condena de 10 años ya estaría cumplida. Ahora deberá opinar el fiscal y luego resolver el tribunal.
