La más que irregular situación de la Defensora del Niño, Marisa Graham, quien se autoprorrogó el mandato en enero pasado -como contó en su momento Infobae-, fue saldada este miércoles con una votación del oficialismo y la oposición dialoguista a favor de cortar, desde este mismo día, su cargo. El problema de la bicameral que revisa y regula al organismo en cuestión es que, ahora, se ingresó en un peligroso limbo sobre quién tomará las riendas de la entidad, así como acciones que podrían ser plausibles de problemas a futuro no sólo para sus empleados, sino también contra los propios diputados y senadores, tras una reunión llena de chicanas y muy desprolija que comandó la diputada radical y titular de la comisión, Natalia Sarapura.
Primero, el contexto. Desde el último trimestre del año pasado, este medio informó que el Gobierno libertario buscó que Graham llegara al final de su mandato -a finales de febrero pasado- y abandonara la Defensoría. Por eso demoró la conformación de la bicameral. Para esto fue clave la inacción de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Entre las críticas contra la Defensora, aparecían la de haber colonizado el organismo -quedan fuera de esto los pocos que, desde hace décadas, se preocupan de verdad y a puro pulmón por la niñez- y la de haber militado la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.
En marzo, la bicameral se constituyó y, tras errores de amateur de La Libertad Avanza -quiso ubicar en la presidencia a la diputada Nadia Márquez-, la presidencia quedó en manos de Sarapura. Desde allí, la comisión evitó juntarse y pareció blindar un acuerdo entre kirchneristas y radicales para sostener a Graham hasta que se resolviera un nuevo concurso. Es decir, algo ubicado por otras bancadas como lejano a lo legal y adecuado.
Recién este miércoles, casi tres meses después de iniciadas las sesiones ordinarias del 1 de marzo, la bicameral decidió iniciar el concurso el 16 de junio próximo. Allí se activará el plazo de 180 días, aunque podría prorrogarse. Durante la jornada de hoy, quien tuvo que salvar a La Libertad Avanza fue el también diputado Nicolás Mayoraz, quien intentó -muchas veces, sin éxito-, explicar lo que pretendía Márquez, que tuvo un agotador ida y vuelta de chicanas con el kirchnerismo. “Parecía una pelea entre camporistas. En un momento hizo menciones sobre su pelo. En fin. La política está muerta”, lanzó un experimentado asesor del Congreso a Infobae al término del encuentro.
Seguido a ello, luego de más de dos horas de trifulca, se pasó a la votación para rechazar la resolución de Graham. El kirchnerismo dejó asentado que la mayoría para este tipo de definiciones requería dos tercios -siete adhesiones-, mientras que el oficialismo y la oposición dialoguista interpretaron como que no correspondía y, con seis, avanzaron en ese sentido. Lo más llamativo e importante ocurrió después: nadie pudo explicar cómo seguir. Tanto Márquez como Mayoraz -calificó a Graham de “usurpadora” en varias ocasiones-, así como Sarapura y la senadora radical Mercedes Valenzuela deslizaron argumentos más que difusos y poco claros para la magnitud del inconveniente en ciernes. Sí dieron a entender que funcionarios como el jefe de Gabinete, el secretario administrativo de dicho organismo y los abogados vigentes en diversas causas continuarán sin ninguna traba en sus tareas.
Las advertencias vinieron del lado del senador peronista Pablo Bensusán. “Me gustaría saber la competencia de esta comisión. Es decir, de dónde surge y dónde nos podemos amparar para ser una comisión de seguimiento de las funciones de secretarios o personas con segundo rango. Me llama la atención por las responsabilidades que vamos a tener. ¿Qué pasa mañana, quién se hace cargo de la Defensoría?”, planteó.
El legislador pampeano añadió: “No encuentro una cita normativa que nos faculte para ello. El día de mañana me pueden decir que ejercí abuso de autoridad, quiero dejar constancia de eso. Quien se arrogue la competencia de llevar adelante el órgano de la Defensoría hasta concurso va a carecer de todo fundamento”. También hubo críticas del kirchnerismo sobre qué validez tendrán las medidas adoptadas desde enero por Graham y su adjunto. Algo que ambos tampoco tuvieron en cuenta en enero.
La propuesta de Valenzuela de un cuarto intermedio para el martes próximo fue el corolario de un encuentro que demostró que oficialismo y dialoguistas no pueden consensuar cuestiones básicas previas a la realización de una comisión. Y, en público, quedan más que expuestos. En el medio de todo esto, las personas y organizaciones que se dedican hace largos años a la niñez que, como siempre ocurre, son las más perjudicadas.
El temor que corrió por la tarde en distintos despachos del Congreso es que, aún con facultades delegadas, el Gobierno adopte alguna decisión sobre la Defensoría. Sería el peor final y un regalo para la Casa Rosada, que detesta el debate legislativo. Para La Libertad Avanza, hubo un “gran trabajo” de Mayoraz y Márquez.
