“Tengo el agrado de dirigirme a ud. a fin de solicitar quiera tener a bien informar si la Dra. Julieta Makintach o alguno de los magistrados o funcionarios que integran los Tribunales Nro. 2 o 3 Departamental solicitaron permiso para utilizar las instalaciones del edificio sito en Ituzaingó 340 de San Isidro el día domingo 9 de marzo de 2025, así como el motivo de dicho requerimiento», dice el pedido de los fiscales que investigan a la jueza del escándalo del juicio por la muerte de Diego Maradona. La respuesta fue contundente: no.
La foto que ilustra esta nota muestra que no figura el nombre de la magistrada ni de ninguna de las personas que ese día la acompañaron a los tribunales a filmar parte del documental en el libro de ingresos. Imágenes que Infobae publicó en exclusiva el pasado viernes.
Ahora, este medio pudo conocer de fuentes oficiales que la magistrada no pidió permiso para entrar a los tribunales de San Isidro el domingo previo al inicio del juicio, cuando hizo parte de los inserts para el documental por el que es investigada, así como la entrevista. Ese día no estaba sola: iba acompañada de parte del equipo de la productora del audiovisual centrado en ella.
La solicitud de la fiscal Cecilia Chaieb, una de las tres que investigan a la jueza del escándalo, junto a Carolina Asprella y José Amallo; en la que pidió la información de los ingresos de ese 9 de marzo pasado fue para el juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela, a cargo de la Superintendencia.
La respuesta desde la Superintendencia no se hizo esperar: “Ni la Dra. Julieta Makintach, como así tampoco el resto de los magistrados y funcionarios que integran los Tribunales Departamental 2 y 3 Departamental, solicitaron permiso alguno para utilizar las instalaciones del palacio central de Tribunales en la fecha consignada”, reza el texto.
“Cabe destacar que el acceso de mención resulta ser exclusivo para magistrados y funcionarios, sin importar el horario o el día de acceso, toda vez que resulta ser el único ingreso al edificio central cuanto éste se encuentra cerrado al público, pero destacando que la custodia del edificio debe registrar en el libro de guardia todo ingreso fuera del horario o días inhábiles», completó el juez Cayetano Cayuela en la respuesta al requerimiento de la fiscal Chaieb.
Así como se lee, en la respuesta del magistrado consta que quien ingrese a los tribunales tiene que estar asentado en el libro de actas. Eso no pasó. En la foja no aparece ninguna incidencia, mas que los recorridos por el edificio de los policías a cargo del servicio ese día.
Este detalle, no menor, suma un capítulo más al cúmulo de “irregularidades” que sostiene la acusación en las que incurrió la jueza del escándalo. Ella, por su parte, ante su círculo íntimo, niega haber incurrido en alguna conducta indebida, dice que no existe delito alguno ni razones que justifiquen su apartamiento.
Justamente, algo que se pedirá este martes cuando se reanude el juicio será su recusación, incluso, que el juicio sea declarado nulo, como máximo. Por lo pronto, uno de los abogados querellantes pidió un veedor a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense.
Por lo pronto, fuentes consultadas por este medio contaron que sí hay varios cargos que encuadran dentro de vinculación al documental sobre su rol en el juicio. En el caso del ingreso y uso de los tribunales de ese 9 marzo, hablan de una malversación de caudales públicos.
También sugirieron las fuentes que le podrían caber los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario púbico, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su función pública, cohecho y hasta sustracción de medios de prueba.