Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado por el atentado a Cristina Kirchner en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta, sumó en las últimas horas una nueva condena. La Justicia porteña lo sentenció a cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por tener y distribuir material de abuso sexual infantil.
La investigación surgió a partir de un hallazgo realizado luego de su detención, el 1 de septiembre de 2022, cuando los agentes le secuestraron el teléfono celular. Adentro había una tarjeta de memoria. Y adentro de la tarjeta, una verdad inapelable: 119 archivos con imágenes explícitas de niños y niñas de muy corta edad, en su mayoría menores de 13 años.
De la totalidad de archivos, 17 eran fotos y 102 eran videos. Sin embargo, lo que se descubrió en la tarjeta de memoria no fue el único indicio. El análisis posterior reveló que al menos tres de esos videos habían sido enviados desde cuentas vinculadas al propio Sabag Montiel a través de la red social Instagram, en mensajes directos a una mujer.
Fue a partir de ese cruce de información que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, pudo probar que no se trataba solo de tenencia: había una intención clara de compartir ese contenido, según se desprende del fallo al que accedió Infobae.
La fiscalía supo que esos videos, que mostraban abusos a dos nenas y un nene menores de 10 años, habían sido distribuidos tras ser alertados por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), el centro estadounidense que rastrea a nivel global la circulación de material pedófilo.
Por medio de tres reportes, ese organismo dio cuenta de que ciertos contenidos habían sido difundidos desde cuentas vinculadas a un número de teléfono que estaba a nombre de Sabag Montiel.
El número había sido activado en abril de 2020 con sus datos personales y era el mismo que figuraba asociado a los perfiles desde donde salieron los videos. A partir de ese dato, los investigadores lograron reconstruir la actividad digital del imputado: tenía varios perfiles de Instagram con nombres distintos —“nandoaraya”, “fernandoektomorf13″ y “fernando_salim13″—, todos con su foto, y todos atados a ese mismo número. Cada uno había sido utilizado en distintos momentos para enviar el material.
Los envíos se hicieron en 2021, en al menos tres fechas: el 7 de marzo a las 13:58, el 19 de marzo a la 1:19 de la madrugada, y el 11 de agosto a las 3:23. Los tres archivos enviados fueron luego encontrados también dentro de la tarjeta de memoria que tenía en su poder al momento de ser detenido. Eso terminó de cerrar el círculo probatorio.
Pero había algo que no encajaba. Los videos habían sido enviados desde distintas direcciones de IP. ¿Cómo era posible? ¿Por qué cambiar de conexión? ¿Se trataba de una forma de ocultarse o simplemente de movimientos cotidianos? Esas preguntas se hicieron los investigadores.
La respuesta surgió tras un trabajo minucioso. Para cada envío, la fiscalía rastreó a qué domicilio estaba asignada la IP desde la cual se había conectado la cuenta. Luego, cruzó esos datos con información del entorno del acusado.
En el primer caso, descubrieron que la IP correspondía a una remisería del barrio porteño de Villa Pueyrredón, donde Sabag Montiel trabajó como chofer desde 2018 hasta principios de 2022. El dueño del local explicó que, durante las restricciones de la pandemia, los conductores se quedaban en la vereda o en la calle y que les permitía usar el WiFi del comercio para conectarse.
En el segundo caso, la IP estaba asignada a un domicilio en el barrio porteño de Chacarita, donde funciona un pequeño hotel. Al revisar los archivos de la tarjeta de memoria, los investigadores encontraron una imagen que mostraba una denuncia con ese domicilio. Más tarde, descubrieron que Sabag Montiel había vivido allí como inquilino entre marzo de 2020 y finales de la pandemia.
La administradora del lugar confirmó que, en la fecha del segundo envío, él todavía residía en una de las habitaciones. Además, explicó que la conexión a Internet del hotel dependía del servicio domiciliario del vecino lindero, quien había autorizado su uso.
La tercera conexión, ocurrida el 11 de agosto de 2021, fue desde una dirección IP ubicada en el partido bonaerense de General San Martín. Coincidía con el último domicilio registrado de Sabag Montiel antes de ser detenido.
El cruce entre todos esos datos—número de teléfono, cuentas de Instagram, archivos encontrados en la tarjeta, titularidad de las IP y confirmaciones sobre sus movimientos—permitió a la fiscalía concluir que fue él quien distribuyó ese material.
Con las pruebas irrefutables, el propio Sabag Montiel admitió los hechos. Durante la audiencia de juicio abreviado, reconoció su responsabilidad y aceptó la pena propuesta por la fiscalía.
Por eso, la jueza Julia Correa, a cargo del Juzgado N° 28, dictó la condena por los delitos de tenencia con fines inequívocos de distribución y distribución reiterada de material de abuso sexual infantil.
La pena se unificó con otra condena previa que pesaba sobre él, dictada en junio de 2023, y quedó establecida en cuatro años y tres meses de prisión efectiva.
La otra condena a Sabag Montiel
Antes de ser sentenciado por delitos vinculados al material de abuso sexual infantil, Sabag Montiel ya había recibido una condena por haber tenido en su poder, sin ninguna justificación válida, el documento nacional de identidad de otra persona.
Según ese fallo judicial, del TOC Federal Nº5 de San Martín, el DNI fue encontrado durante un allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el departamento que Sabag Montiel alquilaba en San Martín. El operativo se realizó seis días después del ataque a Cristina Kirchner, en el marco de la causa federal que lo investigaba por ese atentado.
El DNI hallado estaba a nombre de un hombre que lo había perdido cuatro años antes en un recital. El propio titular del documento declaró en el juicio que lo había extraviado en 2018, en el Hipódromo de Palermo, y que nunca se lo entregó ni autorizó a nadie a tenerlo. Como no lo encontró, debió tramitar uno nuevo.
Durante el juicio, Sabag Montiel dijo que había encontrado el documento tirado en la calle y que pensaba devolverlo, pero que no había logrado dar con su dueño porque no figuraba un domicilio claro. Sin embargo, el tribunal consideró que esa versión no era creíble.
Si bien el documento sí tenía una dirección al dorso, aunque era una zona del Delta sin numeración catastral, para los jueces, esa excusa no justificaba haberlo guardado durante días dentro de su casa. Por eso lo condenaron por el delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno.
La pena fue de un año de prisión. Esa sentencia fue la que ahora se unificó con la nueva condena por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
