Más del 80 por ciento de las violencias registradas en la provincia de Buenos Aires son intrafamiliares y se identifican como “como agresores en orden de prevalencia a padres, parejas de las madres, tíos, hermanos, abuelos, otros no especificados”. También aclara que, en más del 98 por ciento de los casos, los agresores son varones.
“El abuso sexual implica un daño inconmensurable, comparable con la tortura, que se extiende a lo largo de toda la vida en los casos que no son detectados y no se realiza un abordaje integral”, remarca el proyecto de ley presentado por la senadora Laura Clark, que antes partió del diagnóstico sobre la violencia contra chicas y chicos. Desde el bloque de Unión por la Patria, la legisladora pergaminense apunta a modificar y actualizar la normativa provincial vinculada a este delito penal contra las infancias. El objetivo es mejorar la prevención y abordaje ante un crimen que continúa creciendo año a año, también en la provincia.
Clark subraya que es un tema que nunca puede quedar fuera de la agenda. “Estamos en un contexto político y social donde hay cierta habilitación de discursos, pero también de un corrimiento de los adultos que fomenta el descuido de las infancias y adolescencias”, sostiene en diálogo con Buenos Aires/12.
“Hay una mal entendida libertad para todo, donde escuchamos al Presidente de la Nación durante la campaña diciendo que se podía vender hijos o cosas tan oscuras como usar como ejemplo a niños de jardines de infantes envaselinados”, recuerda la legisladora sobre los dichos de Javier Milei.
“Uno ve con preocupación los personajes que integran este frente político que gobierna el país, como el diputado misionera”, continúa su charla la senadora bonaerense. Hace referencia a Germán Kiczka, diputado provincial de Misiones que fue condenado por tener material de abuso sexual infantil en su computadora. Con pasado radical dentro de Juntos por el Cambio, integrante del partido fundado por el hijo del ex presidente Ramón Puerta, sus últimas vinculaciones políticas fueron con Patricia Bullrich y, luego, con legisladores y funcionarios nacionales de La Libertad Avanza.
Además de los discursos libertarios, Clark resalta que el desborde en la tecnología provoca una cadena donde una situación habilita a otra indefinidamente. “Hay cuestiones virtuales que potencian a otras, son acciones perversas que se potencian y de ahí al acto hay poca distancia”, afirma.
En este marco, el proyecto de la senadora que integra el espacio Nuevo Encuentro detalla que los datos del Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), que depende del Organismo Provincia de la Niñez y Adolescencia (OPNYA), la violencia sexual presenta un aumento sostenido entre 2010 y 2021. Entre 2016 y 2019, creció un 71 por ciento y, entre 2019 y 2021, un 17,7 por ciento.
No es una realidad ajena al mundo. Según un informe de septiembre de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citado en el texto de la iniciativa, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones declararon sufrir abusos sexuales durante su infancia. En el mismo sentido, el Estudio Global elaborado por UNICEF en el año 2014 estima que más de 1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia.
Por estas razones, el proyecto de Clark espera modificar la Ley provincial 12.807 para fomentar un abordaje integral ante todas las “situaciones que atenten contra la integridad sexual de cualquier persona menor de 18 años”. A su vez, propone sumar a las campañas de difusión jornadas de sensibilización y capacitación para trabajadores estatales en contacto con infancias y la creación de una Coordinación Interministerial que garantice la implementación de la norma y coordine el trabajo entre los distintos organismos bonaerenses.
Toda esta labor, subraya, la realizó junto a la organización feminista Mundanas, la cual lleva más de una década trabajando en políticas contra el acoso y abuso infantil. Recientemente, se pronunciaron en contra de la baja en la edad de punibilidad que impulsa la Cámara de Diputados de la Nación por mandato de Milei.
Público y no privado
Desde la mirada de la senadora Clark, el principal cambio en la mirada sobre el abuso sexual infantil es que pasó de evaluarse como una problemática de instancia privada para ser pública. Bajo esta premisa, la legisladora sostiene que la ley busca que se brinden herramientas para detectar los abusos, “aprender a escuchar”, contener y cuidar a las víctimas ante un proceso judicial complejo.
“Hablamos de un abordaje integral porque tiene que ser coordinado entre distintos organismos del Estado, desde ministerio hasta la Justica, donde hay que escuchar y creerle al niño y adolescente, donde muchas veces se tienen que hacer pericias ante la denuncia y tienen que ser afectuosas, por lo que considero muy importante tener jornadas que nos sienten a pensar y producir instrumentos para atender estas situaciones”, explica la legisladora.
A su juicio, y más allá de que predominan los casos en la vida intrafamiliar, aclara que también suceden en escuelas, clubes o iglesias. “Siempre hay que estar atentos”, dice. Por ende, remarca que la ley de Educación Sexual Integral es una “aliada” de su propuesta.
“Los abusos no disminuyen en las estadísticas y siempre está eso de que ahora se denuncia más, pero eso es lo positivo”, resalta. “Cuando hay un clima social y político que es adverso a los cuidados de la comunidad, pero específicamente de los niños, niñas y adolescentes y se habilitan cuestiones que son nocivas para los vínculos sociales, es más necesario fortalecer el trabajo desde lugares de representación”, indica.
Con este contexto de por medio, Clark afirma que el Estado tiene que ser “fuerte, firme y pedagógico”. “Es importante que desde el Poder Legislativo se derrame hacia a la sociedad un mensaje de esto está mal”, apunta. “Ha sido muy largo el recorrido social, legislativo y judicial para que esos abusos sean denunciados con mayor frecuencia, y esto queremos apuntalarlo con un acompañamiento amoroso, sin revictimización y donde se les crea a las madres”, reflexiona la senadora oriunda de Pergamino.
Su postura sobre el rol del Estado propone un antagonismo con el gobierno de Milei, desde el cuál hubo un “desfinanciamiento transversal a cada programa que aborde las infancias, a los sueldos de los docentes, a los recursos de los centros de salud, porque, precisamente, es un tema transversal”.
Explica que esta ley no requiere un financiamiento importante porque trabaja sobre estructuras existentes y tiene un mínimo requerimiento financiero. “Demanda decisión política y darle centralidad a esta agenda con un Gobierno nacional donde, justamente, no hay centralidad para ninguna política que amplíe derechos y sólo se recortan”, agrega.
La iniciativa
El proyecto impulsado por Clark y que también lleva la firma de la senadora de Almirante Brown, María Rosa Martínez, remarca que para iniciar un necesario proceso de reparación es necesario “un abordaje específico e integral, que implica una detección temprana de la situación de abuso y una agenda profunda en la prevención de los mismos”. “La falta de capacitación redunda en una detección tardía de los casos, tratamientos re victimizantes, descreimiento al relato del NNyA, subestimación de los indicadores, minimización de los hechos y/o el daño ocasionado, entre otras”, señala.
Sostiene que todos los adultos que forman parte de las instituciones por las que los niños transitan “son responsables de garantizar sus derechos, por lo cual resulta indispensable la debida capacitación y formación específica en el tema”. “Las intervenciones correspondientes de las diferentes áreas de asistencia: psicológica, legal, y social”, indica y aclara que es “indispensable” que el modo de abordaje de estos temas incorpore la perspectiva de género.
La iniciativa propone una adecuación terminológica, entendiendo las dificultades para de la prevención de un delito anclado a “prácticas estructurales de una sociedad patriarcal”. Incorpora la Ley N° 27.455 que modifica el artículo 72 del Código penal y pone como acciones de instancia privada los artículos 119, 120 y 130 que refieren a la pena de cárcel por abuso sexual contra menores. A su vez, cambia “abuso sexual contra un niño, pornografía infantil o prostitución infantil” del texto original por situaciones que atenten contra la integridad sexual de cualquier persona menor de 18 años.
En todo momento se mantiene el espíritu de obligatoriedad de denuncia ante la toma de conocimiento de un abuso enmarcado en la Ley N° 27.455. En paralelo, se incorpora el artículo 3 bis con los objetivos de la norma. Entre ellos, brindar herramientas para la detección y abordajes situados de las situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes; propender a la sensibilización y la concientización a la comunidad en general; y reconocer el abuso sexual en la infancia como una forma de violencia de género.
En el artículo 4, indica el texto de Clark, se incorpora una modificación respecto de las campañas de difusión, reemplazándolas por Jornadas de sensibilización, concientización y capacitación al menos dos por año. En el sexto, se incorpora la perspectiva de abordajes integrales a la atención de estos casos, con equipos interdisciplinarios.
Además, se suma un artículo que crea la Coordinación Interministerial para “garantizar la implementación integral y coordinada entre organismos y el seguimiento del estado de avance”. Estará compuesta por representantes de los ministerios de Mujeres y Diversidad; Salud; Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos; y la Dirección General de Cultura y Educación.
