Cada 8 de mayo, desde 2013, se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. La fecha fue establecida por la Ley 26.811 en memoria de las víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y de quienes luchan por justicia. En ese marco, la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) organizó una actividad que reunió a familiares de víctimas de gatillo fácil para debatir sobre el componente racial de la violencia institucional.
El conversatorio titulado “Violencia Institucional es Racismo” se llevó a cabo el jueves 8 de mayo en el Espacio Malcolm, en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron Lilia del Valle Saavedra, presidenta de la Fundación VEI y madre de Ramón “Sugus” Santillán, asesinado por un gendarme en 1999; Eugenia Vázquez, integrante de Todos los Familiares de Varela y hermana de Andrea Viera, asesinada por policías bonaerense en 2002; y Federico Pita, presidente de DIAFAR.
La jornada no solo sirvió para compartir testimonios y análisis, sino también para visibilizar cómo el racismo atraviesa estructuralmente las prácticas violentas del Estado. En un Espacio Malcolm colmado, el conversatorio comenzó pasadas las 18 hs. Tras las presentaciones, la primera en tomar la palabra fue Eugenia Vázquez. Compartió con crudeza el recorrido que debió afrontar para exigir justicia por su hermana Andrea. “Demasiados juicios, pocas condenas”, sintetizó. Vázquez subraya cuando cuenta sobre la detención arbitraria de su hermana y su cuñado: “Eran morochos, pobres y jóvenes. Por eso los detuvieron, por eso la mataron”.
Luego, Lilia del Valle Saavedra relató su experiencia tras el asesinato de Sugus. “El caso de Sugus fue uno de los primeros en tener un juicio oral por gatillo fácil. Si bien hubo condena, no hubo justicia. Fue a medias”, explicó. Sin embargo, no todo fue desazón. Con su habitual tono sereno, dejó un mensaje que conmovió a quienes estaban presentes: “La lucha comienza en soledad pero rápidamente se hace colectiva”.
Ambas coincidieron en una misma crítica: el sistema judicial argentino niega de manera sistemática el perfilamiento racial. Lilia lo expresó con claridad: “Cuando tengamos la madurez para hablar de racismo vamos a poder cambiar las cosas”.
El cierre estuvo a cargo de Federico Pita, quien afirmó: “Es un sistema que funciona para poner a los negros y a las negras en caja y sembrar terror”.
La fecha no es casual. El 8 de mayo de 1987 tuvo lugar la Masacre de Budge, uno de los hechos más emblemáticos de violencia institucional en tiempos democráticos. Ese día, Agustín Olivera de 26 años, Oscar Aredes de 19 y Roberto Argañaraz de 24, fueron asesinados por suboficiales de la Policía Bonaerense mientras estaban en una esquina de la localidad de Ingeniero Budge. El caso desató una movilización inédita en el país y marcó un punto de inflexión al instalar el término “gatillo fácil” en la agenda pública. A partir de ese hecho, y con la lucha incansable de organizaciones de derechos humanos, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.811, que estableció el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional.
DIAFAR viene trabajando sostenidamente esta problemática desde hace años. En el marco de su 15º aniversario, lanzó la campaña “Gatillo Fácil es Racismo”, que incluye intervenciones callejeras, actividades públicas y encuentros como el del pasado miércoles. Además, el lunes 5 de mayo, representantes de la organización mantuvieron una reunión con Tracie Keesee y Víctor Rodríguez Rescia, dos de los tres integrantes del Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley (EMLER) de las Naciones Unidas.
Este mecanismo fue creado en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Su mandato es observar y evaluar las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas afrodescendientes, en especial los casos de uso excesivo de la fuerza. Desde entonces, EMLER realiza visitas en terreno y elabora informes con recomendaciones dirigidas a los Estados.
Nombrar el racismo como parte estructural de la violencia institucional no es solo una urgencia política, es una deuda histórica. Y como lo dejaron claro las voces que se escucharon en el Espacio Malcolm, esa deuda no va a ser saldada desde el silencio ni la negación, sino desde la organización, la memoria y la lucha colectiva.
