Desde que empezó el año, el Observatorio contra la violencia patriarcal Lucía Pérez lleva contabilizados 102 femicidios. “Casi uno por día”, dice a Las12 la periodista Claudia Acuña, directora del Observatorio.
“Pero la dinámica de estos crímenes hace que ya cuando vayas a publicar esto quede desactualizado, hay que contar uno por día. Esta es una dinámica de genocidio por goteo que no hemos logrado detener”, detalla. El equipo que lleva adelante el Observatorio es grande y cuenta con la asesoría legal de Cristina Monserrat, reconocida por sus luchas a favor de la Comunidad LGTBIQ+ y la coordinación de Anabella Arrascaeta.
“Se nos van las vidas de nuestras amigas, compañeras y vecinas. Cuando fue la primera marcha de Ni Una Menos llevamos el padrón público a la calle. Estaba Diana Sacayán entonces poniendo nombres en el padrón y al padrón siguiente su nombre era el que se escribía y la que lo estaba colocando era su sobrina”, recuerda Acuña. En 2025 ya hay 51 infancias huérfanas y muchas de esas infancias, además de haber perdido a sus madres, fueron testigos de los femicidios. “Cada femicidio afecta e impacta en todo un tejido social, en particular en las infancias, pero después vos ves también a todo el núcleo familiar, y a las personas, vecines, compañeres de trabajo que se destruye”, explica Acuña. Por eso, para ella, cada femicidio sería una oportunidad para sentarse a construir el nunca más en cada territorio, pero nada de eso se trabaja.
Una de las salidas posibles es que los femicidios se tomen en serio como políticas de Estado. “Se sigue tomando como si fueran crímenes pasionales; en los diarios ya no figura así, pero para los estados provinciales, municipales y nacionales sigue siendo un tema que no compete al resto de las instituciones”, explica Acuña. La responsable del Observatorio, que además trabaja junto a un gran equipo acompañando a las familias víctimas de femicidios y violencias, se pregunta, después de todo, a qué llamamos justicia, qué significa para las familias víctimas de femicidio. Muchos de los femicidios son llevados adelante por lo que desde el Observatorio llaman parentales: un ex novio, el marido, el ex marido, las parejas. Dentro de esos casos se encuentran también los femicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, con sus armas reglamentarias. “Ahí hay una responsabilidad doble del Estado, esto ya lo marcó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de Olga del Rosario Díaz. Y en esos casos no hay ningún espacio de formación para manejar las violencias que ejercen dentro de la familia”, dice Acuña.
Las veces que el Observatorio acompañó a las familias víctimas de femicidios a la Casa Rosada, Claudia recuerda que desde los cordones policiales formados por mujeres se escuchaba “nosotras podemos ser las próximas”: “Cuando escuchamos eso, nos quedamos charlando con ellas y nos dijeron que no había ningún espacio de formación, que les daban las arman sin ninguna preparación”. En tercer lugar, se encuentran los femicidios territoriales, es decir, aquellos que están ligados al narcotráfico y a las impunidades previas que hay en esas zonas y que generalmente involucran a las fuerzas de seguridad y al propio Estado, “en tanto está metida la policía y también muchas veces la fiscalía por su relación con el narco menudeo y la forma que tiene la narco-criminalidad en los territorios periféricos, como es el caso de Natalia Melman que fue hace 20 años y se llevó también la salud de sus padres”.
En el caso de Luna Ortiz, la joven de 19 años que fue asesinada en Tigre en 2017, nunca clasificaron su crimen como femicidio y hay cámaras de seguridad donde se ve cómo la violaban hasta que murió y el único cargo que le dieron fue de abandono de persona. “Y esa persona está libre hoy, viviendo a dos cuadras de la casa de la familia de Luna y ellos siguen intentando lograr justicia, ya no por su hija, sino por las otras chicas que están ahí y obviamente para las cuales esta persona sigue siendo una amenaza. Es lo mismo que el caso de Lucía”, explica Acuña.
El Observatorio acompañó también a la familia de Cecilia Basaldúa, la joven que fue asesinada en Córdoba durante la pandemia: “Hace pocos días se cumplieron 5 años y el crimen sigue impune”. “Cada vez que escuchás hablar a Marta (la mamá de Lucí), a Susana, (la mamá de Cecilia), es escuchar la voz de de un barrio y de las periferias, porque ahí están, por algo tienen alrededor de sí un movimiento social impresionante, como lo demuestra, en el caso de Lucía, que toda la diversidad sexual de Mar del Plata, inmediatamente encontró el abrazo en la mamá de Lucía”, dice Claudia.
En el caso de Cecilia Basaldúa, Claudia recupera al movimiento plurinacional feminista, “que es riquísimo y amplísimo, incluye a las sobrevivientes de la dictadura y a pibas muy jóvenes y están todas moviéndose porque justamente son las que más sufren en esos territorios. La lucha principal es contra la impunidad y la violencia de esos territorios en los que sabemos que siempre el Estado es responsable”.
