La corporación Meta Platforms Inc., compañía madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue multada el año pasado por tres agencias gubernamentales diferentes por no cumplir con la normativa nigeriana. Las sanciones fueron impuestas por la FFCCPC (Comisión federal de protección de la competencia y del consumidor, por sus siglas en inglés) por supuestas prácticas anticompetitivas, por el ARCON (Advertising Regulatory Council Of Nigeria, ente regulador de la publicidad) por publicidades no aprobadas y por el NDPC (Comisión nigeriana para la protección de datos) por supuestas violaciones a las leyes de privacidad vigentes.

A pesar de que ya había sido multada en otras ocasiones por violaciones parecidas, por ejemplo, por la Unión Europea, Corea del Sur, e incluso por el estado de Texas, Meta se negó a pagar las multas y apeló las sanciones ante la corte federal nigeriana, argumentando que los requerimientos establecidos por la normativa no eran realistas. Más aún, en lugar de pagar de inmediato y sin queja alguna como con la Unión Europea, amenazó con dejar el país. En su presentación legal, el gigante de las redes sociales sostuvo que de tener que pagar las multas “se vería obligado a cerrar sus operaciones de Facebook e Instagram para mitigar el riesgo de las medidas aplicadas”.

Esta insinuación no es un comentario menor sino una forma de ejercer presión sobre el gobierno nigeriano para que flexibilice los requerimientos de acuerdo a los intereses de Meta. Es que en la economía nigeriana, cuyo mercado interno gira en torno a las PYMES, las redes sociales como Facebook e Instagram resultan clave para pequeños comercios y emprendedores como plataformas online para publicitar, difundir, distribuir y vender sus productos y servicios.

Sin embargo, en defensa de su soberanía digital, hace unos días la justicia nigeriana falló a favor de los entes reguladores, sostuvo los montos de las multas (alrededor de 300 millones de dólares) y le dió a la compañía estadounidense hasta finales de junio para pagar lo adeudado y ponerse en regla.

Esta disputa vuelve a poner en evidencia, además de la necesidad de desarrollar plataformas tecnológicas locales, la posición de vulnerabilidad en la que pueden quedar los pueblos frente al poder y la prepotencia de las corporaciones, especialmente cuando éstas intentan imponer sus intereses por encima de las leyes nacionales. No obstante, cuando existe una voluntad política firme para defender la soberanía digital, como lo demuestra la decisión del poder judicial nigeriano, esa asimetría puede ser enfrentada. Con más de 200 millones de habitantes, Nigeria es la mayor economía y el país más poblado de África. Si logra hacer cumplir las sanciones o deja ir a Meta sin ceder a la presión, tal como lo han hecho Sudáfrica, Camerún y Namibia con Starlink y Brasil con X (antes Twitter), sentará otro gran precedente en la lucha por la regulación de las grandes corporaciones tecnológicas, especialmente en el sur global.

 

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