La antesala del cónclave vaticano para elegir a un nuevo Papa enfrenta otro escándalo. El cardenal peruano Juan Luis Cipriani, quien fue sancionado por Francisco tras estar involucrado en un presunto caso de abuso sexual, se hizo presente en las congregaciones generales que tienen lugar en estos días.
Cipriani, de 81 años, arzobispo emérito de Lima y el primer purpurado de la historia del Opus Dei, había sido sancionado por el Vaticano en 2019. Las restricciones disciplinarias que se le impusieron fueron el exilio de su país, la prohibición de llevar símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas.
Por su edad no puede entrar al cónclave pero, a pesar de tenerlo prohibido, apareció en las congregaciones generales ataviado con las vestiduras que se le habían prohibido. Es más, en una clara actitud de desafío a las órdenes de las autoridades vaticanas y del propio Papa fallecido, fue a rezar a la tumba de Francisco el día en que todos los cardenales se congregaron en la basílica de Santa María la Mayor.
El arzobispo emérito de Perú es uno de los íconos del ultraconservadurismo católico. En su país no sólo se lo conoce por su intolerancia y actitudes de confrontación sino también por su inclinación hacia las pompas del poder, sus cuestionamientos a los derechos humanos, su apoyo a políticos involucrados en casos de corrupción y fujimorismo declarado.
La controversia más grave es que Cipriani no podría haber accedido por voluntad propia a las herméticas actividades vaticanas de estos días si no fuese porque alguien o alguna institución lo invitara a entrar.
Al ser consultado sobre el tema, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que “no tenía indicaciones” sobre el tema y se comprometió a informarse al respecto.
El caso de Becciu
La presencia del cardenal acusado por delitos sexuales no es el único escándalo que sacude por estos días al Colegio Cardenalicio.
El cardenal italiano Angelo Becciu, a quien Francisco había destituido por fraude fiscal, se presentó como si nada en la primera asamblea de cardenales a pesar de estar despojado de todos los privilegios como purpurado, inclusive el de participar en la elección del nuevo pontífice.
Becciu, de 76 años, fue formalmente condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por delitos financieros. Fue el primer religioso con ese rango en ser juzgado por un tribunal penal del Vaticano. Pero antes, en 2020, Francisco le había quitado sus “derechos asociados al cardenalato”.
Se comprobó que había comprado un edificio en el corazón londinense, en Sloane Avenue, una antigua sede de las galerías Harrods en el exclusivo barrio de Chelsea. Pero, además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros, como donaciones de 125 mil euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, su lugar natal, y que en ese momento presidía uno de sus hermanos.
La sanción a Cipriani
Con el peruano Cipriani, las penas fueron más graves porque, además, se trataron de los delitos que el papa Francisco decidió encarar con “tolerancia cero” hacia los casos de abuso.
Luego de ser sancionado por Francisco, el Vaticano había hecho públicas las sanciones que se le impusieron a Cipriani “como resultado de las acusaciones contra él”. Inclusive se informó que el cardenal aceptó las medidas.
En una carta de respuesta a ese comunicado de la CEP, Cipriani expresó su “sorpresa y dolor” por las penas y negó haber cometido los delitos que se le adjudicaron. “Se dan por ciertos unos hechos no probados”, alegó.
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) también confirmó las sanciones y agregó que “el Santo Padre ha tratado al cardenal Juan Luis Cipriani con exquisita caridad pastoral y ha procedido uniendo la justicia y la misericordia”.
Otra particularidad que viene al caso: Cipriani fue nombrado cardenal junto con Jorge Bergoglio. Ocurrió en el octavo consistorio convocado por Juan Pablo II, realizado en febrero de 2001, en el que diez prelados latinoamericanos fueron elevados al rango de purpurados.
Por entonces, el peruano era del arzobispo de Lima y amigo personal del expresidente Alberto Fujimori, quien durante su gobierno le había encomendado negociaciones con el grupo guerrillero que había tomado la embajada japonesa de Lima en 1997 y que terminó con una masacre en la que hubo fusilamientos por parte del Ejército.
