El “Operativo Roca”, iniciado la semana pasada en Salta, sumó una nueva polémica tras la revelación de Clarín de que los militares movilizados podrán realizar aprehensiones transitorias de civiles que cometan delitos en flagrancia.
La medida surge de las denominadas “reglas de empeñamiento” secretas de la resolución 347 firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri.
Según el documento reservado, los soldados tienen permitido “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las fuerzas de seguridad, al juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal”.
Aunque el Gobierno nacional argumenta que esta medida se respalda en el Código Procesal Penal de la Nación, distintos especialistas advierten que podría chocar con las leyes vigentes de Seguridad Interior y Defensa Nacional.
El ministro Petri defendió la iniciativa asegurando a Clarín que “la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier autoridad o incluso por una persona común”. Sin embargo, ex ministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advirtieron que estas normas colisionan con el marco legal actual.
“Si, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de lado van a estar”, expresó luego el ministro Petri a través de su cuenta de X.
“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, por que acá algunos se escandalizan?”, añadió el ministro en un segundo posteo en la red social
Qué dicen las reglas de empeñamiento
Las Reglas de Empeñamiento son directrices que indican cómo los militares deben proceder en situaciones de riesgo. Entre los principales puntos se destacan:
Detención transitoria de civiles en flagrancia, dando aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o a la Justicia.
Restricción del uso de la fuerza únicamente en casos de legítima defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente a la vida o integridad física.
Uso de armas de fuego regulado en tres niveles:
- Nivel 1: cargador colocado, sin cargar y en seguro.
- Nivel 2: cargador colocado, cargado y en seguro.
- Nivel 3: cargador colocado, cargado y sin seguro (en situaciones de peligro).
Prohibición de disparar contra vehículos o personas que intenten huir de controles, aun si existen sospechas fundadas.
Preferencia por técnicas de disuasión: primero presencia física, luego órdenes verbales firmes y, en último recurso, técnicas físicas o disparos de advertencia.
Estas normas buscan replicar los principios aplicados a las fuerzas policiales: necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza.
Preocupación
A pesar de los protocolos establecidos, las órdenes secretas generaron preocupación en el propio ámbito militar. Según fuentes castrenses citadas por Clarín, el temor no radica tanto en los narcos o contrabandistas que podrían enfrentar, sino en la posibilidad de enfrentar juicios civiles o penales derivados de accidentes o procedimientos mal ejecutados.
Además, varios oficiales señalaron que la resolución ministerial no especifica claramente la cadena de mando ni define con precisión el rol de las Fuerzas Armadas frente a las Fuerzas de Seguridad.
Aunque el documento habla de “complementar” a Gendarmería y Prefectura, en la práctica los límites de acción no están bien delimitados, lo que expone a los soldados a eventuales conflictos legales si se exceden en sus atribuciones.
También preocupa la falta de respaldo legal: el “Operativo Roca” fue dispuesto mediante una resolución ministerial y no por un decreto presidencial ni una ley específica, como sucedió con operativos anteriores.
Dificultades para cumplir con el operativo
El ministro Luis Petri prometió desplegar 10.000 militares durante 2025, pero fuentes del Ejército advirtieron que esto es materialmente imposible con el personal disponible:
- 6.500 oficiales,
- 24.000 suboficiales,
- 18.000 soldados voluntarios en todo el país.
Actualmente, los efectivos movilizados representan un 25% del personal operativo del Ejército.
Además, los soldados perciben salarios un 30% inferiores a los de la Gendarmería o Prefectura, lo que agrava la situación en operativos prolongados que exigen altos recursos logísticos y humanos.
Un debate de fondo
El “Operativo Roca” revive una vieja discusión: la necesidad de actualizar las leyes de Defensa y Seguridad Interior, sancionadas en los años ’80 y ’90.
Tanto sectores del radicalismo como especialistas en defensa consideran urgente reformar el marco legal para definir claramente el uso interno de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad, evitando confusiones y riesgos legales.
FUENTE: el tribuno
