El Ministerio de Salud de Salta confirmó que el Gobierno nacional contrató “a la empresa privada Los Lapachos” para “ejecutar las auditorías” que a los beneficiarios de las pensiones no contributivas, medida que la Nación decidió con el argumento de que debe asegurarse de quienes las reciben cumplen con los requisitos.
Hasta ahora reina la confusión en la provincia, la semana pasada a los beneficiarios que iban a averiguar a la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la ciudad de Salta, les indicaban que debían ir a los hospitales públicos a buscar la certificación, pero en muchos de estos hospitales tampoco había información sobre el procedimiento que deben llevar a cabo.
Por caso, en el Hospital San Bernardo se confirmó que allí solo se hacen los estudios a quienes recién inician el trámite para recibir sus pensiones y los certificados médicos se otorgan “exclusivamente para los pacientes que son del Hospital”.
Además, para poder realizarse estos estudios y obtener un certificado de este Hospital, las personas deben contar con un turno, algo que hoy en día es “muy complicado conseguir”. Por eso desde el Hospital se sugirió que los interesados asistan a los Centros de Salud o, si les es posible, a consultas de medicina privada.
Asimismo, desde este Hospital se subrayó que en las carta documentos que les están llegando a las personas con pensiones por discapacidad “dice dónde se deben presentar” e indefectiblemente “deben ir a ese lugar y llevar todos los papeles que les piden”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Salta, a cargo de Federico Núñez Burgos, pidió que se tomen medidas para garantizar que los beneficiarios puedan garantizar su situación.
“Esta Defensoría ha tomado conocimiento de numerosas situaciones que dificultan el acceso real y efectivo de las personas beneficiarias a los medios de notificación y cumplimiento de los requisitos solicitados”, advirtió la Defensoría.
Este organismo recordó que muchos de los beneficiarios carecen de medios electrónicos, no reciben correspondencia física en sus domicilios, o no pueden trasladarse fácilmente a las sedes de atención presencial por razones de salud, económicas o geográficas.
Añadió que “otra grave dificultad detectada es la demora que en muchos casos ocurre en la atención médica en los Centros de Salud fijados para el control y presentación de la documentación solicitada, especialmente vinculada a la saturación del sistema prestacional con la gran cantidad de beneficiarios que requieren simultáneamente las atenciones mencionadas”.
Además, el hecho de que haya una sola oficina de ANDIS en la ciudad “genera deficiencias en la información y dilación en los trámites exigidos para los beneficiarios”.
La Defensoría solicitó establecer canales de notificación alternativos, que se realicen visitas domiciliarias o notificaciones vía personal de salud o trabajadores sociales localizados en territorio. Incorporar controles médicos domiciliarios o en su defecto, sin necesidad de traslados extensos hacia capitales provinciales u oficinas distantes.
También pidió habilitar prórrogas automáticas o renovaciones excepcionales en casos debidamente justificados por médicos o profesionales de atención primaria; articular con organismos provinciales, municipales y Defensorías del Pueblo para garantizar el acceso digital y la carga de documentación en los plazos establecidos, así como generar campañas de atención sectorizadas en los distintos puntos de la ciudad y de la provincia para la realización de los controles médicos exigidos o para brindar información más inmediata a los beneficiarios.
Sin necesidad de nuevos estudios
El Ministerio de Salud de la provincia, por su parte, sugirió a los ciudadanos citados para la auditoría reunir toda la documentación médica para presentarla al auditor privado cuando se lo requiera. “Se enfatiza que no es necesario realizar nuevos estudios hasta que el profesional de la empresa Los Lapachos lo indique, ya que no podrán acceder a un turno para un estudio específico, sin el pedido médico pertinente”, se confirmó.
La cartera de Salud reconoció que son numerosas las consultas respecto a estudios y procedimientos que son inherentes al trabajo del auditor privado. Es por ello que este Ministerio afirmó que se va a solicitar a la empresa Los Lapachos, que sería de Jujuy, “que se comunique directamente con los intendentes de cada municipio de la provincia” para coordinar la realización de auditorías en espacios más accesibles para la población local.
Preocupados y sin respuestas
Los senadores manifestaron nuevamente su preocupación en la sesión de la Cámara del jueves último y solicitaron otra vez una prórroga para la presentación de los certificados exigidos en la auditoría. Y aunque alguno amenazó con ir a la Justicia, hasta ese jueves parecían tan desorientados como los beneficiarios respecto de los pasos a seguir.
Por ahora, las únicas auditorías que fueron suspendidas son los beneficiarios de pensiones no contributivas que residen en el departamento Rivadavia. La decisión se tomó luego de un pedido de la provincia, que reaccionó ante los reclamos de los beneficiarios de la zona que en medio de la catástrofe de la inundación provocada por los desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo fueron intimados con cartas documento para comparecer a verificar su discapacidad.
El gobierno nacional corroboró su ignorancia respecto de la geografía salteña al enviar cartas documento para que algunos beneficiarios se presenten a 500 kilómetros de sus lugares de residencia. Además, en algunos casos, hay grandes accidentes geográficos entre el lugar de residencia del beneficiario y el lugar a donde debe realizarse los estudios, con lo cual se agiganta la distancia. Por ahora, se desconoce si esta situación fue subsanada.
