Al igual que en otros casos de corrupción, el escándalo que involucra al ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio tiene una sociedad creada a la medida de un negocio millonario. La Justicia investiga a Mobmenza Desarrollos SRL, constituida únicamente para comprar un edificio donde funcionaban las oficinas de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial. La sociedad fue creada apenas 24 horas antes de la operación. Pero no es todo: los “dueños” de esa SRL son una empleada doméstica y un empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los investigadores consultaron los registros de la ANSES y terminaron descubriendo que la mujer trabajaba en la casa de Matías Desio, hermano de Sebastián Desio, el empresario beneficiado con un contrato millonario para tramitar las VTV.
La maniobra aparece mencionada en la imputación de D’Onofrio y otras 15 personas, ordenada este semana por el fiscal Alvaro Garganta. Esa resolución destaca que “las vinculaciones irregulares entre funcionarios del Ministerio de Transporte y Sebastian Desio se ampliarían a la locación del inmueble donde actualmente se erige la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, ubicado en calle 6 entre 44 y 45 de La Plata”. En realidad, según pudo saber Infobae, el edificio fue “vaciado” hace dos meses, cuando las nuevas autoridades de Transporte descubrieron la maniobra irregular. Actualmente, solo hay una consiga policial.
Según consta en el expediente, el edificio pertenecía desde 2006 a la inmobiliaria platense López Gastesi Propiedades. Pero en agosto de 2024 lo compró Mobmenza Desarrollos SRL. La escritura fue anotada en el registro de la Propiedad el 5 de septiembre de ese año. A partir de ese momento, el Ministerio de Transporte pasó a ser inquilino de esa sociedad.
Tras la salida de D’Onofrio, salió a al luz que la empresa había sido creada un día antes de adquirir el inmueble, y que tenía dos “socios”: Bernardo Ruben Moreno y Florencia Alejandra Mendoza Samudio.
Una consulta rápida con bases de datos comerciales determinó que la mujer es empleada doméstica y beneficiaria de los planes AUH-Asignaciones Familiares; Programa Hogar (plan garrafa); y Refuerzo de Ingresos y Asignación Universal por Hijo. Todo indica que se trata de una prestanombres.
Un segundo chequeo con registros de la ANSES arrojó otro dato sorpresivo: la persona que hace los aportes de Mendoza Samudio como empleada doméstica es Carolina Bucchino, esposa de Matías Desio y cuñada de Sebastian Desio, el empresario que militaba para D’Onofrio y terminó “ganando” una licitación millonaria para la TVT. Su firma, “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, se encarga de asignar los turnos para todas las verificaciones. A cambio recibe una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
“En el expediente demostramos que fue una licitación regular. El porcentaje que se cobra es menor al que se paga en la ciudad de Buenos Aires”, le dijo a este medio el abogado de Desio, Marcelo Peña. Sin embargo, el fiscal lo imputó como partícipe necesario del delito de cohecho pasivo.
La Justicia sospecha que fue una licitación a la medida de Desio, quien trabaja en una empresa informática y desde que se sumó a las filas de D’Onofrio y del massismo se convirtió en un empresario exitoso.
La operación inmobiliaria para la compra del edificio de la calle 6 tiene otro dato llamativo: la sociedad utilizada, Mobmenza Desarrollos SRL, constituyó un domicilio en la calle 137 al 1480. En ese mismo lugar funcionaba la inmobiliaria de la familia Desio.
El fiscal Garganta hizo un operativo en la sede de la empresa y se llevó todos los libros contables.
Ante una consulta de este medio, el abogado de Sebastián Desio aseguró que su empresa, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, “es ajena a la faz lucrativa del inmueble” donde funcionaba el Ministerio de Transporte, y que la inmobiliaria “ya no funciona en ese domicilio”. Otro movimiento tardío para intentar borrar las huellas de una maniobra muy desprolija.
Imputación por la causa de las multas y la VTV
La situación judicial de D’Onofrio está cada vez más complicada. Esta semana, el fiscal Garganta lo imputó formalmente por la maniobra con las multas y la VTV, que estaban bajo su órbita. No es el único apuntado. En la mira hay funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector. En total, fueron imputadas 16 personas.
En la lista aparecen la concejal Pombo (sigue en su cargo), el juez de faltas Mario Quattrocchi, Pablo Javier Sanguinetti (ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial), Tomás Uthurriague (ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV), Sebastian Desio (presidente de la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”), varios empleados del juzgado de Faltas de La Plata, y siete empresarios vinculados a las empresas de VTV.
Esa causa arrancó en 2023. Durante la investigación, el fiscal detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas. Un grupo de funcionarios que dependían de D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como “gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó a Transporte, contaba con la participación de varios jueces de faltas. Entre los imputados aparece Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata.
La segunda maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). La resolución destaca que ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la a empresa de Desio.
El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. Para el fiscal, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”.
El dato surgió de un informe que aportó el Ministerio de Transporte bonaerense, ahora a cargo de Martín Marinucci, el sucesor de Jorge D’Onofrio. Ese documento determinó que en la provincia de Buenos Aires hay 1404 cinemómetros, de los cuales 155 fueron provistos por CECAITRA y registran “SIN ACTO ADMINISTRATIVO por lo que se entiende que carecen del certificado de conformidad respectivo”.
La empresa se defiende. Asegura que todos los radares están habilitados. Su red de influencias llega a decenas de municipios. En cada uno de esos lugares hay concejales y funcionarios preocupados.
D’Onofrio también está imputado por lavado de dinero. Ese expediente está en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien esta semana allanó una financiera en el Microcentro donde se incautaron $ 62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112 mil reales. El operativo es una continuidad de un operativo que se hizo, en enero, en otra financiera que funcionaba en el hotel Sheraton) de Pilar.
La hipótesis que siguen los investigadores es que en ambas financieras “circuló dinero de las actividades ilícitas”.
