La fiscalía pidió ocho años de prisión para Marcos Herrero, en el proceso por el cual se lo acusa de plantar pruebas truchas para incriminar a policías bonaerenses en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, ocurrida en Bahía Blanca en plena pandemia de coronovirus, durante 2020.
El fiscal federal Gabriel González Da Silva solicitó esa pena contra Herrero, por mentir e intentar desviar la investigación, inventando falsos positivos de sus perros Yatel y Alcón. El accionar de Herrero siempre fue sospechoso para los expertos en odorología. Ningún rastro dura más de 48 o 72 horas.
Aún así, Herrero llegaba a meses de cometido un crimen y siempre encontraba un nuevo rastro. Herrero ya cumple una condena con prisión domiciliaria por el mismo delito y tiene además otras causas en trámite en los tribunales de Santa Cruz, Mendoza y San Martín, provincia de Buenos Aires.
Concluidos los alegatos, tanto de la querella como de la defensa, el juicio entra ahora en fase de deliberación. El fallo se dará a conocer después del feriado de semana santa, el próximo lunes 22 de abril.
Herrero, un policía rionegrino residente en Viedma, que finalmente fue exonerado de esa fuerza, se presentaba ante los medios y familiares de víctimas de crímenes como adiestrador canino. Se hizo famoso en aquellos años por los “hallazgos” de sus perros en varios casos, antes de recalar en Bahía Blanca.
En el caso Facundo coincidieron una serie de factores, que contribuyeron a darle a Herrero una notoriedad que nunca había logrado hasta entonces. Por un lado, la cuarentena debida a la pandemia expandió el público de los canales de noticias.
Por otro, sectores de la oposición al gobernador, especialmente del radicalismo local utilizaron el caso para convertir a Astudillo Castro en “el Santiago Maldonado” de Kicillof y de su entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni.
Facundo era un joven de 22 años que partió de su pueblo hacia Bahía Blanca para encontrarse con su ex novia, sin dinero y violando todas las disposiciones de la cuarentena. La policía le labró un acta de infracción. luego Facundo siguió su camino y se ahogó, cuando caminaba de noche por una zona de rías, intentando evadir nuevos controles.
El periodista local Germán Sasso, autor de los libros “Operación Facundo” y “El coleccionista de huesos”, aportó como evidencia la grabación de una reunión por Zoom del radicalismo de Villarino en la que uno de ellos afirma que “gracias al esfuerzo del partido hemos logrado instalar el caso en la agenda de los medios nacionales”. La insistencia del radicalismo no se agotó ahí. En el mismo Zoom destacan que Luciano Peretta, uno de los abogados de la madre de Astudillo Castro, es afiliado radical.
Entre los bahienses, se viralizó rápidamente una de las últimas intervenciones del defensor de Herrero, Leandro Aparicio, también vinculado a esa fuerza política, en la que comparó a su cliente con el presidente, “Javier Milei cree que habla con su perro muerto. Eso puede ser una fantasía o un error de interpretación, pero no un delito. Marcos Herrero cree que sus perros le marcan cosas”.
Inocentes presos
Araceli Fulles fue asesinada en la zona de José León Suárez, partido de San Martín, en el noroeste del conurbano, en julio de 2017. El cuerpo de la joven de veintidós años fue hallado, semanas más tarde, enterrado debajo de un contrapiso en la casa de su amigo Darío Badaracco.
Pero la de Badaracco no fue la única detención. Tras él, fueron detenidos el dueño del corralón donde trabajaba, Carlos Cassalz, y otros cuatro empleados del comercio: Hugo Cabañas, Marcelo Escobedo, Carlos Ibarra y Daniel Alaniz.
La principal prueba sobre la que se sustentaban esas detenciones eran las pericias realizadas por Marcos Herrero y su perro Alcón, que supuestamente había detectado rastro de Araceli en el baúl del Renault Megan que pertenecía a uno de ellos, un mes después del hecho.
Recién en 2023, tras pasar cinco años presos, fueron absueltos por el Tribunal de Casación bonaerense, en un fallo en el que criticó a los jueces de primera instancia por darles credibilidad a las pruebas aportadas por Herrero. La defensa oficial contó con el apoyo de la organización de derechos humanos “Innocence Project” bajo la figura de “amigos del tribunal” (amicus curiae). El trabajo de la ONG fue clave para demostrar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos sectores frente a la implacable maquinaria policial y judicial. Herrero enfrenta una acusación también por esos hechos.
