En una acción conjunta, los ministerios de Defensa, Minas y Justicia anunciaron un paquete de medidas encaminadas a frenar el uso ilegal de hidrocarburos, insumo clave en actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. La estrategia, formalizada mediante una circular conjunta firmada por los titulares de estas carteras, busca cerrar el cerco a las economías criminales que se alimentan del desvío de combustibles en distintas regiones del país.
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La iniciativa se enmarca en una política de Estado orientada a contrarrestar las estructuras ilegales que afectan la seguridad nacional, la economía formal y el medio ambiente. Con este propósito, las autoridades nacionales trabajarán de forma articulada para robustecer los sistemas de vigilancia, trazabilidad y control en la cadena de distribución de hidrocarburos.
Uno de los pilares de la estrategia es la implementación de tecnologías avanzadas para detectar desviaciones o inconsistencias en el transporte y comercialización de combustibles. Estos sistemas permitirán identificar con mayor precisión posibles focos de desvío hacia actividades ilícitas. A ello se suma el fortalecimiento del trabajo de inteligencia, que jugará un papel clave para anticipar patrones de comportamiento delictivo y desarticular redes de distribución ilegal.
Además de las herramientas tecnológicas, el plan contempla una estrecha coordinación con autoridades territoriales, especialmente en zonas donde hay mayor incidencia de minería ilegal o presencia de cultivos ilícitos. La meta es garantizar un control más riguroso a nivel local, desde las estaciones de servicio hasta los puntos más alejados del territorio nacional.
La ciudadanía también tendrá un rol importante dentro del nuevo esquema de control. Se han dispuesto canales oficiales para que los colombianos puedan reportar, de manera segura y confidencial, cualquier actividad sospechosa relacionada con el transporte, acopio o comercialización irregular de combustibles. El Gobierno confía en que la participación activa de la sociedad contribuirá a reducir significativamente el margen de acción de las organizaciones criminales.
Esta circular conjunta se presenta como un esfuerzo integral que combina prevención, control y judicialización. El objetivo no solo es evitar que los hidrocarburos terminen en manos de grupos armados ilegales, sino también garantizar que su uso responda exclusivamente a fines lícitos, en beneficio del desarrollo económico y la seguridad energética del país.
