En un proceso judicial que ha tenido idas y vueltas, la Fiscalía de Pilar pidió finalmente que tres policías sean enviados a juicio por el transfemicidio de Sofía Fernández, quien fue detenida en abril de 2023 y apareció sin vida, y con signos de tortura, en un calabozo de la comisaría 5ta. de Derqui, en Pilar, en la Provincia de Buenos Aires. Otros siete policías son acusados de encubrir el hecho.
Fernández era profesora de Lengua y Literatura, y fue detenida la madrugada del 7 de abril en un procedimiento que la justicia aún no esclarece. La detención ocurrió después de que ella visitara a su hermana Mabel, en el mismo terreno donde compartían casa. Horas después, Mabel fue informada de que Fernández se había suicidado en la comisaría.
“Para nosotros es importante que, en la investigación, la Fiscalía haya encontrado las pruebas necesarias y contundentes para rectificar que fue un homicidio agravado por odio a la identidad de género, y la culpabilidad de los 10 imputados, y como tal debe juzgarse. Mi hermana no tenía ningún motivo para suicidarse como nos quisieron hacer creer”, dice Mabel a Soy.
Ignacio Fernández Camillo, el abogado que representa a la familia de Fernández, señaló que antes de que el juez Walter Saettone, del Juzgado Nº 7 de Garantías de Pilar, decida si eleva el caso a juicio, faltan resolver cuestiones jurídicas. El abogado no dio detalles de las mismas. Desde que asumió la representación legal, Fernández Camillo ha venido denunciando que Saettone se ha resistido a calificar la muerte de Fernández como un crimen cometido por el odio a su identidad de género, considerando que en el celular del oficial Carlos Rodríguez -el único en prisión-, encontraron registros de pornografía trans, lo cual daba entender al juzgador que el imputado “no odia al colectivo LGBTIQ+”.
Por este tipo de razonamientos y por mantener a los otro nueve policías acusados en prisión domiciliar, Fernańdez Camillo pidió la recusación de Saettone, pero en noviembre del año pasado, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro resolvió que el juez siga conociendo el caso.
Un forense descartó el suicidio
Los policías acusados son defendidos por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, según confirmó Soy. Por el lado de Mabel, esclarecer la muerte de su hermana le ha implicado desgaste emocional, económico y físico. Mabel no para de presentarse en diferentes espacios para hacer visible el caso de Sofía, y ha tenido que endeudarse para poder pagar al abogado particular que la representa y también a peritos privados.
Uno de los peritos, el forense Hernan Gastón Junod, director de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, señaló que la muerte de Fernández no puede considerarse un sucidio, ya que en su garganta encontraron pedazos de colchón y una bombacha, tenía costillas rotas, hematomas en la cara y en el calabozo donde estaba detenida fue encontrado un pedazo de mechón que, a su parecer, daba a entender que le fue arrancado de un tirón. “No me cierra con una etiología de suicidio”, concluyó el forense ante Saettone.
En el proceso también Mabel ha recibido acompañamiento legal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), una entidad derivada del Sistema Nacional de Prevención de Tortura de la Provincia de Buenos Aires, que entre 2012 y diciembre de 2024 documentó 108 muertes bajo custodia del Estado en la provincia bonaerense. El antropólogo del CPM, Federico Schmeigel, ha considerado el caso de Fernández como “único” en rasgos de violencia respecto a los demás casos de los cuales ha tenido conocimiento el organismo. Para la CPM, una irregularidad en esta investigación fue que la Policía Científica Bonaerense realizó la autopsia de Fernández 48 horas después de su muerte, lo que hace sospechar de una manipulación de la prueba y de la pérdida de evidencias en el cuerpo.
Los y las policías acusado son: por homicidio, el oficial Rodríguez, Yesica Isabel Nuñez y Edith Viviana Ruíz; y por encubrimiento y falsificación de documentos públicos, Gonzalo Germán Robles, Ezequiel Francisco Ávalos Ybañez, Daniel Eduardo Salerno, Gustavo Grabiel Camacho, Miriam Elizabeth Valor, Gabriela Itati Miño y Camila Belén Pitulak.
En conservaciones con Soy, Francisco Oneto, defensor de Rodríguez, ha dicho que no existen pruebas para considerar la muerte de Fernández como un homicidio por razones de odio y ha señalado que la CPM tiene “un prejuicio muy fuerte” contra la policía. Oneto, sin embargo, ha llegado a considerar “extraña” la muerte de Fernández en la comisaría, porque, dijo en su momento, ninguno de los policías escuchó ruidos de “lucha o resistencia”.
