Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja pidieron este viernes que los cuatro cabecillas acusados de asociación ilícita dentro del grupo Vicentin queden presos de manera preventiva y por 120 días al menos. Y que los otros 15 acusados conserven su libertad pero paguen una fianza millonaria. Pero la audiencia volvió a quedar en cuarto intermedio y continuará hoy; cuando entonces los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy definan si acceden al pedido de Fiscalía o no.
Es que, según la imputación que develaron en la segunda jornada de audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, estos ejecutivos continuaron vaciando la empresa aun después de haber declarado el default en 2019, detrayéndole hasta casi 1.000 millones de pesos entre ese año y 2024, dinero destinado a fines personales, ajenos al objeto de la agroexportadora que agoniza en concurso de acreedores. Y lo siguieron haciendo a pesar de que el juzgado del concurso los apartó supuestamente de la conducción del grupo de empresas.
Los principales en el banquillo de los acusados son los apuntados como jefes de la asociación ilícita para cometer estafas múltiples y administración fraudulenta: Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua. Para los imputados Máximo Padoan y Javier Gazze les impusieron una caución de 15 millones de dólares; y para el resto, 10 millones, además de mantenerse fuera de las empresas del grupo y no salir del país.
La imputación continuó este viernes tras el cuarto intermedio de la extensa audiencia del jueves, pero volvió a caer en un intervalo ya entrada la noche, y proseguirá hoy en el Centro de Justicia Penal. Una audiencia demorada y complicada, que hasta tuvo la queja de uno de los abogados defensores, Jorge Ilharrescondo, quien no quiso que trascendieran los honorarios que cobraron de los imputados, con fondos detraídos a la empresa.
La extensa acusación fiscal se vertebra en torno a que los 4 cabecillas continuaron influyendo y realizando maniobras perjudiciales para el patrimonio de la empresa, ya en pleno concurso de acreedores y con veedores externos impuestos por el juez del concurso, Fabián Lorenzini. Este detalle es lo que llevó a Moreno y Narvaja a ampliar la acusación que ya formularan en diciembre de 2023.
En ese entonces, una docena de ejecutivos de Vicentin desfiló por primera vez en el Centro de Justicia Penal, pero entonces todavía tenían margen de maniobra y lograron evadir la prisión preventiva. Para ello, desembolsaron otros 10 millones de dólares que depositaron en caución. Ahora eso no corre para Scarel, Gazze, Macua y Buyatti.
Los cuatro que ahora merecieron una imputación ampliada habían sido detenidos la semana pasada. Gazze y Buyatti, capturados en un despliegue de 20 allanamientos en diversas ciudades, entre Buenos Aires, Rosario, Funes y Reconquista. Macua y Scarel se presentaron al día siguiente en Fiscalía.
Los fiscales sostienen que la estrategia previo al cese de pagos fue simular una salud financiera inexistente para continuar atrayendo cereal para molienda y obtener créditos bancarios. En tanto, fueron cargando el endeudamiento del grupo sobre una única empresa del pool, Vicentin SAIC. Actualmente, la compañía controla Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario, Sottano SA, Sir Cotton, Playa Puerto y una minoría en Renova. Luego del default –precisaron los fiscales– los ex directivos siguieron retirando dinero del grupo para fines personales, por un total de 952 millones de pesos, entre 2019 y 2024.
“Se les imputa continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de Vicentin SAIC y del conjunto de personas jurídicas que integran el grupo empresario, con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos —entre ellos, proveedores, clientes y trabajadores”, plantea el documento de acusación.
Narvaja puntualizó: “Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044”.
Parte de esos dineros se usaron para pagarles a los abogados que ahora los defienden en el proceso penal. Son Jorge Ilharrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor. Los ejecutivos imputados deberían haberlos pagado de su bolsillo, no de la caja de la empresa. Aunque los letrados dirigieron sus facturas a algunas de las empresas del grupo como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton.
Este viernes quedó expuesto una lista de pagos que Vicentin SAIC y otras empresas del grupo hicieron en favor de los citados Gazze, Macua, Scarel, Máximo y Cristian Padoan por más de 952 millones de pesos, que sería la suma de los honorarios de abogados Ilharrescondo, Cuenca, Amor y Ghío. Asimismo, se ventilaron otros gastos que para los fiscales encubren el desvío de fondos, incluso en pagos a periodistas con el argumento de “sostener la buena imagen de la empresa”.
Además de los cuatro jefes de la gavilla de cuello blanco, están imputados Alberto, Máximo y Cristian Padoan, Javier Gazze, Martín y Yanina Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Daniel Foschiatti, Fernando Bougain, Carlos Sartor, Diego Boschi, Facundo Persoglia y Miguel Vallaza.
“Cabe destacar que la totalidad de los pagos de Vicentin SAIC se concentran en el segundo semestre de 2024, coincidiendo con el cese del control ejercido por la veeduría designada por el juez del concurso, circunstancia particularmente relevante en el análisis del patrón de disposición ilegítima de fondos”, agrega la acusación fiscal.
El escrito de Moreno y Narvaja señalan que los ejecutivos pusieron empeño en “escamotear, directa e indirectamente, el patrimonio social de las firmas, que constituye -directa e indirectamente- la prenda de los acreedores del concurso preventivo de la empresa Vicentin SAIC. El resultado de estos actos de infidelidad se tradujo en un perjuicio económico directo a los patrimonios de las firmas mencionadas, e indirectamente, en un daño a los trabajadores y acreedores del grupo Vicentin”.
