Américo Balbuena estaba en todas las protestas. Llegaba a todas las movilizaciones. Podía pasar largas horas hablando con los laburantes que encabezaban un conflicto. Tenía lo que a otros militantes les faltaba: tiempo y plata. Durante más de diez años, Balbuena estuvo infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, un medio dedicado a la comunicación popular, mientras recababa información para sus jefes de la Policía Federal Argentina (PFA). Al “Pelado” Balbuena no le sonríe la fortuna desde que fue detectado: la Corte Suprema acaba de dejar firme su condena a dos años de prisión.
Balbuena era parte del Cuerpo de Informaciones de la PFA, un organismo que se dedicaba o dedica a las infiltraciones. Desde su creación, el Cuerpo de Informaciones es secreto. Tiene algunos integrantes famosos: José “Iosi” Pérez, que estuvo infiltrado en la comunidad judía, o “Isabelita” Correa, que se entremezcló entre las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura.
Balbuena quiso estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero lo bocharon. Un conocido en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) le abrió las puertas de un trabajo seguro. En las postrimerías de la dictadura, logró ingresar al Cuerpo de Informaciones.
Siempre recogió buenas calificaciones de sus superiores, que lo destacaban como voluntarioso, leal y buen camarada. Hacia finales de la década de 1990 estudió periodismo. Consiguió un título en el Instituto Santo Tomás de Aquino. Y, después del convulso año 2001, se quiso sumar a la red de corresponsales de FM La Tribu. No tuvo demasiado éxito.
La suerte le sonrió cuando se cruzó con un conocido del barrio, Rodolfo Grinberg, que acababa de fundar la agencia Walsh para difundir y apoyar distintas luchas sociales. Grinberg, que trabajaba como docente, lo invitó a sumarse. Y Balbuena fue. Solía decir que trabajaba en una maderera y que no tenía problema con el dinero. Tampoco tenía inconvenientes con el transporte. Se movía en una moto que lo ayudaba a estar en todos lados.
Enrique “Cachito” Fukman, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), contaba que Balbuena estaba en todas las marchas que organizaban desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) o desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ). María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), decía que Balbuena siempre estaba interesado en las medidas de seguridad que ella tomaba. Le preguntaba con insistencia sobre el caso Cromañón o el asesinato de Mariano Ferreyra.
En 2013, se cruza la historia de Iosi con la de Balbuena. Iosi, para entonces, ya había contactado a los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky para hablarles de su infiltración en la comunidad judía y su temor de haber aportado información que hubiera servido para los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA. Iosi citó a Lewin en un café y le mostró el nombre de Balbuena. Le preguntó si conocía a la gente de la agencia Walsh porque tenían un “filtro”. Lewin les avisó.
El 21 de mayo de 2013, se presentó la denuncia contra Balbuena. Diez años más tarde, terminó condenado. El juicio se hizo en marzo de 2023 y estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas, que no sólo sentenció a Balbuena sino también a dos de sus superiores, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez.
Durante las audiencias –que tuvieron lugar en la planta baja de los tribunales de Comodoro Py–, Balbuena se caracterizó por su perfil bajo. Trataba de no levantar la vista. Cuando declaró, dijo que él no estaba infiltrado en la agencia Walsh sino que estaba haciendo una “pasantía” para ganar experiencia para cuando se retirara de la PFA y pudiera ejercer el periodismo.
Para Rafecas, quedó claro que Balbuena usó su rol en la agencia Walsh para espiar no solo a sus integrantes sino a un amplio abanico de organizaciones que tenían contacto fluido con ese medio alternativo. Todo con el beneplácito de sus jefes.
“La actividad principal de Américo Alejandro Balbuena no se desarrollaba dentro de la dependencia policial a la que pertenecía, sino que era aquella que desempeñaba como movilero de la Agencia Rodolfo Walsh, a la que le dedicaba exclusividad y absoluta disponibilidad, y que claro está, era evidentemente avalada por sus superiores en la fuerza a la que pertenecía”, remarcó Rafecas en los fundamentos de la sentencia.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a dos años de prisión. Y en tiempo récord lo hizo la Corte Suprema con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, el comisionado de Javier Milei en el máximo tribunal.
“En un caso inédito, que sienta jurisprudencia, logramos que se condene la infiltración y las operaciones de inteligencia contra organizaciones sociales y políticas”, celebró Myriam Bregman, que integró el equipo de abogados que acusó a Balbuena junto con Matías Aufieri y Liliana Mazea, entre otros. “En un momento donde vemos un funcionamiento desatado de infiltrados y provocadores, me parece que el fallo da un importante mensaje”, concluyó.
Babuena es un caso atípico. La regla en el sistema judicial argentino es que las tareas ilegales de inteligencia, en general, salen impunes. Un ejemplo de esto son las múltiples denuncias que se presentaron por el espionaje que tuvo lugar durante el gobierno de Mauricio Macri. En el caso de la vigilancia ilegal sobre los familias del submarino ARA San Juan, había documentación que demostraba que los espías habían estado tras ellos. En ese caso, la Cámara de Casación justificó esas acciones diciendo que los agentes preservaban la seguridad interior y la seguridad del entonces presidente.
