Una pareja de 25 y 26 años fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba (probation) tras ser imputada por cometer estafas reiteradas a través de publicaciones en Facebook. Los imputados pusieron a la venta percheros, muebles de madera y un tablón. Una vez transferido el dinero para la compra, eliminaban los mensajes y los bloqueaban. El monto acordado es de $150.000 más el cumplimiento de reglas de conductas. Intervino la Unidad de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal.
Por pedido de la defensa de una pareja (de 25 y de 26 años) y con dictamen favorable del Ministerio Fiscal, la jueza actuante hizo lugar al instituto de suspensión de juicio a prueba (probation) como salida alternativa. De esta manera, se busca que reflexionen pero que también tengan consecuencias al ser controlados por una oficina. La Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, que conduce Carlos Saltor, los había acusado por el delito de estafas reiteradas en tres oportunidades. El plazo será por un año donde deberán realizar tareas comunitarias en una parroquia (dos horas por semana), la reparación económica de $150.000 (que será proporcional para cada víctima) y el cumplimiento de reglas de conductas por dos años, entre ellas, fijar domicilio y la prohibición de acercamiento a los domicilios de los afectados.
“Se trata de un principio de oportunidad que permite paralizar el proceso si se dan los presupuestos de admisibilidad y la fijación de condiciones a cumplir por parte de los imputados. Tiene un efecto extintivo de la acción penal como herramienta de política criminal cuyo propósito es resocializar a aquellas personas que han infringido la ley penal”, explicó a la pareja la magistrada interviniente. En representación del titular de la UFI participó el auxiliar de fiscal, Francisco Galíndez. Finalmente, al dirigir unas palabras dos víctimas coincidieron en el pedido de reflexión del daño ocasionado.
El perjuicio económico
Los ilícitos ocurrieron el año pasado durante los meses de junio, julio y agosto. En esas circunstancias, la pareja hacía contacto con las víctimas a través de una serie de publicaciones en Facebook (para la venta de percheros, de muebles de madera y de un tablón). Luego de recibir las transferencias por parte de los afectados, eliminaban todos los mensajes y los bloqueaban de whatsapp, provocando de esta forma un perjuicio económico.
