La ministra Patricia Bullrich se apuró a designar un reemplazante para el cargo de titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) tras el ruidoso despido de Ricardo Ferrer por producir una larga cadena de datos falsos sobre la marcha de los jubilados del 12 de marzo. un protegido de los diputados Gerardo Milman y Cristian Ritondo, que ya estuvo en la DNIC, especializado en la persecución de la comunidad mapuche. Anzit Guerrer fue uno de los autores del llamado “Informe RAM”, durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que Bullrich también estaba a cargo de la cartera de Seguridad. El paper era sólo una colección de recortes periodísticos y se lo pretendió usar para ponerle el cartel de terroristas a las comunidades de pueblos originarios. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Anzit Guerrero fue despedido del Ministerio de Seguridad en el marco de la detección de una larga serie de contrataciones de allegados y señoritas hechas por Milman. Además, se lo consideraba virtualmente un ñoqui porque casi todo su tiempo estaba dedicado a estar en Diputados con Milman y Ritondo.
Un filtro para las mentiras
La DNIC es un organismo de importancia, coordina los aparatos de inteligencia de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Pero su influencia radica, justamente, en que debería filtrar los informes de esas fuerzas de seguridad, porque los efectivos y sus jefes no se cansan de producir información falsa. Un ejemplo clarísimo fue el parte sobre la violencia ejercida contra la jubilada Beatriz Blanco, de 87 años, en la marcha del 12 de marzo: en el texto pusieron que ella se cayó, cuando las imágenes demostraron en forma nítida que fue golpeada por un efectivo. Las mentiras de este tipo fueron numerosas, Ferrer (el anterior titular del organismo) las convalidó y ayer lo terminaron echando, pese a ser un amigo de la familia Bullrich.
Un oscuro y antiguo deseo
Según las versiones que recogió este diario, Anzit Guerrero intentó entrar a la DNIC, por primera vez, en 2005, hace 20 años. Hubo un concurso y lo habrían bochado. Es muy probable que, el ahora funcionario, haya quedado resentido porque tiene una frondosa formación académica: es abogado, doctor en Derecho Penal de la Universidad de El Salvador y habla varios idiomas.
Durante el gobierno de Macri, de la mano de Milman, logró un cargo importante: director de Análisis de la DNIC. Es decir, ocupó uno de los dos cargos de la segunda línea del organismo, siempre bajo el ala del diputado del PRO. Como se sabe, en el caso de la tentativa de asesinato contra Cristina Kirchner, Milman –mano derecha de Bullrich– fue denunciado porque estando en el bar Casablanca, con dos jóvenes asesoras, dijo “cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa”. O sea, demostró saber que se venía el ataque contra la expresidenta. En esa investigación –que la justicia se niega a profundizar– quedó en claro que Milman tenía una larga serie de ñoquis en el Ministerio de Seguridad –en especial señoritas que tenían un vínculo con el diputado– y esa fue una de las razones por las que se puso en marcha la nulidad de la designación de Anzit Guerrero. Buena parte del personal respiró aliviado, porque el funcionario se había hecho fama de tener mal trato, en especial con las mujeres del ministerio.
La cuestión de desplazarlo del cargo no fue sencilla, porque Anzit Guerrero tiene una estrecha relación con la masonería, según revela en detalle el sitio Dataclave.com.ar. Eso motivó una cantidad innumerable de llamadas de otros integrantes de la masonería, pero al final la decisión la tomó Aníbal Fernández, a cargo del ministerio. Anzit Guerrero no sólo tenía el antecedente de la persecución a las comunidades mapuches y ser parte de la troupe de señoritas y allegados de Milman, sino que pasaba muy poco tiempo trabajando en Seguridad, ya que al mismo tiempo revistaba como asesor en la cámara baja.
En los últimos tiempos trabajó en Interpol y finalmente consiguió lo que esperaba desde 2005: ser designado al frente, ya no en una segunda línea, de la DNIC.
A la cabeza de la persecución mapuche
Durante el gobierno del PRO, el funcionario ejerció como director de Planificación Estratégica de la provincia de Buenos Aires, en la administración de María Eugenia Vidal. Llegó al cargo siempre bajo la protección de Ritondo, hoy muy cuestionado. Pero el siguiente paso fue la llegada al ministerio de Bullrich, protegido por Milman. El papel principal que le asignaron, desde la Dirección de Análisis, fue la ofensiva desatada por Bullrich contra las comunidades mapuches.
En ese marco, el Ministerio produjo un informe bochornoso que se conoció como Informe RAM. El texto era un compendio de notas periodísticas sobre hechos de vandalismo, sin prueba alguna y sin evidencia de ningún tipo sobre la participación de esa organización fantasma –inexistente– denominada Resistencia Ancestral Mapuche. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció toda la actividad del ministerio –con el duo Bullrich-Anzit Guerrero a la cabeza– como tareas de inteligencia ilegal, coacción y otros delitos, todo como secuela de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La causa recayó en el fiscal Franco Piccardi, quien impulsó la acción y sostuvo que “se pretendió involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas, así como a construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionado adrede, con el fin de justificar la represión”.
Ahora los jubilados
Anzit Guerrero llega a la DNIC en momentos en que se agudiza el carácter represivo del gobierno de Javier Milei y con Bullrich cuestionada por los desastrosos operativos contra los jubilados. De hecho, la ministra sufre una especie de intervención en su ministerio, ya que Santiago Caputo es quien tuvo que monitorear el segundo operativo en la marcha del 19 de marzo.
La creciente crisis económica hace pensar que los conflictos tenderán a aumentar y ya no sólo con los jubilados. Sus antecedentes con Milman, Ritondo, la ofensiva contra los mapuches, hacen pensar que más bien encaja en una política de choque, más que en buscar soluciones que eviten que haya más víctimas como el fotógrafo Pablo Grillo en las protestas que se produzcan.
