El presidente Javier Milei instruyó la desclasificación total de toda la información de la SIDE vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983, y declara como crimen de lesa humanidad el atentado del ERP contra la familia del capitán Humberto Viola, en que murieron el militar y una de sus hijitas.
“El gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino”, expresó Manuel Adorni.
El vocero presidencial sostuvo que la decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que nunca fue implementado.
“Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación”, agregó.
El anuncio se produce en medio de los actos, marchas y protestas de organizaciones de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas, por la conmemoración del Día de la Memoria.
“Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta, a pesar de esloganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo”, sostuvo Adorni.
Así, los archivos de la SIDE sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar “pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.
Adorni enmarcó la decisión del Gobierno argentino con la desclasificación de archivos en los Estados Unidos respecto al asesinato de Kennedy.
En esta búsqueda del Ejecutivo por “contar la historia completa”, el funcionario adelantó que reconocerá como crimen de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola.
En el atentado ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en Barrio Sur de San Miguel de Tucumán, un grupo de guerrilleros atacó al auto en el que se transportaba el militar, lo asesinó junto a su hija María Cristina de 3 años.
“Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnización de acuerdo a la ley 2443 por haber estado detenidos durante el estado de sitio”, relató el vocero.
En 2022, la administración de Alberto Fernández sostuvo ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible.
Ahora, la gestión libertaria decidió acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno.
Como parte de este acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.
“Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de nuestro país, y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas”, concluyó Adorni en su mensaje.
