La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles su preocupación por la “violencia registrada” durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo frente al Congreso de la Nación, y recordó que “el Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos”. En un comunicado de prensa difundido este miércoles, el organismo enumeró el trágico saldo de la represión policial, que dejó “20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano; 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial; ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero (Pablo Grillo) de 35 años que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y que actualmente se encuentra en estado crítico, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa”. Ese despliegue represivo, que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, se dio “en el marco de la llamada ‘Marcha de los Jubilados’ que se realiza semanalmente desde 2024 de manera pacífica en protesta de las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas”, explicó el organismo en el documento, donde consignó que el Gobierno, por su parte, informó “sobre hechos de violencia registrados en la última convocatoria” y “se refirió a la participación violenta de grupos de hinchas de clubes de fútbol en las manifestaciones (…) con el resultado de, al menos, catorce policías heridos”. Tras la enumeración de los hechos denunciados, la CIDH recordó que “la protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas” y que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales”. En este sentido, “el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso”, reforzó el comunicado. Además, insistió la CIDH, “el Estado tiene la obligación de garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y para garantizar el escrutinio público de la actuación policial”. Respecto a la denuncia por “prevaricato, omisión de deberes y encubrimiento” que el Ministerio de Seguridad Nacional presentó contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó las liberaciones de las personas detenidas durante la marcha del pasado 12 de marzo, la Comisión indicó que “el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos”. En ese marco, explicó que la participación de algunas personas en actos de violencia durante una manifestación “no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta” ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente. En estos casos, “los agentes de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia, y utilizando la fuerza solo como último recurso, de forma excepcional, proporcional y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales e interamericanos”, subrayaron. Al final del comunicado, la CIDH expresó su reconocimiento “a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, la cual ha sido fundamental para el fortalecimiento de su democracia” y por eso urgió al Estado argentino a investigar “de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia” los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a “sancionar a quienes resulten responsables”, al tiempo que instó a las autoridades a “promover un diálogo genuino, efectivo e inclusivo para atender las legítimas demandas de la población”.
