La tragedia ocurrida en Bahía Blanca y la necesidad de reconstrucción de la ciudad (Nación anunció un fondo de $200.000 millones) reactualizó el debate abierto entre los gobernadores y el presidente Javier Milei en torno a la obra pública. La Rosada mantiene la decisión de que sean las provincias y los privados los que se encargue de esas inversiones. Lo cierto es que, en los 15 meses de gestión libertaria, algunos mandatarios avanzan con trabajos pero la dinámica está lejos de la que necesita la Argentina para ganar competitividad. Nación y provincias firmaron acuerdos de transferencias de obras, pero son pocos los adelantos.

El último anuncio en ese sentido fue el del cordobés Martín Llaryora que presentó la licitación para la finalización de dos tramos de la autopista en la Ruta Nacional 19 (Córdoba – San Francisco) -clave para la producción y para la conexión del Mercosur-, con una inversión de US$153,9 millones y un plazo de ejecución estimado en 18 meses. La competencia original era de Nación pero la obra se traspasó a la Provincia con un acuerdo.

“Córdoba se hace cargo, Córdoba no abandona a los cordobeses”, dijo el Gobernador al hacer el anuncio, aprovechando para marcas diferencias con la administración libertaria. Planteó que, “con la finalización la Ruta Nacional 19, y con los cientos de kilómetros de las nuevas rutas que también estamos haciendo en la provincia, muchas de ellas rurales, Córdoba se consolida como una de las provincias con la mejor red vial de la Argentina”.

Por otro lado, el viernes Nación publicó en el Boletín Oficial que firmó los avales para que Córdoba tome US$375 millones para financiar infraestructura. También acordó garantías para Caba (US$300 millones para expansión de su sistema de subterráneos); Santa Fe (US$555 millones para construcción y mejora de infraestructura económica y social); Chubut (US$145 millones para Optimización Regional Sur); Salta (US$200 millones infraestructura de saneamiento y tecnológica); Chaco (US$120 iniciativas hídricas, viales) y Neuquén (renovó avales para US$20 millones para finalización y puesta en marcha del Nahueve).

En un año electoral, como es el actual, los gobernadores apelan a su propia caja para ejecutar proyectos porque, en general, la obra pública funciona como un elemento de campaña. Con la Rosada, después del fracaso de contar con un presupuesto nacional, no les queda otra que la negociación individual.

Un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli del Ieral de la Fundación Mediterránea aporta que la Argentina necesita incrementar “significativamente” su tasa de inversión, tanto privada como pública, hasta alcanzar 25% del PIB en los próximos años. Entre enero y setiembre del 2024 (último dato disponible) fue de 16% del Producto. Precisan que, como la inversión pública fue una de las partidas más afectada por la motosierra, bajó hasta 1,3% del PIB luego de ubicarse en 2,6% en 2022 y 2023. En el año de la pandemia (2020) había caído a 1,8% del PIB, y en promedio resultó 2,4% del PIB entre 2015 y 2024.

La mayor caída en 2024 se observó en la inversión pública nacional (de 0,8% a 0,3% del Producto), mientras que la provincial se redujo de 1,4% a 0,8%, explicada casi totalmente por las menores transferencias de capital de Nación a Provincias. Las transferencias de capital de provincias a municipios pasaron de 0,3% a 0,2% del PIB entre 2023 y 2024.

El estado de las rutas es el que más reclamos de los gobernadores concentra. La administración libertaria anunció que las privatizaría, pero todavía no hay avances fuertes. El santafecino Maximiliano Pullaro y Axel Kicillof han tenido varios cruces por ese tema y el pampeano Sergio Ziliotto envió hace poco una nota a la Rosada en la que señala que “el 42% de las rutas nacionales en la provincia están muy cerca de colapsar por el deterioro que presentan, de acuerdo con un estudio realizado por una consultoría que se focalizó en la seguridad vial”. La Pampa adhirió al régimen de extinción de obligaciones y espera que de ahí derive una transferencia de esas rutas.

Hace unas semanas en la apertura del año legislativo, Gustavo Sáenz remarcó que en Salta mantuvieron “con recursos propios más de 450 obras, varias de ellas responsabilidad del Estado Nacional”. Indicó que hay “avances” con Nación “para el desarrollo estratégico del Corredor Bioceánico. A partir del Pacto de Güemes firmamos distintos convenios con el Estado Nacional: Nación se hará cargo del financiamiento de 11 rutas, como la 9–34 entre Rosario de la Frontera / Yatasto; tramos de la ruta 51; dos tramos de la ruta 40; el puente de Vaqueros y su circunvalación, entre otras acciones”. La expectativa del mandatario es que esos trabajos empiecen “pronto”.

Qué se autorizó

Dos mandatarios con buena relación con la Rosada -sus legisladores acompañan intereses claves libertarios en el Congreso- como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca) pidieron formalmente a Nación que se ejecute la “Red de Acueductos Albigasta y Plantas Potabilizadoras – Etapa 1″ (financia el BID y los sobres de la licitación se abrieron a comienzos de este mes). La obra fue varias veces postergada.

A fines del año pasado, por el DNU 1104/2024, el presidente Milei aprobó obras por $85.035 millones. La lista incluye un galpón de apoyo a emergencias forestales en el parque nacional de Tierra del Fuego ($1.400 millones); una subcentral de incendios en El Chaltén (Santa Cruz; $2.241 millones); muelle cabecera norte en el parque nacional Lago Puelo (Chubut; $4.717 millones) y seccionales en el parque nacional Copo (Santiago del Estero; $1.876 millones y en Traslasierra (Córdoba; $1.485 millones).

El aliado tucumano Osvaldo Jaldo logró que se computen $25.938 millones (la mayor asignación del monto global) para agua potable en Tapia, San Miguel, Tafí Viejo y Villa Carmela. Tras los varios reclamos santafesinos, también hay asignaciones para la conservación de la Ruta Nacional 11 ($17.516 millones); de la N° 33 ($23.632 millones); reciclado y bacheo de la 178 ($4.593 millones). Para Caba se asignaron $1.638 millones para la remodelación y reubicación proyecto BCG PPD.

Hace un mes, Guillermo Francos y Luis Caputo se reunieron con Sáenz, Jalil, Jaldo Carlos Sadir (Jujuy) y el ministro de Economía de Misiones, Adolfo Safrán para analizar, entre otros puntos, el de las obras pendientes. Safrán indicó que sobre “el atraso en el cumplimiento por parte de Nación de las obras acordadas en los convenios que se firmaron el año pasado” los funcionarios nacionales explicaron que “estas demoras no responde a un problema de restricción de fondos, sino que se debe a cuestiones administrativas y se comprometieron a acelerar los procedimientos para cumplir con lo acordado”. El mandatario misionero Hugo Passalacqua es otro aliado de los libertarios.