El gobierno de Javier Milei dio de baja este jueves al menos diez programas sociales y culturales creados durante administraciones anteriores, como las de Alberto Fernández y Mauricio Macri. A través de 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, argumentó que estos programas “no tienen aplicación efectiva o que se superponen con otros” y que el objeto de su eliminación es “lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos”.
La Resolución 143/2025 -con la firma del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez- resolvió la eliminación del “Programa de Integración y Desarrollo Humano Participar en Comunidad”, creado en septiembre del 2020 con el fin de -en aquel entonces- “responder a las demandas y necesidades locales”. Dentro de los argumentos de la medida se destacó la necesidad de alinear las funciones de Capital Humano con las del Poder Ejecutivo. Además, explicaron, esto responde a cambios en la estructura administrativa de la cartera de Pettovello.
En tanto, con la Resolución 144 se planteó que, en el marco de la emergencia administrativa, económica y financiera, se “impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos”. Así, el Gobierno dejó sin efecto el “Programa Centro de Promoción de Derechos” que creó la entonces Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del exministerio de Desarrollo Social en 2017.
Además, la Resolución 146/2025 eliminó el “Programa Espacio Unzué” (creado en 2015) “que tuvo por objeto fortalecer la participación y protagonismo de la ciudadanía en prácticas culturales, artísticas, recreativas y deportivas con sustento en las políticas de derechos”; el “Programa Institucional Sarmiento” (establecido en 2017) “consistió en el fortalecimiento de la participación y protagonismo de la ciudadanía y en particular de la niñez y adolescencia en las prácticas recreativas, artísticas, lúdicas, culturales y de formación con sustento en la política de derechos”; el “Espacio Crescencia Boado de Garrigós” (2019), que “tuvo como objetivo el fortalecimiento y protagonismo de los niños y adolescentes en su inclusión al turismo social y en las prácticas deportivas, culturales y de formación con sustento en el paradigma de la protección integral”; y el “Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos” (2018), que disponía “diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar”. También se dieron de baja sus respectivos subsidios, que eran utilizados para el pago de bienes y servicios en esos espacios.
El Gobierno consideró que la erradicación de estos programas permitirá “suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población”. Esa misma resolución da de baja el “Proyecto Institucional Colonia Gutiérrez e Instituto Manuel Lucio y María Cruz Inchausti” (2015).
Por su parte, la Resolución 147/2025 suprimió las misiones de las delegaciones de Centros de Referencia, creados en 2019, “a fin de afianzar la institucionalidad en el territorio nacional”. Los argumentos son similares a los de las resoluciones anteriores, ya que menciona la emergencia administrativa, económica y financiera, el DNU 70/2023 y la Ley Bases como puntos de referencia para continuar el programa de achicamiento del Estado.
La Resolución 148/2025 quitó del Gobierno otros dos proyectos: el “Programa Construimos Ciudadanía” y el “Programa Nacional de Derecho al Juego – Jugar-”, creados en 2018 y 2020 respectivamente. Fueron dados de baja ya que “en la práctica se convirtió meramente en asistencia financiera y técnica a organismos gubernamentales”. También se sostiene que “corresponde suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población objetivo”.
Al mismo tiempo, las resoluciones 149/2025 y 150/2025 descartan el “Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Sociocomunitarias” (2002) y la “Unidad Técnica Para el Abordaje Integral de Derechos” (2018), ya que se detectó “pluralidad de entidades, áreas, programas y unidades técnicas cuyas funciones han sido repetidas y superpuestas, tornando difusa las responsabilidades y acciones de los organismos que las componen, generando un dispendio jurisdiccional innecesario en la utilización y racionalización de los recursos públicos”.
Por otro lado, las resoluciones 151/2025 y 152/2015 dieron de baja la “Comisión Coordinadora Ejecutiva del Departamento Salud Integral” (2002) y el “Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad” (2016), respectivamente. El Gobierno detectó que estas iniciativas significaban “un dispendio de recursos humanos y materiales”.
La “Línea Activar”, creada en 2023, que “tuvo como propósito el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes”, fue eliminada por la Resolución 153/2025 a raíz de un “solapamiento normativo”.
Finalmente, la Resolución 154/2025 disolvió el “Consejo Consultivo de Adolescentes” y el “Programa nacional de Derecho a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes”.
