A raíz de una nueva denuncia de Juan Grabois, el Ministerio de Capital Humano deberá contestar, a lo sumo, en 72 horas un requerimiento judicial que le exige informar qué alimentos destinados a comedores comunitarios mantiene guardados en sus galpones, cuál es la fecha de vencimiento y por qué todavía están ahí. También deberá especificar todos los retiros y la distribución de productos que fueron relevados en junio del año pasado. La presentación del dirigente también señala que el Gobierno acopia útiles y otros elementos escolares y reclama su entrega a quienes los necesitan. Ese tramo del planteo tramitará en una causa separada que fue enviada a sorteo y le tocó al juzgado de María Eugenia Capuchetti.
Una caso sin fin
Grabois representa a la Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros, que denunció desde el comienzo del gobierno de Javier Milei que la cartera de Sandra Pettovello interrumpió la provisión de alimentos a los comedores populares. En medio de esa investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello, salió a la luz que había 5000 toneladas de comida sin repartir y a punto de vencer en dos depósitos del ministerio, pese a que estaban destinadas a los comedores y merenderos donde asisten familias que ya no tiene recursos para alimentarse. Tanto el juez, como la Cámara Federal y la de Casación, fallaron contra Capital Humano y exigieron un plan de distribución. El argumento de Pettovello era que no querían a las organizaciones sociales como intermediarias, a las que atacan en forma permanente. Incluso se negaba a hacer el plan con el argumento de que el Poder Judicial se estaba metiendo en una política pública. Sólo puso su propia intermediaria, que es la fundación Conin, de Abel Albino, un pediatra antiderechos, y dejó a disposición de las provincias lo que quieran pasar a retirar, algo que no siempre es sencillo.
La nueva denuncia proporcionó al juzgado videos que habían sido enviados por trabajadores del propio ministerio a Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que es quien suele reclamar la entrega de alimentos e insumos para personas en situación de vulnerabilidad. “Hemos recibido información de la existencia de comida en mal estado, leche a punto de vencerse, útiles escolares y guardapolvos en el mismo galpón perteneciente al Ministerio de Capital Humano ubicado en la localidad de Villa Martelli que ya fueron motivo de allanamiento por parte de este juzgado”, decía la presentación judicial. “En función de los constantes incumplimientos por parte de la Ministra de Capital Humano Licenciada Pettovello venimos a solicitar se libre orden de allanamiento”, reclamaba y pedía, nuevamente, la indagatoria de la ministra, que está sin resolver.
El manejo de los alimentos y la reticencia a distribuirlos es conocida. La aparición de útiles escolares sorprendió y los elementos guardados están registrados en imágenes. “Si el Ministerio de Capital Humano tiene mochilas, guardapolvos y otros útiles escolares, ¿por qué no los reparte antes del comienzo del ciclo lectivo?, ¿cuándo lo piensa repartir?, ¿lo piensa repartir?”, preguntó Grabois en la denuncia.
Nuevas medidas judiciales
La reacción de Capital Humano fue presentarse y alegar que todo lo que decía Grabois era falso y las imágenes viejas. Las filmaciones, sin embargo, son recientes: son de febrero. En un escrito señaló que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no tiene registro de alimentos vencidos o próximos a vencer en los cinco depósitos que dependen de la cartera. Dice que solo hay un remanente de yerba y aceite que está a disposición de provincias para que los retiren. Agrega que tiene un plan de entrega que termina el 14 de marzo. Para algunas provincias no es un trámite menor el retiro de miles de kilos de alimentos. Esa metodología es la que Capital Humano dispuso ante las reiteradas intimaciones judiciales.
Casanello está de licencia y lo reemplaza el juez Julián Ercolini. No dispuso un allanamiento, pero le hizo un detallado pedido de informes a la cartera de Pettovello, pese a su intento de desentenderse.
Según la presentación de la querella, dijo el magistrado, “surge la existencia de alimentos que forman parte del plan de distribución encomendado en el marco de este incidente (en particular, aceite marca Alsamar, yerba marca Sierras del Imán y leche Vidalac, según el stock relevado el 1/6/2024)”. Por eso le pide a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que en 72 horas aporte “un informe actualizado al día de la fecha en el que obre: el detalle del retiro (quién, qué –con indicación de tipo de producto, marca y cantidad expresada en kg– y cuándo) de los alimentos relevados” en el listado de junio del año pasado; “en caso de que algunos de estos alimentos –según el stock relevado– aún se encuentran almacenando en el depósito, se indique el tipo de producto, marca, cantidad, fecha de expiración y motivo por el que se encuentran allí”. También le dice que todo debe ser entregado con “documentación respaldatoria”.
La Secretaría de Niñez es el área que fue vaciada la semana pasada con cerca de 2000 despidos informados el viernes a la noche, personas incluso con más de dos décadas de antigüedad. Una de sus tareas es la de la política alimentaria y la implementación de políticas para la protección de las infancias y adolescentes en situación vulnerable.
En medio de todo esto, a fin de febrero, una disposición publicada en el Boletín Oficial ordenó que alimentos, artículos de higiene, ropa, calzado, medicamentos, otras mercaderías que sean incautadas en la aduana, sean cedidas a la fundación Conin, la intermediaria elegida por Pettovello.
El año pasado, un juzgado en lo contencioso condenó al Estado Nacional por incumplir con la entrega de alimentos, lo que viola un derecho fundamental, que es el del acceso a la alimentación. Así las cosas, cumplió con algunas exigencias a medias. Y es como si no hubiera pasado nada.
