Sin los apoyos suficientes en el Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de Javier Milei firmó este martes la designación de ambos magistrados por decreto, que será publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. “El Gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, dice el texto que compartió el Gobierno a través de la Oficina del Presidente (OPRA).
Según el comunicado, el Presidente decidió realizar las designaciones a través de un decreto “con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.
La designación vía decreto se extenderá por nueve meses, hasta el fin del año parlamentario, de acuerdo al artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Durante esos nueve meses, el Gobierno “continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”.
La sesión que no fue
El viernes pasado, el oficialismo pretendía tratar en el Senado el pliego de Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema, pero debió suspender la sesión porque no llegó a juntar los apoyos necesarios. Los días previos, desde Casa Rosada habían dicho que en caso de no lograr los votos de la oposición para la candidatura del juez federal se estaba analizando “nombrar por decreto a las dos personas más libertarias que haya”, mencionando como posibles opciones a Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo.
Finalmente, fueron nombrados por decreto los dos candidatos originales del oficialismo, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que tenían como fecha límite para ser designados por el Senado el próximo viernes 28 de febrero, cuando finaliza la convocatoria a sesiones extraordinarias firmada por el presidente Javier Milei.
Desde la oposición ya habían adelantado que sería rechazada cualquier designación de jueces vía DNU. “Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, adelantó en noviembre pasado el titular del bloque de Unión por la Patria, José Mayans.
La advertencia de Rosatti