A cinco años del inicio del concurso preventivo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación del plan de pagos a acreedores propuesto por Vicentin y ordenó un nuevo fallo, lo que deja a la gigante cerealera más cerca de la declaración de un “cramdown”, una instancia previa a la quiebra en la que los acreedores pueden formular una propuesta alternativa, como tomar el control de parte de la empresa.
El supremo tribunal dictaminó a favor de la empresa Commodities S.A. (Grupo Grassi), que había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad para rechazar el acuerdo, y ordenó “remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo“. La sentencia de homologación a favor de Vicentin había sido dictada por la Cámara de Reconquista y ahora pasará a la Cámara de Rafaela.
Vicentin entró en cese de pagos a fines de diciembre de 2019 y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores. En junio de 2020, el ex presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la empresa, ya que el Banco Nación es uno de los acreedores principales de la cerealera –por una serie de préstamos otorgados meses antes del fin del mandato de Mauricio Macri–, pero dio marcha atrás de esa decisión luego de una serie de protestas y presiones de los sectores del agronegocio.
Ahora resta esperar si la decisión del máximo tribunal –votada por mayoría– habilita el proceso de “cramdown”, algo que deberá definir la Cámara de Rafaela. Commodities S.A, principal acreedor comercial no cooperativo, había rechazado el acuerdo presentado por Vicentín desde un inicio. Pero la cerealera apeló a la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, que revocó el fallo de primera instancia del juez Fabián Lorenzini, cosnsiguió frenar el cramdown y la presentación de un nuevo plan de pagos de Vicentin, junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Pero la empresa del Grupo Grassi fue hasta la última instancia y logró torcer el fallo. La decisión del máximo tribunal marca un límite para que prospere el plan de pagos que pretende Vicentin y vuelve a abrir la opción de un plan de salvataje en manos de los acreedores. El Grupo Grassi podría hacer su propia presentación junto a CIMA Investments S.A, que adquirió las acreencias concursales de los bancos extranjeros que demandaro a Vicentin.
Ya en diciembre de 2021, un grupo de más de 70 acreedores granarios –acopiadores, cooperativas, empresas familiares, productores individuales o sociedades pequeñas y medianas– presentaron junto al Banco Nación su propio proyecto de “salvataje” a través de este modelo previsto en el artículo 48 de la Ley de Quiebras. La propuesta era conformar un fideicomiso entre los acreedores que se adhirieran para salvar a la empresa de la quiebra sin sus actuales accionistas. Sin embargo, esa posición era liderada entonces por el Banco Nación, bajo la conducción del Frente de Todos. Una intervención que no se espera desde la Casa Rosada al mando de La Libertad Avanza.
