En la provincia de Buenos Aires reina un verdadero caos por culpa de la inseguridad. Policías asesinados, vecinos asesinados, robos a domicilios, salideras bancarias, robos de vehículos y todo tipo de hechos violentos. La pregunta es: ¿hasta dónde vamos a llegar?
En mis más de 20 años de carrera como abogado, me ha tocado recorrer muchos penales y entrevistarme con los presos. Ellos, en su lenguaje y pensamiento delictivo, siempre decían que, a la hora de cometer un ilícito, solo disparaban su arma si se daban dos situaciones: que el hecho tuviera una importancia económica significativa o si su vida corría peligro. Hoy ese pensamiento ya no existe.
Vemos a diario cómo asesinan a un ciudadano para robarle un celular o, simplemente, como pasó con Lucas Aguilar, el joven que trabajaba como delivery, lo mataron por defender a un compañero. Hoy no solo manda la delincuencia, sino que se ha roto el tejido social y ya nada se respeta, nada tiene valor, ni siquiera la vida.
Como si esto fuera poco, luego exhiben los objetos robados en sus propias redes sociales, como si fueran influencers del crimen y los objetos, trofeos. Esto sucede ante todos nosotros, incluso frente a la policía. Ya nada les importa y no le temen al Estado, sino que lo desafían.
Joseph de Maistre fue un pensador y filósofo francés que argumentaba que cuando una sociedad entra en decadencia, sus instituciones, su moral y su lenguaje se corrompen simultáneamente. Eso es lo que vemos en el Conurbano. Se generó una cultura criminal que, por el momento, no se puede frenar. Que, ante tantos asesinatos, las autoridades permanezcan mudas es inadmisible. Los vecinos de la provincia ya no saben qué hacer, dónde ir ni dónde esconderse. La policía, que hace lo que puede, está desbordada.
Las penas para menores en delitos graves siguen siendo insuficientes para frenar la reincidencia y prevenir futuros crímenes. Todo es un verdadero infierno. Ahora empezamos a ver que, ante el desamparo, las personas de bien se arman y se atreven a disparar contra los delincuentes. Esto último puede ser un problema más que una solución. La resolución de este problema, o al menos el camino para lograrlo, pasa por dos factores: decisión política y un ataque directo a la delincuencia.
Para frenar esta ola de violencia, se necesita una respuesta contundente del Estado, con medidas firmes y efectivas que garanticen seguridad a los ciudadanos. En Argentina se debe armar, con urgencia, un plan para construir nuevas cárceles y que estas sean realmente lugares restrictivos, para que quienes ingresen sepan que no están en un hotel. Hasta ahora, en Argentina se ha hecho todo al revés y los resultados están a la vista. Hace falta la coordinación entre Nación y Provincia, independientemente de su posición política. Que no se entiendan hoy es gravísimo.
Se han cometido una serie de disparates, como darles celulares a los presos, concederles salidas anticipadas, otorgarles planes sociales en lugar de trabajo y hasta liberarlos durante la pandemia. Y para colmo, no hace falta contratar a Sherlock Holmes ni armar un operativo de inteligencia para encontrar a los delincuentes; como dije, ellos mismos publican sus robos en redes sociales. En conclusión, es imprescindible cambiar la situación: quienes deben sentirse seguros son los ciudadanos, y quienes deben tener miedo son los delincuentes.
Estamos presenciando el momento más difícil en cuanto a inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Drogas, menores violentos, falta de infraestructura, ausencia policial, juzgados y fiscalías vacantes, falta de prevención del delito, participación de extranjeros violentos y un alarmante crecimiento de la violencia callejera. Según datos del Ministerio de Seguridad, los delitos violentos en la provincia han aumentado significativamente en los últimos años, lo que confirma la gravedad de la crisis. Los vecinos sufren la inseguridad y el miedo a la inseguridad.
Si hay una luz de esperanza, es el Poder Judicial: la gran mayoría de jueces y fiscales están haciendo un trabajo incansable para combatir, sin recursos del Estado, el crimen. Tenemos grandísimos funcionarios en los distintos departamentos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Son funcionarios probos, rectos y que están tan preocupados como el resto de la población. Las autoridades deberían escucharlos más.
Ante este escenario, la respuesta de la política es pelearse o ver quién puede sacar una tajada. La reunión de los ministros de Seguridad de CABA y GBA era tan imprescindible como urgente. Sin embargo, el fracaso a la hora de encontrar una solución en conjunto fue tan triste como previsible. No tengo ninguna duda de que van a desplazar funcionarios por la ausencia de políticas criminales. La gente está harta. La política se desentendió de su rol, que es el de cuidar a la gente.
El último asesinato, el de Lucas Aguilar, volvió a poner en evidencia la falibilidad de la Justicia. Su asesino tenía antecedentes y debía estar preso. Se ven con frecuencia delitos cometidos por personas que esquivaron al sistema sin que nadie entienda el motivo. Este crimen indignó a la sociedad hasta el punto de que el presidente Milei destacó su figura diciendo que un héroe se fue al cielo, otorgándole una condecoración póstuma. Aquí se advierte la importancia que le da nuestro presidente al tema de la inseguridad.
Día a día crecen los crímenes y la sociedad sigue conmovida por los asesinatos de Paloma y Josué en Florencio Varela. La investigación recién comienza, pero todos los vecinos coinciden en que se trata de una zona liberada para los narcos y denuncian una infinidad de casos que nunca fueron atendidos. Lo cierto es que se suman dos víctimas más a esa larga lista que parece no tener fin y que, hasta el momento, la política no ha podido solucionar. El problema de la inseguridad tiene solución, pero requiere una estrategia integral: decisión política, aumento de fuerzas de seguridad y un Poder Judicial en sintonía. Otros países han logrado reducir la delincuencia ostensiblemente con políticas firmes. Necesitamos exactamente eso.
Para entender por qué no hay cupos y necesitamos nuevas cárceles, según los datos de la Comisión por la memoria, hasta diciembre del año pasado, el total de presos en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) era de 59.497. Esto representó un aumento del 5 % con respecto al mismo mes del año anterior. Durante el mes, ingresaron 2.465 personas al sistema y egresaron 2.322, dejando un saldo positivo de 143. Uno de los problemas más serios que enfrenta hoy el SPB es la superpoblación carcelaria, que no permite la reinserción social de los detenidos y alimenta el delito dentro de los penales. Según los datos relevados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las prisiones de la provincia tenían capacidad para alrededor de 26.800 plazas (dato oficial a diciembre de 2023). Sin embargo, el SPB custodiaba a cerca de 58.000-59.000 internos en 2024, más del doble de su capacidad. En términos porcentuales, las cárceles bonaerenses operaban a aproximadamente un 220% de ocupación(es decir, un exceso del 120% sobre el cupo disponible).
En definitiva, los números reflejan una situación de colapso: el sistema penitenciario bonaerense alberga el doble de presos de los que debería, y las comisarías están igualmente desbordadas. Los policías cuidando detenidos significan menos policías en las calles. Si no se toman medidas urgentes, la inseguridad seguirá cobrándose vidas inocentes. Es momento de que la política reaccione antes de que la tragedia golpee aún más fuerte.
