El juez Julián Ercolini completó hoy la ronda de 39 indagatorias en la causa seguros y a partir de ahora quedó habilitado a definir la situación procesal del ex presidente Alberto Fernández y del resto de los imputados. En pocos días, el ex presidente podría recibir dos procesamientos en Comodoro Py, algo inédito en la historia reciente de los tribunales federales.
Este mediodía, Ercolini indagó a Carlos Soria, uno de ex directores de Nación Seguros. En realidad, la declaración ya había comenzado y nunca se pudo terminar. Estaba previsto que la segunda parte se haga a fines de diciembre pero no fue posible por los feriados de Fin de Año. Soria está viviendo en Barcelona por lo que la indagatoria se hizo vía zoom. “Contestó preguntas”, apuntó una fuente judicial.
El ex director de Nación Seguros cerró una lista extensa de indagatorias que arrancó el 27 de noviembre con Alberto Fernández. Su declaración era esperada con atención por el resto de las defensas porque inaugura un período de 10 días hábiles para definir la situación procesal de todos los imputados. “Son muchas declaraciones, hay que cruzar lo que dijeron”, advirtió una fuente de la causa. Eso implica que posiblemente el plazo se extienda unos días más.
Pero hay otro dato que podría cambiar el rumbo de la causa. El viernes, la Cámara Federal decidirá por sorteo si Ercolini sigue a cargo del juzgado federal 11. Si no continúa, el expediente pasaría a otro juez y la definición podría demorarse mucho más.
Mientras tanto, hay un planteo de recusación que hizo el ex presidente contra el juez Ercolini. “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”, dijo Fernández este lunes al pedir el apartamiento del juez ante el juez Roberto Boico. Y agregó: “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”.
Su abogada, Mariana Barbitta, también expuso en la audiencia y aportó seis páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Son mensajes de WhatsApp de octubre de 2017 y marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.
En el expediente de los seguros, Fernández había apostado hasta ahora a una defensa técnica: en su indagatoria presentó un extenso escrito y no contestó las preguntas del juez Ercolini ni del fiscal Carlos Rívolo. Esa actitud cayó muy mal en Comodoro Py.
Fernández defendió ese día el decreto 823, la base de la acusación en su contra. Sostuvo que esa norma -que le entregó el monopolio a Nación Seguros- terminó con la “cartelización”, aunque destacó que no la impulsó él.
El ex presidente también intentó desligarse de Héctor Martínez Sosa, el empresario que lo visitaba en la quinta de Olivos. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.
¿De qué lo acusan?
Cuando lo citó a indagatoria, Ercolini acusó a Fernández de controlar un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”, argumentó.
Toda esa maniobra benefició a un grupo reducido de empresas.
Bachellier encabezó el ranking de las comisiones. El año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803. Solo el contrato con Gendarmería le significó un ingreso de $1.363 millones, aunque también tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.
Los chats encontrados en los teléfonos de los imputados revelaron que Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández, gestionó esa póliza. El broker le contaba a su mujer detalles de las reuniones y hasta se sacaba fotos con Andrés Severino, por entonces director nacional de la fuerza.
Cuando le tocó declarar, “Hecky” no negó la amistad con Fernández, pero habló en pasado. La relación entre ambos se quebró cuando comenzó el escándalo y el ex presidente responsabilizó a su secretaria de toda la vida, María Cantero: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. Esa frase enfureció a Martínez Sosa y a su mujer, que decidieron interrumpir el vínculo con el ex presidente.
La estrategia para voltear la causa y las contradicciones entre los imputados
Tras el llamado a indagatorias, las defensas de varios imputados actuaron de manera coordinada para tratar de anular el testimonio de un abogado que intervino al comienzo del expediente. Se trata de Emanuel Nagel, quien le entregó a la Policía unas cajas con documentación durante el allanamiento a la empresa San Ignacio Seguros, protagonista de la póliza de la ANSES. Esas cajas estaban en poder del empresario Alfredo Del Corro. Esa misma noche, Nagel declaró ante la Policía y hasta aportó los chats personales.
Los abogados de Diego y Lucas Rosendi, Damián Gosso, Mariana Trupia, Lorena Trupia, Deborah Toloza, Hernán Bressi, Héctor Villaverde, Camilo Crotto, Marcela Baldini, Carlos Alberto Suárez, y hasta del propio Del Corro lograron que la Cámara Federal anule el testimonio de Nagel, pero la estrategia no alcanzó para voltear toda la investigación. Los camaristas resaltaron que otros elementos de prueba estaban antes de la declaración del abogado. Fue una victoria a medias.
Del Corro es una pieza clave en la causa. Los investigadores lo vinculan con San Ignacio, pero también con San Germano, y varias cooperativas que se utilizaron para comprar propiedades, autos, pasajes de avión, y hasta plateas en el estadio de River Plate. Solo la cooperativa “7 de Mayo” recibió $376.928.239 de ocho aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES por Federico D’Angelo, el ex titular del FGS. Cuando le tocó declarar, ese funcionario ensayó una estrategia insólita: dijo que desconocía una nota que lleva su firma.
