La construcción de un cerco por parte del gobierno de Salta en la ciudad fronteriza de Aguas Blancas, para limitar los cruces ilegales entre la Argentina y Bolivia, desató un conflicto con el gobierno de Luis Arce, que advirtió que no fue informado, expresó su “preocupación” y señaló que “cualquier medida unilateral puede afectar la convivencia pacífica”.
La obra se financia con fondos nacionales, ya que integra el Plan Güemes, lanzado en diciembre por la Casa Rosada y el gobierno salteño para combatir el narcotráfico y el contrabando. “Es un descontrol total”, afirmó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, sobre la situación que se vive en la región: afirmó que unas 15.000 personas cruzan ilegalmente a diario en busca de mejores precios en Bolivia y reclamó mayores controles.
La construcción de un alambrado perimetral por parte del gobierno de Salta en la ciudad fronteriza de Aguas Blancas, para limitar los cruces ilegales entre la Argentina y Bolivia y combatir delitos federales fronterizos, desató un conflicto con el vecino gobierno de Luis Arce, que expresó su “preocupación” y señaló que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica”.
La decisión de la municipalidad de Aguas Blancas se conoció ayer a través del Boletín Oficial de la provincia norteña y consiste en un llamado a licitación para levantar con fondos nacionales un “alambrado perimetral” en el cruce fronterizo sobre el río Bermejo, con 2,5 metros de alto y una extensión de 200 metros, desde la terminal de ómnibus del municipio hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones.
Según explicó Virginia Cornejo, directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Seguridad nacional, al medio El Tribuno, la construcción de la barrera es una medida que forma parte del Plan Güemes, lanzado por Patricia Bullrich en diciembre junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que busca “combatir los delitos federales en la frontera norte de Salta”, pero con especial foco en los departamentos de Orán y Aguas Blancas, “áreas estratégicas conectadas con Bolivia”.
La decisión fue oficializada y defendida por el interventor de Aguas Blancas, quien reemplazó al condenado exintendente Manuel Cornejo, Adrián Zigarán. “Era un descontrol total”, dijo el funcionario designado por Sáenz, y detalló que el alambrado tiene como objetivo “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce a Bolivia sin hacer Migraciones”.
“Era un descontrol”, insistió. “La narcofrontera se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta. Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas”, dijo Zigarán, y evaluó que los controles iniciados tras el lanzamiento del Plan Güemes “vienen teniendo buenos resultados”.
El funcionario afirmó que en Aguas Blancas “todo el mundo llega a la terminal por distintos medios, ahí saltan un pequeño muro, que es para evitar inundaciones, y luego salen a Puerto Chanalas [paso fronterizo hacia Bolivia] para comprar en ese país y luego retornar”.
“No pasan por Migraciones ni de ida ni de vuelta. Entran y salen ilegales”, destacó Zigarán. Según explicó, Aguas Blancas es un pueblo que tiene entre 3000 y 4000 habitantes y que son unas 15.000 personas “las que caminan por los techos de las casas” para hacer estas compras de manera ilegal.
“Se nos solicitó la creación de un alambrado lineal hacia Migraciones desde la Aduana. Eso es todo, no sé por qué hay tanto lío contra este alambrado”, agregó el funcionario, que, además, resaltó que este tipo de tour de compras hacia Bolivia, con importaciones ilegales, afectan la economía de Orán.
Entre los objetivos del Plan Güemes está el fortalecimiento del control en pasos fronterizos. “En puntos como Aguas Blancas se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, se detalla en el sitio web del Ministerio de Seguridad.
En este sentido, Virginia Cornejo dijo que existe un desbalance en el control con respecto a Bolivia y que deben tomarse medidas para que se equiparen. “Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara. Este alambrado es una obra destinada a delimitar la línea de frontera y garantizar el orden en una zona que había quedado abandonada, producto de una política de zona liberada en el pasado”, dijo la funcionaria.
La reacción de Bolivia
Apenas conocida la resolución, el gobierno de Luis Arce señaló que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica”. Lo hizo a través de un comunicado difundido por la cancillería boliviana. “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países”, dice el escrito oficial.
“Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”, continúa el mensaje de la cancillería de Bolivia, que advierte que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
La cancillería boliviana también adelantó que “solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan”, y cerró: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”.
“Qué bueno que ahora se preocupen”, reaccionó Zigarán, irónico, al ser consultado por la respuesta del gobierno de Bolivia. Luego, reclamó que ese país envíe más policías a los pasos fronterizos legales para controlar los ingresos y egresos y evitar aglomeraciones.
Para combatir narcos
El Ministerio de Seguridad, en tanto, justificó la medida fronteriza en un comunicado que difundió ayer, titulado “La cerca en Aguas Blancas, una medida más para proteger a los argentinos del narcotráfico”.
“Antes del Plan Güemes, el cruce fronterizo en Aguas Blancas y Orán era tierra de nadie: narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol. Desde el Ministerio de Seguridad, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, recuperamos el control”, señaló el ministerio de Bullrich. El plan se lanzó en diciembre de 2024, en un acto encabezado por Bullrich en Aguas Blancas, en el que se anunció que la Prefectura Naval patrullaría el río Bermejo.
“En la mesa del Plan Güemes, que reúne a funcionarios nacionales, provinciales, locales y al interventor de Aguas Blancas, se tomó una decisión clave: sumar una medida más al control que establecimos, reforzando la pared existente –vulnerada repetidamente por el narcotráfico para ingresar cocaína– con la construcción de una cerca de 200 metros. Esta medida elimina el bypass que permitía eludir los controles de la Gendarmería Nacional, refuerza controles exitosos existentes y pone fin al caos en este punto crítico de la frontera”, se resaltó en la comunicación del ministerio de Bullrich.
— Ministerio de Seguridad (@MinSeguridad_Ar) January 27, 2025
Según Sáenz, “este control fronterizo efectivo reduce el riesgo de incidentes y contribuye a la coordinación de las fuerzas de seguridad, quienes podrán monitorear los movimientos y responder con prontitud ante posibles situaciones de riesgo”.
“Con esta infraestructura, brindaremos mejores condiciones para una migración ordenada y segura, previniendo el contrabando y el tráfico ilegal, y fortaleciendo la economía local. A su vez, se propicia un marco de colaboración interinstitucional, donde las distintas fuerzas podrán unificar criterios y planificar estrategias de vigilancia conjunta”, agregó el gobernador de Salta en su mensaje en la red social X.
Sáenz se encargó, además, de dejar en claro que está en sintonía con las políticas de Bullrich. “Seguimos trabajando junto a Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad para cuidar a los salteños y a los argentinos. Ni un paso atrás”, escribió el gobernador salteño.
