El martes 21 de enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió nuevas directrices que modifican sustancialmente las normas para las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Estas medidas, impulsadas por la administración del actual presidente Donald Trump, eliminan las protecciones en áreas consideradas previamente como zonas seguras para inmigrantes indocumentados, incluidas escuelas, iglesias y hospitales.
¿Fin de las áreas protegidas en la Administración de Donald Trump?
La decisión, anunciada por el secretario interino del DHS, Benjamine Huffman, en un comunicado de prensa, anula las directrices emitidas durante la administración Biden, que limitaban las operaciones de inmigración en lugares denominados “sensibles”. Hasta ahora, estas restricciones impedían que los agentes realizaran arrestos en espacios como escuelas, lugares de culto, refugios y hospitales sin una aprobación previa o en circunstancias excepcionales.
El comunicado del DHS sostiene que estas nuevas políticas permitirán a las autoridades migratorias actuar con mayor libertad para localizar y detener a extranjeros en situación irregular. “Los criminales ya no podrán refugiarse en escuelas e iglesias para evitar ser arrestados”, afirmó Huffman.
Además, el gobierno de Trump señaló que también se limitará el uso de la libertad condicional humanitaria, lo que devuelve a este programa a su propósito original de evaluar caso por caso a los migrantes en situación de vulnerabilidad.
Impacto en las comunidades migrantes tras las medidas de Trump
La eliminación de estas protecciones ha generado preocupación en organizaciones comunitarias, activistas y expertos en inmigración. Argumentan que esta medida puede tener efectos negativos para las familias inmigrantes, particularmente para niños y personas vulnerables que dependen de estos espacios para acceder a servicios esenciales.
Olivia Golden, directora del Centro para la Ley y la Política Social (Clasp, por sus siglas en inglés), advirtió en un comunicado que estas políticas podrían desincentivar a los migrantes de buscar ayuda médica, enviar a sus hijos a la escuela o acudir a lugares de culto por temor a ser detenidos. Según Golden, esta situación no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino que puede tener un impacto desestabilizador en comunidades enteras.
“Si los agentes de inmigración comienzan a operar cerca de escuelas o iglesias, no solo aumenta el riesgo de arrestos, sino que también genera un clima de miedo que afecta el desarrollo y bienestar de los niños y las familias”, expresó Golden en el comunicado.
Preparativos en escuelas y lugares de culto ante la posible deportación masiva
Diversos estados y organizaciones han comenzado a tomar medidas para enfrentar estas nuevas políticas. De acuerdo con Los Angeles Times, en California, autoridades escolares reforzaron lineamientos estatales que limitan la colaboración con agentes federales de inmigración. Por su parte, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago aprobó una resolución que prohíbe a las escuelas cooperar con el ICE sin una orden judicial válida.
Los líderes religiosos también expresaron su preocupación. Durante años, muchas iglesias sirvieron como refugios para migrantes indocumentados, en donde se les ofrecía protección contra posibles deportaciones.
El reverendo K. Karper, pastor de una iglesia metodista en Nueva York, destacó en diálogo con Los Angeles Times que estas medidas afectan el trabajo humanitario de las comunidades religiosas. “Seguiremos defendiendo nuestro derecho a proteger a quienes buscan refugio, y dejaremos claro que sin una orden judicial, los agentes no son bienvenidos”, afirmó.
La eliminación de las áreas protegidas forma parte de un conjunto de medidas más amplias impulsadas por Trump para cumplir sus promesas de campaña sobre deportaciones masivas. Estas políticas han sido calificadas por sus críticos como una forma de criminalizar a las comunidades inmigrantes y promover el miedo en los espacios públicos.
Activistas han señalado que la implementación de estas políticas podría afectar desproporcionadamente a niños y familias con miembros nacidos en EE.UU., lo que causaría efectos a largo plazo en la cohesión social y el bienestar comunitario.
Desde 2011, las políticas de áreas protegidas establecían que los agentes de inmigración debían obtener aprobaciones especiales para operar en lugares sensibles. Estas directrices, aunque mantenidas parcialmente durante la primera administración Trump, fueron reinstauradas y ampliadas bajo el gobierno de Biden.
Con el cambio de administración, el ICE y la CBP ahora tienen mayor libertad para llevar a cabo operativos en cualquier lugar que consideren necesario, lo que incluye escuelas, iglesias, hospitales y otros espacios públicos.
