En una resolución de diciembre último que pasó inadvertida, la Unidad de Información Fianciera (UIF) –el organismo que debe prevenir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo– achicó el universo de funcionarios/as y sus parientes que deben ser considerados/as Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Es decir, sacó del radar antilavado a quienes hasta ahora debían estar observados/as por su eventual aparición en circuitos de corrupción. En este debilitamiento de los controles, quedaron fuera de las listas de PEPs quienes tienen cargo de subsecretario/a dentro del Poder Ejecutivo y la administración pública, directores/as, todos los rangos de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial y quienes tengan participación en empresas del estado, funcionarios/as que intervengan en licitaciones o compras, también responsables de controlar ingresos públicos, las cámaras o asociaciones empresariales e integrantes de organismos de control, secretarios/as del Poder Judicial y el Ministerio Público, el personal del Poder Legislativo así como el de fuerzas armadas y de seguridad excepto sus máximas autoridades.
La disposición fue publicada el 12 de diciembre en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Ignacio Yacobucci, desplazado de la presidencia de la UIF hace menos de dos semanas. Al mencionar los motivos de su salida nadie en el gobierno habló de la resolución sobre las PEPs, que beneficia a miembros de la gestión actual, de la anterior y del mundo empresario. En cambio, se le atribuyeron supuestos viajes internacionales en primera clase y gastos abultados, querellas selectivas y la intención de llevar a la gestión a Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico, encargados de la UIF en los tiempos del gobierno de Mauricio Macri y enfrentados con la Casa Rosada. El gobierno le ofreció la dirección de la UIF al fiscal Paul Starc, exmarido de Talerico. Ella había cuestionado la intromisión del Ejecutivo en el organismo y el nombramiento como número dos de Santiago Martín González Rodríguez, sin antecedentes en el rubro.
Ahora puede volver a su lugar de secretario en la Cámara Federal de Casación Penal y, según la resolución 192/2024 que firmó, ya no será Persona Expuesta Políticamente por ese cargo judicial. O en todo caso lo será por parentesco, como hijo del camarista de ese mismo tribunal Guillermo Yacobucci. Los parientes de funcionarios que quedaron excluidos como PEPs con la reciente reformulación son los nietos y abuelos. Lo siguen siendo cónyuges o convivientes, padres/madres, hijos/hijas, suegros/as, yernos/nueras, cuñados/as. También las personas “allegadas” por relaciones “asociativas”.
Extrañas razones
La resolución no explica las razones que motivan el recorte de controles. Solo dice que la UIF está “en un proceso de actualización del marco regulatorio” y que el objetivo es “una mayor efectividad del Sistema Nacional de Prevención de LA/FT/PT (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)”. Agrega que lo hace “de conformidad a lo exigido en las recomendaciones del GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional) y en “concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales”.
En 2024 el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, que se salvó así de entrar en la “lista gris”, lo que hubiera implicado una declaración de baja confiabilidad para, por ejemplo, inversiones. La noticia fue ampliamente publicitada por el gobierno de Javier Milei, que tuvo ayuda de funcionarios de la administración anterior. Pero el organismo internacional no le recomendó a la UIF que controle a menos personas. En todo caso hizo algunas sugerencias para agudizar el monitoreo de PEPs por parte de los bancos, entidades financieras, casas de cambio, agentes de valores, aseguradoras, contadores, escribanos, entre otros “sujetos obligados”, que son los que deben reportar operaciones sospechosas. En este punto indicó correcciones.
Más todavía, el GAFI le dice a la Argentina que tiene que prestar atención a la corrupción. Le advierte sobre “una falta de comprensión exhaustiva de los riesgos del lavado de activos provenientes de la informalidad y la corrupción”, problemas a los que suma “el narcotráfico, la evasión fiscal, el contrabando, el fraude y la trata de personas”. Le marca también cierta falta de independencia de la UIF ante determinados casos. “La corrupción ha permitido, en algunos casos, que el crimen organizado se infiltre en diferentes niveles del estado, especialmente a nivel local/provincial, como las fuerzas de seguridad, el personal penitenciario y los políticos que facilitaron la delincuencia, en particular las actividades de tráfico”, afirma el reporte consultado por este diario, lo que hace más difícil entender las razones para reducir la lista de PEPs.
Quiénes se benefician
La condición de Persona Expuesta dura lo mismo que la permanencia en un cargo y hasta dos años desde el cese en él. Esto implica que los bancos y otras entidades que son “sujetos obligados” (para informar movimientos de dinero dudosos) tendrán un control riguroso sobre ellas cuando hagan operaciones (cuando no también), además de pedirles una declaración jurada de PEPs. Con anterioridad, cumplido aquel plazo de dos años, debían volver a evaluar el nivel de riesgo. Ya no.
* Hay un grupo de PEPs que lógicamente la resolución mantiene: Presidente y vice de la Nación, legisladores nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires, gobernadores, intendentes, jefe de gobierno y sus respectivos vices, también el jefe/a de gabinete y ministros/as o secretarios/as del Poder Ejecutivo Nacional, o rangos equivalentes en la administración nacional, provincias y Ciudad. Lo mismo aplica a altos funcionarios extranjeros. La resolución que fue reemplazada (la 35/2023) incluía subsecretarios/as, pero ya no son más PEPs. En el Poder Judicial lo son jueces/zas, fiscales/as, defensores/as, pero dejaron de serlo los secretarios/as, que a veces actúan por los magistrados e intervienen en casos de narcotráfico, lavado y corrupción.
* Fue eliminado de la nómina el “personal legislativo con categoría no inferior a la de director” en Nación, provincias y CABA. Sigue incluido/a quien sea titular de la Sindicatura General de la Nación pero fueron eliminados “miembros de organismos jurisdiccionales administrativos…”. Ya no se considera PEP al “personal” de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria: solo lo son las “máximas autoridades”. En las universidades nacionales y provinciales están expuestos rectores/as y decanos/as pero quedaron eximidos quienes tienen cargo de secretario/a.
* Quedan afuera de las PEPs: funcionarios o empleados de director/a para arriba de bancos y entidades financieras del sistema oficial, de entidades autárquicas, de empresas o sociedades del Estado, obras sociales administradas por el Estado, personas designadas en sociedades con participación estatal. Dejan de ser personas expuestas los funcionarios/as o empleados/as con poder de decisión en habilitaciones, permisos y concesiones así como integrantes de organismos de control de servicios públicos, funcionarios/as con poder de decisión en la adjudicación de licitaciones, compras o recepción de bienes y servicios. Sólo son PEPs en esos casos las máximas autoridades. También se eliminaron de la nómina los funcionarios responsables de “administrar un patrimonio público o privado o controlar o fiscalizar los ingresos públicos” y los que dirigen órganos controlados por el Congreso (como la Auditoría General de la Nación).
* Las autoridades de las organizaciones sindicales, siguen siendo Personas Expuestas, pero se eliminan las de organizaciones empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación). De los partidos políticos son PEPs las autoridades, apoderados o candidatos, pero no los “miembros relevantes”. Quedan fuera de los controles quienes “tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional, provincial, municipal” y quienes “realicen actividades con fines de lucro” que impliquen la “gestión, intermediación o contratación habitual con el Estado” (nacional, provincial, municipal o de CABA).
“Incentivo para el lavado”
“No hay que olvidar que los denominados PEPs son un instrumento regulatorio creado para prevenir la corrupción y el lavado de dinero. Las modificaciones que determinan el alcance de observación y escrutinio sobre PEPs en el sistema anti-lavado son preocupantes porque debilitan la capacidad de los sujetos obligados para detectar a tiempo operaciones sospechosas ligadas con ilícitos económicos vinculados a la función pública. Existen sobrados ejemplos de cómo los funcionarios aprovechan los contactos, los recursos y las oportunidades ligadas al manejo de la función pública para realizar fortunas ilícitas”, advierte Pedro Biscay, directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
“Debilitar la herramienta de monitoreo PEP facilita la no investigación de fortunas ilícitas de funcionarios claves en materia de compras, como también de secretarios judiciales que toman decisiones sensibles en casos de criminalidad organizada. Es evidente que el recorte regulatorio será leído por los consejeros de la mafia como un incentivo a favor del lavado de dinero”, agrega Biscay. El CIPCE alertó el año pasado sobre otros retrocesos como la reforma de la Ley de Lavado de Activos que al elevar el umbral mínimo para investigar lavado de dinero puede llevar al cierre de causas de narcotráfico por aplicación de la ley penal más benigna si los montos implicados no llegan al nuevo piso. Biscay viene advirtiendo sobre el debilitamiento de la UIF en su tarea de “garantizar la transparencia financiera y controlar el flujo ilícito de capitales que contaminan la economía legal” en un contexto de avance del crimen organizado.
