La Justicia federal de Entre Ríos proceso a la dirigente piquetera Carina Rocío Izaguirre en una causa por extorsión, amenazas y usura. La referente de la organización Cuba-MTR de Gualeguaychú se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 9 “Granja El Potrero” desde fines de diciembre, por orden del juez federal Hernán Viri, en una causa que se inició a partir de acusaciones telefónicas efectuadas a la línea 134, habilitada por el gobierno nacional para recibir denuncias contra organizaciones sociales que administran recursos del Estado.
Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que “se pudo constatar –a partir de las denuncias radicadas por vecinos de Gualeguaychú– que las organizaciones Cuba MTR, Movimiento Evita y UTEP exigían un monto de dinero equivalente a un 10% de lo que les correspondía a cada beneficiario por el cobro del plan Potenciar Trabajo, aunque el porcentaje variaba en los diferentes casos. También pudo constatarse la exigencia a los beneficiarios de una entrega de dinero a cambio de otorgarles los bolsones de mercadería que enviaba el gobierno nacional.
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Indicaron, incluso, que “se exigía a los integrantes de dichos movimientos que concurrieran a marchas, cortes de calle y acampes –controlando la participación de los beneficiarios a través de una lista de asistencia–, y la presencia en actividades proselitistas, como la entrega de boletas partidarias y venta de rifas, bajo amenazas de dar de baja el plan social y no recibir la ayuda alimentaria si no se cumplía con estos requisitos”.
En el expediente al que tuvo acceso LA NACION, el juez Viri dispuso abrir una instrucción patrimonial que detectó “gran cantidad de transferencias bancarias por parte de los beneficiarios de planes sociales a referentes de los movimientos locales de Gualeguaychú para pagar el porcentaje exigido”, explicaron en el Juzgado Federal.
Así, revelaron que “muchas de esas transferencias se realizaban también a familiares de referentes sociales, que se encargaban de la administración de los fondos”.
“Para tener una dimensión de la maniobra ilícita, a uno de los hijos de la principal dirigente investigada se le transfirieron $51 millones desde 2020, a través de una billetera virtual. Se estima que los montos totales serían mayores.
Fuentes judiciales indicaron que se advirtieron reiteradas transferencias de parte de las referentes de Gualeguaychú a una dirigente de proyección nacional con asiento en La Matanza por elevadas sumas de dinero.
Según figura en el expediente, se trata de Claudia Marcela Martínez, conocida como “Mecha” y señalada por distintos testimonios como “referente nacional de la organización Social CUBA/MTR”.
Se añadió que Martínez contaba con un usuario habilitado para la carga de altas y bajas de planes Potenciar Trabajo en el sistema de participación aportada por el Ministerio de Capital Humano. Su domicilio fue allanado días atrás, en el marco de las últimas pesquisas ordenadas por Viri.
En diálogo con LA NACIÓN, el juez federal Viri señaló que encontró “elementos suficientes para dictar el procesamiento con prisión preventiva de Izaguirre por los delitos de amenazas coactivas, extorsión y usura, y disponer el embargo de bienes por $2 millones.
La defensa técnica –a cargo del abogado Fabián Otarán- tiene tres días para apelar la decisión judicial.
“Cuando termine la feria judicial –que se extiende a todo el mes de enero- llamaré al resto de los imputados a prestar declaración indagatoria”, anticipó el magistrado.
