Mauricio Macri mandó a Leandro Cuccioli y Jaime Mecikovsky a liquidar a Andrés Vázquez, el titular de la DGI que quedó envuelto en un escándalo por ascender a su esposa, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alto cargo en el organismo recaudador salteándose rangos. La información sobre la devoción del sabueso fiscal libertario por su pareja fue revelada en una nota , que precisa que la designación “generó ruido” dentro de la entidad tributaria por el choque con el código de ética interno y una posible “incompatibilidad manifiesta”.
Hombre de confianza de Santiago Caputo en la AFIP, Vázquez logró el nombramiento de su pareja con una disposición firmada por él mismo, una semana después de ser promovido al puesto que hasta ahora ocupa.
Fuentes gubernamentales deslizaron ante LPO que el escándalo de Vázquez es un capítulo más de la guerra entre Macri y el joven Caputo. De hecho, Cuccioli fue titular de la AFIP durante el mandato de Cambiemos, mientras que Mecikovsky fue subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior, colaborador de Claudio Bonadío y lugarteniente de Elisa Carrió dentro del organismo.
La reconstrucción que pudo hacer frente al nuevo episodio de la pelea entre el ex Presidente y el asesor estrella de Milei sugiere que Cuccioli y Mecikovsky apuntaron contra Vázquez y el gobierno replicó el ataque revelando la trama de una investigación y el posterior sobreseimiento de Mecikovsky en una causa por tráfico de información interna bajo secreto fiscal. El magistrado que instruyó esa causa y terminó absolviendo al jerárquico de AFIP fue Bonadío.
Lo curioso es que el conflicto entre Macri y Caputo terminó sembrando confusión en los medios. Por caso, publicó un artículo que tituló “Descubren en la AFIP una red de protección a empresarios kirchneristas”.
En un texto de un solo párrafo, se afirma que “el Gobierno descubrió dentro de la ex AFIP una red de protección a empresarios kirchneristas, que estaba operativa desde 2016 y que trababa el acceso a información clave de esas personas o de las empresas de las cuales eran propietarios”. “Figuran en la lista de contribuyentes que revisten interés público, sin razón formal, algunos condenados por la Justicia como Lázaro Báez, Cristóbal López y Alejandro Vandenbroele, entre otros”, se agrega antes del clásico “noticia en desarrollo”.
La bajada menciona que operaba un mecanismo para trabar auditorías sobre empresarios “ligados a los K”.
Santiago Caputo salió de inmediato al cruce de esa publicación de Clarín. A través de una cuenta de Twitter que se le atribuye, expresó: “¿Cómo puede ser que en 2016 la AFIP haya confeccionado una lista de empresarios kirchneristas ‘blindados’? En 2016 no gobernaba el kirchnerismo”.
Vázquez, por su parte, había sido director de Inteligencia Fiscal en el organismo durante la década del 90′ y fue un funcionario clave en la gestión de Echegaray. En 2009 mandó 200 inspectores al Grupo Clarín.
En las últimas semanas, su nombre cobró relevancia pública porque trascendió que compró a través de sociedades offshore tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares y nunca los declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Como sea, la batalla sin cuartel entre Macri y Caputo termina complicando la relación del gobierno con los medios, acaso un déjâ vu montado sobre la repetición del papel que cumplió Vázquez durante el gobierno kirchnerista.
Sin embargo, Mercedes Marcó Del Pont, titular de la AFIP durante el gobierno del Frente de Todos presentó material probatorio sobre el despliegue de grupos de tareas para perseguir kirchneristas entre 2016 y 2019. Entre los elementos probatorios enviados al Poder Judicial, se incluyeron mails de Mecikovsky en los que detalla su intención de coordinar con la UIF la manera de involucrar a Florencia Kirchner en una causa por lavado de dinero.
La reacción de Caputo, por lo demás, evidencia su perplejidad frente a la extraña tergiversación del caso: los grupos de tareas no pudieron ser diseñados por el kirchnerismo durante el gobierno de Macri para perseguir a la hija de la ex Presidenta.
