Bajar el impuesto inflacionario requiere de una reforma tributaria inmediata. El Fisco requiere compensar los ingresos que pierde al bajar la inflación(y para colmo ya no tiene el Impuesto PAIS)., Pero, a la vez, los contribuyentes no quieren másimpuestos. Todo lo contrario: consideran que ya están pagando demasiado. La contradicción libertaria consiste en que todavía el gasto público no bajó lo suficiente pero es imprescindible mantener el superávit fiscal.
Algo no está bien. Vayamos a un fragmento de Carlos Burgueño
“(…) Según los datos que publicó el miércoles de la semana pasada la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y considerando el acumulado en los 12 meses del 2024, la recaudación tributaria total ascendió a los $ 131.357.000 millones, lo que ajustando contra el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC), implicó una caída real del 5,5%.
- blanqueo de capitales,
- moratoria impositiva y
- plan de adelanto de pagos del tributo a los bienes personales;
todas fuentes de ingresos que no existirán en 2025. Al menos no en su totalidad.
Ajustado por estos ingresos, la caída interanual por blanqueo, moratoria y Bienes Personales, la baja interanual real sería del 7,5%.
Por otro lado, si al resultado se le descuentan los ingresos por el comercio exterior, fundamentalmente las retenciones a las exportaciones primarias, la caída asciende al 8,8%.
Resulta lógico en un año donde la inflación trepará a aproximadamente un 120% y donde la primera mitad del año fue de depresión económica.
Sin embargo, no es una tendencia que pueda replicarse durante un ejercicio más. Este 2025, sí o sí, el Gobierno deberá mostrar un resultado impositivo positivo contra el IPC.
En términos de variación interanual real, en el acumulado de los primeros 12 meses, los tributos que mejor performance mostraron fueron Bienes Personales (32%), Internos Coparticipados (16,4%) y Ganancias (10,4%), todas fuentes con alteraciones positiva extraordinarias que no se repetirán este año.
Por su parte, los con mayor aumento habrían sido impuesto PAIS (56%), Combustibles (33,8%) y derechos de exportación (31,7%). Tres fuentes con alta presión de reducción para este año.
El resultado anual, según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la presión tributaria efectiva nacional de 2024, entendida como la recaudación nacional en términos del PBI, llegó a 2024 con un nivel del 23% del PBI, lo cual implicaría un incremento de 0,5 puntos porcentuales del PIB respecto a la del año 2023.
Si se tiene en cuenta que el resultado general estuvo por debajo de la inflación, un alza en la presión tributaria quiere decir que hubo más impuestos o que los que se cobraron tuvieron un incremento en su alícuota. (…)
En el cálculo de mayor presión impositiva, está implícito además el impacto de recursos extraordinarios, producto de la ley Bases. Estos ingresos comprenden lo recaudado por blanqueo, moratoria y el anticipo de Bienes Personales (es preciso aclarar que lo recaudado en concepto de anticipo de cinco años es un ingreso que ya no estará más adelante).
Si se restaran estos ingresos, la presión tributaria efectiva del año 2024 equivaldría al 22,5% del PBI, es decir, mantendría el mismo nivel respecto al año 2023. Pero con mayor nivel de Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia. (…)”.
2025
Muy interesante el panorama que presente Jorge Liotti en el diario La Nación: Javier Milei subestima el conflicto social y la quiebra de los perdedores del modelo. Vienen tiempos de enorme tensión:
“(…) En Olivos reina un optimismo sin rubores al evaluar las perspectivas para el año que se inicia. Se ilusionan con que la inflación de los tres primeros meses ronde el 1,5% porque ese descenso, sumado a un acuerdo con el FMI que aseguran “muy encaminado”, abriría la senda para una salida del cepo hacia marzo.
Al mismo tiempo esperan el dato de la inflación de diciembre, que se conocerá dentro de 10 días, para definir cómo sigue el crawling peg. Si el INdEC determina que la suba de precios fue del 2,5%, reducirán la tasa de devaluación del dólar oficial a 1%.
Detrás de esta decisión anida la convicción férrea de que, a pesar de los señalamientos de muchos economistas, incluso del exministro Domingo Cavallo, el tipo de cambio “no está atrasado”. Así como el año pasado la inquietud central pasaba por la fecha de salida del cepo, hoy el régimen cambiario es el eje de las mayores controversias.
Desde esa perspectiva, hay un convencimiento de que el compromiso con el equilibrio fiscal y la no emisión monetaria preservan a la economía argentina de vaivenes profundos como coletazos de la devaluación del real en Brasil o de la revalorización del dólar a nivel global, y que en todo caso sólo puede haber oscilaciones pasajeras con la brecha cambiaria.
Pero hay dos cuestiones absolutamente troncales del modelo que en el entorno del Presidente asumen como parte del proceso, con una naturalidad que puede ser desafiada por la dinámica económica y social.
La primera de ellas tiene que ver con el impacto sobre los sectores productivos de la combinación del tipo de cambio actual y la apertura a las importaciones. Hay clusters industriales que están manifestando sus dificultades para competir en este contexto, si no hay señales impositivas o una baja de los costos locales.
En el Gobierno, con modos amables, sólo responden con una consigna: el camino es la reconversión. Es decir, el que se pueda adaptar, sobrevivirá; el que no, desaparecerá. Esta lógica, que sería impensable para otra Administración, es asumida sin timidez por los libertarios. Incluso hablan de que es probable que la Argentina modifique su matriz productiva para que sea menos industrial y más basada en materias primas y servicios. Estas transformaciones, nunca son inocuas.
La otra derivación asumida es que un mayor crecimiento económico genera un incremento de la desigualdad social.
La mirada del Gobierno está puesta esencialmente en medir la mejora del PBI per cápita calculado en dólares.
Por eso el discurso oficial habla de que el salario de un trabajador pasó de US$ 300 a US$ 1.100 en 2024.
“El crecimiento económico genera desigualdad, qué importa cómo se distribuye”, señalan, apelando a que en una economía totalmente libre los actores se reacomodan. Se trata de un planteo rupturista para la idiosincrasia argentina histórica, basada en un fuerte rol estatal y con una impronta de reparación social muy arraigada. (…)”.
