El gobierno de Javier Milei permitirá nuevamente la exportación de chatarra y residuos metálicos, al no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, que prohibían la venta de desechos industriales al exterior. El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó la restricción como una medida “nociva” para el mercado y el sector del reciclaje. Sectores industriales pusieron en duda las ventajas de la iniciativa.
El funcionario admirador de la motosierra opinó que la normativa antes vigente deprimía el precio local de los desechos, al tiempo que impedía “un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía”. Además, aseguró que recibieron “incontables mensajes” para desactivarla y que los cables de cobre desechados por las telefónicas tienen un mercado activo en el exterior.
Sin embargo, distintas voces vinculadas al sector industrial pusieron en duda los beneficios de la decisión libertaria. “Nuestro país no dispone de minerales tales como mineral de hierro, níquel, manganeso, cromo, magnesio, bauxita, cobre, entre otros, para fabricar bienes industriales metálicos, por lo que en su ausencia deben ser importados para garantizar la actividad industrial y en gran parte, su única sustitución o compensación técnica proviene del desecho metálico“, afirmaron a PáginaI12 desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).
La chatarra no abunda, repiten desde la organización industrial. “Permitir la exportación afectaría el suministro interno de chatarra metálica, una materia prima crucial para las industrias nacionales de fundición, especialmente las pymes. Esto podría aumentar el costo de estos materiales y obligar a recurrir a importaciones más caras de minerales vírgenes, incrementando la demanda de divisas y las emisiones de carbono asociadas al transporte y procesamiento”, detallaron en disonancia con las voces oficiales que sostienen fomentar el reciclado y los negocios.
Y agregaron: “Es importante destacar que no abunda la chatarra en la Argentina, gran parte del material disponible está oxidado y requiere un proceso para recuperarlo muy costoso para las pymes”.
Al encarecimiento de los costos se agrega otro factor decisivo: la concentración del mercado. “Los productores de insumos industriales de uso difundido siderúrgico están extremamente concentrados. En acero solo hay dos: Acindar y Techint y, en aluminio, Aluar. La fundición de chatarra para la obtención de metales para la industria es una opción mucho más económica para los productores nacionales”, aseguró a este diario el economista Mariano Kestelboim, quien asesora a empresas y cámaras industriales.
Durante el anuncio, Sturzenegger consideró que se derogó una norma que otorgaba ventajas a los procesadores de chatarra “pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos“.
En ese sentido, incentivar el reciclado a través de la exportación es una opción “primarizadora a nivel industrial”, sostuvo Kestelboim. “Es mejor que los productores locales tengan esa materia prima a menor costo para agregar valor industrial y vender el producto manufacturado en el mercado local o exportarlo”, remarcó.
Asimismo, aclaró que cuando los metales se funden las aleaciones que se necesitan para la producción se pueden separar perfectamente. “Por lo tanto, el uso de la chatarra de fundición no es una opción de menor calidad productiva”, destacó el economista, también docente de la Undav.
La chatarra utilizada en las industrias de fundición tiene características específicas, con requisitos en términos de composición química, dimensiones y limpieza. Según Adimra, si los desechos quedasen en el país se podría:
* Garantizar el abastecimiento para la industria nacional.
* Reducir la dependencia de importaciones de minerales vírgenes, mitigando impactos económicos y ambientales.
* Fomentar el desarrollo interno de tecnologías y procesos de recuperación de chatarra.
La restricción inicial data de julio de 2009 y se renovó sucesivamente con normas de las administraciones de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Según se detalla, el proyecto tenía como objetivo dar fortaleza a la siderúrgica local, que requiere de los residuos metálicos como insumo para la producción de acero. Por entonces, ante la falta de un abastecimiento fluido de estos materiales en el mercado interno se estableció la iniciativa que permitía a las empresas locales no perder competitividad.
