Apenas antes de que termine el año, el presidente Javier Milei aprobó un recorte de partidas para jubilados y pensionados como parte de una modificación presupuestaria al actual esquema de gastos e ingresos heredados del Presupuesto 2023. El Gobierno esgrimió que se trataba de aumentos calculados con índices de inflación menores a los vigentes. El recorte en jubilaciones viene siendo el principal factor que explica el ajuste fiscal que el gobierno celebra.Javier Milei aseguró que “el ajuste no lo pagaron los jubilados, sino el choreo de la política”
Más ajuste
El ajuste en las partidas presupuestarias destinadas al pago de jubilaciones y pensiones fue realizado, según reza la normativa, “en virtud de que los esfuerzos asignados oportunamente por el DNU 594 del 5 de julio de 2024 consideraron supuestos de inflación superiores a los efectivos”.
Dicho decreto determinó que se ajustaran al alza los haberes de los jubilados y pensionados que tuvieran sentencias firmes por reajustes contra Anses en un plazo más corto (120 días) y sin esperar el pago de retroactivos. Esto permitió al organismo ahorrarse mucho dinero al tiempo que presentaban la medida como un avance que permitiría actualizar prontamente los haberes. En el mismo decreto, Milei duplicó el presupuesto destinado al servicio de defensa y de seguridad.
Si se contabiliza el gasto bruto en jubilaciones, el retoque presupuestario que obedece a la corrección del cálculo inflacionario para el período asciende a 492.814 millones de pesos, según mostró la OPC. En tanto, en el caso de las pensiones, el recorte fue de 120.000 millones de pesos para las otorgadas por discapacidad y de 42.000 millones para las abonadas por Anses.
“En los once meses de 2024, de cada 100 pesos ajustados, 24 pesos corresponden a la obra pública. El segundo lugar en relevancia lo ocupan las jubilaciones con 22,1 pesos. Le siguen las prestaciones sociales que aportaron 13,9 pesos (entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros), luego los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 12,8 y los subsidios con 12,2 pesos”, apuntó un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Por el contrario, el DNU 1104 incrementó las partidas vinculadas con el “gasto en personal” en 447.935 millones de pesos y las “transferencias a universidades” por 293.410 millones de pesos, las cuales se centraron en el pago de salarios. Algo que es comprensible atendiendo al pago del aguinaldo en este último mes.
El peso del ajuste recaerá sobre la casta, solía decir el presidente en sus discursos antes y después de asumir el cargo. Sin embargo el mayor recorte se efectuó sobre los jubilados, uno de los grupos sociales más débiles en cuanto a herramientas de negociación para sus ingresos.
Los jubilados además sienten de lleno el aumento en los alimentos, que fue notable en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, así como el creciente costo de los medicamentos, muchos de ellos ahora excluidos de la cartilla de prestaciones con descuentos del PAMI. Los pensionados en el caso de personas con discapacidad –otro segmento vulnerable de la sociedad- vienen también soportando una parte de la carga del ajuste de Milei.
Para achicar lo suficiente el gasto el Gobierno, en primer lugar, recortó la obra pública, que pasó de representar 1,4 por ciento del PBI en 2023 “año en el que se concentraron gran parte de las inversiones para la construcción del gasoducto de Vaca Muerta”, a 0,4 en 2024, sostiene el informe del CEPA. Otro fuerte ajuste provino de las transferencias a las provincias, que pasaron de 0,6 a 0,2 por ciento del PBI en igual comparación. “Por otro lado, en los subsidios y las partidas sociales se consolidó este año una tendencia de reducción que viene observándose desde 2021”, afirmó el CEPA.
