En las primeras horas del martes 10 de diciembre, el gobierno de Javier Milei oficializó un drástico cambio en la política territorial del país. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, se derogó el decreto 805/2021 y se puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas, establecida originalmente en la Ley 26.160. La medida, que lleva la firma del Presidente y todo su gabinete, fue publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el miércoles 11 de diciembre.
La decisión marca un punto de inflexión en una normativa que había sido prorrogada en múltiples ocasiones desde su sanción en 2006. Según el Gobierno, la prolongación de la emergencia generó inseguridad jurídica y conflictos territoriales que afectaron derechos constitucionales, como el de propiedad privada y el control provincial sobre los recursos naturales. “Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”, señala el decreto.
En los considerandos de la norma se argumenta que las sucesivas extensiones de la ley facilitaron “abusos”, incluyendo la “inscripción irregular de comunidades indígenas”. Según las cifras que se mencionan en el texto, en la actualidad hay 1626 comunidades reconocidas, muchas de las cuales, según el Gobierno, “no cumplen con los requisitos mínimos” para ser consideradas como tales.
En ese sentido, el DNU también apunta a resolver un problema de carácter económico. Se sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones y proyectos de infraestructura, además de limitar el uso productivo de las tierras. “Es imprescindible recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, subrayaron fuentes cercanas al Ejecutivo.
El decreto no solo pone fin a la emergencia territorial, sino que también revoca la suspensión de desalojos prevista en la Ley 26.160. Esto implica que los propietarios afectados por ocupaciones podrán “retomar acciones legales” para recuperar sus tierras. En el mismo sentido, se busca garantizar el pleno ejercicio de dominio, uso y disposición de los bienes inmuebles involucrados.
La decisión está en línea con la postura del Gobierno de priorizar la propiedad privada como pilar del desarrollo económico. Según explicaron, la norma contribuiría “a fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones”.
Si bien el Gobierno confía en que esta medida ayudará a resolver conflictos territoriales, el impacto de la decisión dependerá de su implementación y del manejo de las situaciones judicializadas. Con al menos 254 disputas territoriales identificadas en todo el país, el desafío podría radicar en conseguir un equilibrio entre los derechos de los propietarios y el respeto a las comunidades indígenas que cumplan con los requisitos legales.
