CÓRDOBA.- Siete gobernadores ya anunciaron bonos de fin de año para los estatales. El objetivo es cerrar diciembre sin “sobresaltos”. Todos subrayan el estrés que atraviesan las finanzas de sus provincias por el ajuste de Nación y se enfrentan a un 2025 en el que, sin presupuesto, volverán a depender de la discrecionalidad en el reparto de los recursos por fuera de la coparticipación.
“Nunca tuvieron voluntad de negociar, solo ganaron tiempo”, admiten ahora los mismos mandatarios que hasta hace tres semanas confiaban en sacar una ley de presupuesto y que la Casa Rosada los escuchara.
En los primeros 11 meses del año, los giros por coparticipación cayeron 10,7% real promedio interanual, mientras que las transferencias pagadas por fuera de ese concepto se redujeron 76,8% en términos reales. En ese contexto, la casi totalidad de los gobernadores también usó su propia “motosierra” y por eso reclaman que el año próximo Nación cumpla con leyes y pactos que implican recursos.
Como ya es habitual, el santiagueño Gerardo Zamora marca el récord en el bono a estatales, $1,3 millones en tres cuotas (el 3 de enero depositará la última, de $300.000). El gobernador ya adelantó que en los primeros días de febrero habrá mesa paritaria. No hay que perder de vista que el próximo año la provincia elegirá a su sucesor.
El radical jujeño Carlos Sadir la semana que viene pagará la segunda cuota del bono de fin de año no remunerativo y no bonificable; fue de $200.000 para los estatales y de $140.000 para los capacitadores laborales e instructores no formales.
Claudio Poggi, quien llegó a la gobernación de San Luis con el apoyo del PRO y la UCR y una decena de partidos chicos, concedió $350.000 a los empleados públicos y $150.000 a los beneficiarios de Inclusión Social. Al momento de hacer el anuncio, repasó que los $17 millones que destinará se lograron por un “arduo trabajo” para “equilibrar las cuentas, luego de recibir un Estado fundido, desordenado, con déficit fiscal, con gastos innecesarios y la corrupción que convertía al Estado en un colador donde se fugaban los impuestos de todos los sanluiseños”.
“Este anuncio tiene que ver con la fortaleza de un gobierno provincial que está bien administrado, que no tenemos absolutamente ninguna deuda”, aseguró el radical correntino Gustavo Valdés. Pagará $500.000 en tres veces ($100.000 este mes junto al aguinaldo y dos cuotas de $200.000 en enero y febrero).
El salteño Gustavo Sáenz, un peronista cercano a Nación, entregará $100.000 en enero; hace tres meses cerró el acuerdo con los estatales. El peronista Sergio Ziliotto (La Pampa) otorgó $300.000 y ratificó la vigencia de la cláusula gatillo en la paritaria hasta enero, cuando se retomarán las negociaciones colectivas.
En Formosa, Gildo Insfrán dio un bono “excepcional” de $700.000 a cancelarse en dos cuotas, en enero y febrero. No incluye a quienes este mes perciban ingresos brutos por más de $2 millones ni las autoridades superiores y agentes pasivos que hubieran desempeñado cargos de jerarquía. En la presentación, el Gobierno planteó que era un “esfuerzo” para mitigar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ante el ajuste de Javier Milei.
El ajuste salarial fue un factor clave para que, ya en época de Cambiemos en la Rosada, la mayoría de las provincias equilibraran sus cuentas. Con la reducción de la inflación este año algunas están otorgando subas algo por encima del IPC mensual, pero claramente los estatales registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo con la devaluación y la inflación acumulada.
Las transferencias a provincias y municipios proyectadas para 2025 suman $3,6 billones ($3,3 billones son giros corrientes), equivalentes al 3,1% del gasto total. La suba sería del 69,9% respecto al cierre estimado para este año, impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y, en menor medida, por las de capital (21,1%). Un factor clave es la asignación de más recursos para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el pago del 2,95% de coparticipación, en cumplimiento del acuerdo al que a fines del mes pasado llegaron Caputo y el alcalde Jorge Macri a instancias de la Corte Suprema de Justicia.
