El peronismo busca crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para investigar posibles irregularidades y si hubo coimas o sobornos a diputados y senadores para que votaran a favor de la Ley Bases. Entre sus fundamentos, incluyeron la reciente detención de Edgardo Kueider y la vinculación del senador “con actuales funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. El entrerriano fue uno de los que votó a favor de la ley oficialista.
La iniciativa, en forma de proyecto de resolución, fue presentada por el excanciller y actual diputado nacional Santiago Cafiero. Contiene 17 firmas, entre las que se encuentran la del presidente del bloque de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, y otros exponentes de la bancada, como Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillard y Paula Penacca.
La Comisión Investigadora sobre Coimas, Cohechos, Sobornos y Pagos Irregulares busca investigar la posible existencia de coimas, sobornos o cualquier otro tipo de pago o promesa de beneficios irregulares alrededor de la votación, y la evaluación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos y otras transacciones para identificar prácticas irregulares.
“El senador Kueider tuvo un rol clave en la aprobación de la Ley Bases. El escándalo conocido en Paraguay exige abrir una investigación a fondo sobre su proceso legislativo. La ley 27.742 tuvo un trámite bochornoso. Ahora hay que investigar si para su aprobación se cometieron ilícitos”, escribió Martínez en X.
Kueider fue arrestado en Paraguay, en el Puente de la Amistad, intentando ingresar al país con más de US$200.000. Por el momento, cumple prisión domiciliaria en un departamento en Asunción junto a su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, que se encontraba con él al momento del arresto. Esta tarde, los senadores de UP solicitaron a Victoria Villarruel una sesión especial para remover al entrerriano de su banca por inhabilidad moral.
Es urgente que el Congreso de la Nación intervenga a través de una Comisión Investigadora para esclarecer si existieron sobornos al torcerse la votación a favor del oficialismo en la Ley Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. pic.twitter.com/N1eUsNMQV4
— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) December 6, 2024
Entre los fundamentos del proyecto, incluyeron la detención del senador: “Este grave acontecimiento político e institucional se desarrolla en un contexto de estrecha vinculación del citado legislador con actuales funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que se manifestaron, en el ejercicio de sus actividades legislativas, en su voto favorable a la sanción de la Ley N°27.742 de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’”.
Argumentaron que la detención de Kueider “no viene más que a sumar cuestionamientos a los ya existentes respecto del trámite que precedió a esta ley particularmente en el ámbito del Senado, vinculados a los recursos espurios a los que el Poder Ejecutivo habría echado mano para alcanzar las mayorías necesarias”.
Aquí mencionaron el caso de la senadora Lucila Crexell, cuando se filtró un documento del Gobierno para elaborar su pliego para que fuera embajadora de la Unesco “en el preciso momento en que el voto de la senadora era clave para alcanzar los votos necesarios” para la ley. Estas, entre otras “irregularidades”, son los diputados de UP creen que influenciaron el posterior “dictamen alternativo e incongruente” firmado por 58 legisladores en enero.
De aprobarse, la comisión estaría integrada por nueve miembros electos por los bloques legislativos. Sus miembros podrán pedir informes, documentos, antecedentes y otros elementos a cualquier organismo público; citar a funcionarios públicos y terceros interesados y tomarles declaraciones testimoniales; recibir denuncias y pruebas y efectuarlas sobre organismos competentes; entre otras funciones. Además, podrá solicitar la colaboración de organismos como la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso Nacional.
La tarea de la comisión concluiría con un informe final, de carácter público, que debería ser producido en un plazo no mayor a seis meses desde su conformación. Se podrá prorrogar su funcionamiento si es necesario, pero como máximo podrá hacerlo por un año.
