A poco de cumplirse el año de la puesta en marcha del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que, entre otras tantas reformas, derogó la Ley de Alquileres, hay inquilinos de la provincia de Buenos Aires viven un verdadero calvario. Muchos de ellos debieron mudarse a espacios con menos comodidades, volver a la casa familiar o compartir la vivienda con otras personas para hacer frente a los gastos.
El golpe no fue solo por la derogación de la normativa que se sancionó algunos años antes, sino también con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el impacto, en algunos casos, del desempleo.
La última encuesta de las organizaciones Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos da cuenta de que, para septiembre, 1 de cada 4 inquilinos tuvo que mudarse en el trimestre anterior por no poder afrontar el precio del alquiler.
A esto se sumó que el 44,5 por ciento de los ingresos de los hogares inquilinos se destina a pagar el alquiler y, en el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 49,8 por ciento.
Como si fuera poco, el 64,6 por ciento de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente, por lo que más del 80 por ciento respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios/ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad.
Antes de este estallido, en la provincia de Buenos Aires había empezado a tratarse en la Legislatura una propuesta del senador mandato cumplido Francisco “Paco” Durañona, que entre otros puntos, planteaba que sean los propietarios y no los inquilinos quienes paguen las comisiones inmobiliarias en los nuevos contratos.
Además, planteaba que los costos de las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía y todo costo de gestoría que se realice por locaciones de inmuebles deberá ser afrontado por los locadores y no podrán ser cobrados al locatario.
La propuesta no llegó a tener siquiera sanción en la Cámara alta. En 2023 se trató en la comisión de Legislación General con despacho en mayoría en contra y luego en Asuntos Constitucionales y Acuerdos con despacho en mayoría a favor, pero no prosperó en el recinto.
Auto-desalojo, hacinamiento y crisis: así fue el año de los inquilinos
Quienes debieron actualizar contratos o buscar una nueva vivienda en el último año debieron atravesar situaciones de crisis para poder acceder a un techo. Requisitos restrictivos, precios exorbitantes y actualizaciones trimestrales generaron un combo explosivo para familias y trabajadores.
“La situación de las personas y familias que alquilan empeoró de un año a otro por el ajuste de alquileres y la pérdida del poder adquisitivo, por lo tanto el porcentaje que destina a pagar el alquiler complicó su situación económica”, sentenció a Buenos Aires/12 Federico Cabrera, integrante de la Asociación Platense de Inquilinos.
El drama creció para aquellos que, ante la renovación de los contratos, se encontraron en una situación de desesperación, especialmente aquellos con niños pequeños.
“El auto-desalojo creció muchísimo, es como una epidemia silenciosa porque la gente a veces siente pudor por reclamar o pedir asistencia y lo más simple que encuentra es irse a vivir a una situación peor, quizás en un barrio de emergencia, con sus padres o hacinarse”, describió Cabrera.
A eso agregó que “a mucha gente que fue terminando sus contratos bajo la vieja ley se encontró con que las propiedades aumentaron muchísimo de precio y los requisitos empezaron a ser más restrictivos para las familias”. Entre ellos, por ejemplo, destacaron los pedidos de tres recibos de sueldo que superen el millón de pesos; garantías propietarias en la región o la no tenencia de mascotas.
“Hay un clima de época de querer obtener mayores beneficios y ganancias por parte de los propietarios y los formadores de precio son los grandes desarrolladores, ellos son los que marcan el ritmo y los pequeños propietarios se acoplan a eso”, evaluó.
